Elena Toimil Batán y Ramón González Villar son la pareja de jubilados españoles vinculados al caso de Southern Winds como posibles receptores de los 60 kilos de cocaína en Madrid. Actualmente están detenidos en España acusados de tráfico de droga: el 22 de diciembre pasado los atraparon en el aeropuerto de Cádiz –según la policía– con 16 kilos de cocaína en una valija. Sus abogados, uno en Argentina y otro en España, parecen jugar al teléfono descompuesto. Mientras al otro lado del Atlántico José Antonio Serra Nohales dice que sus defendidos vinieron al país para tratarse un cáncer él y para ir al odontólogo ella, el porteño Juan Carlos Rivero afirma que a sus clientes los trajeron “cuestiones comerciales”. Cuáles son, nadie lo precisa. Poco aseguran saber los abogados sobre la vida de Elena y Ramón. Pero cuando hablan, suelen incurrir en contradicciones que “no son relevantes a los fines de la causa”, como considera Rivero ante Página/12.
De la pareja se sabe que tiene alrededor de 60 años y que es natural de España. A la Argentina vinieron “dos o tres veces”, calcula Rivero, que se contactó con sus clientes “a través de un amigo que tienen” en este país. Cada vez que venían, lo hacían en un vuelo de SW, cuyo servicio “utilizaban porque se sentían muy cómodos, como a uno le agrada un transporte en especial. El hecho de que sean viajeros frecuentes no quiere decir que sean narcotraficantes”, puntualiza. Este abogado señala que a la pareja española la detuvieron en Cádiz el 22 de diciembre “porque el juez Carlos Liporace dispuso su captura nacional e internacional a mediados de ese mes”, en el marco de la causa por las valijas voladoras. Niega que hayan sido detenidos con 16 kilos de droga, porque “mi colega español”, a quien llama José María, “me dijo que a nuestros defendidos no les han secuestrado ningún tipo de estupefaciente”, cuenta Rivero.
La pareja “niega tener relación con droga de alguna índole”, sostiene el letrado argentino. “Lo que yo tengo como información es que utilizaron sus nombres, quizá por ser ciudadanos españoles, a fin de encubrir la verdadera maniobra. Es la primera impresión que tengo, porque aún no he tenido acceso a la causa.” Al principio, cuando el escándalo todavía no era tal, el gerente general de SW,
Christian Maggio, se presentó a declarar como particular en forma espontánea. Y dijo que Walter Beltrame había dado la orden de despachar las cuatro afamadas valijas, que fueron cargadas como prioridad en el compartimiento preferencial de la tripulación. Según empleados de SW, Beltrame llamó ese día varias veces desde España para asegurarse de que las valijas hubieran subido sin problemas. Maggio contó que las valijas estaban destinadas a Elena y Ramón.
Según el abogado español Serra Nohales, los detenidos conocían a Beltrame padre e hijo, quienes les habían “informado de las dificultades financieras” por las que pasaba SW, con lo que los interesaban “en la posibilidad de conseguir algún financista en España”. Sobre los 16 kilos por los que ahora están detenidos, Serra Nohales dice que sus clientes “no tienen nada que ver”. Piensa que con la vinculación en el tráfico de drogas en Ezeiza “evidentemente los han hecho caer en una trampa”.
Rivero comparte la opinión de su colega. Indica a Página/12 que “sus conocidos en SW les informaron de la causa en la que aparecían sus nombres”. Entonces, “a fines de noviembre, principios de diciembre, regresan para presentarse ante el juez y aclarar el problema”. Por eso, “pedí que se les concediera la eximición de prisión, pero el juez me contestó que bajo el tamaño penal de la causa era inviable concederles el beneficio. En caso de haberse presentado, habrían sido detenidos. Por eso se volvieron a España”. Cuando supo de su captura, Liporace pidió la extradición a la justicia española. En los próximos 40 días podrían volver al país por tercera o cuarta vez, en esta ocasión “bajo arresto preventivo para indagarlos, como manda el tratado”, dice Rivero, quien advierte que “lo único que los vincularía a la causa es una manifestación (la deMaggio)”. Este motivo le parece endeble al abogado, porque “nosotros nos basamos sobre pruebas y no sobre versiones”.

Informe: Sebastián Ochoa.