El fulminante pase a retiro de toda la cúpula de la Fuerza Aérea muestra un grado de decisión política equivalente al que hace casi dos años produjo el descabezamiento de la cúpula del Ejército que conducían los generales Daniel Reimundes y Ricardo Brinzoni. En aquel caso, la sanción recayó en un grupo de generales que llevaban a cabo una maniobra política encaminada a reivindicar los crímenes de la dictadura militar. Es decir, hechos del pasado. Ahora, en cambio, castiga la ineficiencia para prevenir y reprimir graves delitos en un territorio que estaba bajo el control de la Fuerza Aérea y el ocultamiento de información al ministro de Defensa, José Pampuro, quien voló a ciegas hasta que el propio presidente Néstor Kirchner le informó acerca de lo que estaba sucediendo. O sea, actos del presente, que pusieron en duda la subordinación castrense a las autoridades constitucionales.
La decisión presidencial no se limita a afirmar un gesto de autoridad. Junto con la renovación de la cúpula de la única fuerza armada que hasta ahora no ha abjurado en forma inequívoca de los actos de la dictadura, ha decidido encarar la reforma de las instituciones involucradas. La designación interina de un civil al frente de una organización militar mide cuánto ha cambiado el país en los últimos dos años. El próximo paso será corregir la infracción a las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior que implicaba que una de las Fuerzas Armadas realizara tareas que el propio decreto dictatorial de creación de la Policía Aeronáutica definía como de “policía de seguridad y judicial”. Las alternativas en análisis son diversas. Recién llegado de Israel, el ministro del Interior Aníbal Fernández (“dos semanas de vacaciones”, le dijo el obsesivo hiperquinético Kirchner al recibirlo el viernes con una sonrisa) se inclina por la creación de una nueva fuerza de seguridad aeroportuaria. Fernández, junto con la SIDE llevaba varios meses presentando observaciones críticas respecto del desempeño de la PAN. El ministro de Defensa José Pampuro también está de acuerdo con amputar esa floración monstruosa, para que la Fuerza Aérea pueda concentrarse en su olvidada función específica. Un paso siguiente, pero no muy lejano, será la creación de una Agencia Federal de Aviación Civil, para que tampoco el control de tráfico de aeronaves comerciales y sus aeropuertos sea responsabilidad de la Fuerza Aérea, que no debe encargarse del transporte sino de la Defensa Nacional. La nómina publicada aquí de países en los que esa tarea está en manos de militares estaba incompleta. No son dos, sino tres, además de la Argentina: China, Nigeria y Uruguay.
Pampuro cometió demasiados errores, que obligaron a Kirchner a proceder en forma drástica. Aunque fuera a los saltos, tuvo los reflejos necesarios para rectificar el rumbo elegido por Pampuro. La reacción corporativa a la que el ministro se plegó hasta que recibió la reprimenda presidencial, evoca la primera respuesta de su mentor político, Eduardo Duhalde, ante los primeros episodios reveladores de la descomposición de la principal fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Duhalde dijo entonces que era “la mejor policía del mundo”. A Pampuro sólo le faltó afirmar que la que no pudo controlar los embarques de cocaína desde el principal aeropuerto del país era la mejor Fuerza Aérea del mundo. No estuvo solo. Lo mismo hicieron un gran número de jueces del fuero penal económico, quienes firmaron una insólita nota de respaldo al desempeño de la Policía Aeronáutica. Desde hace muchos años, el fuero penal económico mantiene una guerra total por el control de la PAN y del Aeropuerto de Ezeiza con los jueces federales de Lomas de Zamora, Alberto Pato Santamarina y Carlos Ferreiro Pella, lo cual indica la magnitud del problema que acaba de ingresar en la agenda pública de la peor manera, que es la manera argentina. La remoción de un juez no es tan simple como la de una cúpulamilitar, como demuestra la historia del propio juez Liporace que se narra en esta página.
Aun así, Kirchner ratificó su confianza en el ministro. Cuando Pampuro se enteró, pasada la medianoche del jueves, de la designación del brigadier Eduardo Schiaffino y de la cantidad de retiros que implicaba, argumentó en contra. Pero en cuanto le advirtieron que no había sido invitado a una deliberación, sino puesto en conocimiento de una decisión, la instrumentó con una diligencia apreciable. Lo mismo hizo con el centenar y medio de detenciones de militares por crímenes de lesa humanidad, pese a que nunca ocultó su opinión favorable a un borrón y cuenta nueva. El gobierno también debería revisar con atención las actividades del Secretario de Transporte Ricardo Jaime, que junto con el de Comunicaciones Guillermo Moreno, son fuente de negocios dudosos y relaciones promiscuas con empresas. Ambos han caído ya bajo la lupa de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
No se equivoca la Señora Carrió cuando afirma que el episodio de Ezeiza, igual que el de República Cromañón, muestra la desaparición del Estado y sus funciones de control. Es curioso, en cambio, que no advierta y apoye la energía con la que el Poder Ejecutivo encara su reconstrucción en un tema central para el sector de la opinión que ella expresa, como son las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas. Lo mismo sucede con su descripción de un apocalíptico combate final entre Kirchner y el ex senador Duhalde, otro buen diagnóstico empañado por la indiferencia hacia el desenlace de esa confrontación y la hipótesis de que uno y otro son lo mismo.