Carlos Alberto Liporace es uno de los denominados jueces amarillos, por el color de las camionetas del correo que fue propiedad de Alfredo Yabrán. Fue designado fiscal por el menemismo en 1992. Apenas un año le bastó para ascender a juez, siempre en el fuero penal económico. Ello ocurrió en premio por no apelar, como fiscal durante la feria judicial de enero, el sobreseimiento del contrabandista de autos de lujo José Cacho Steinberg, a pesar de las órdenes de su superior. La causa era de especial interés para el entonces presidente Carlos Menem, cuyo hijo homónimo preparaba sus autos de carrera en el taller de Steinberg. Los policías que allanaron el local de Steinberg fueron sorprendidos por Menem (h) que les cerró el paso con una frase antológica: “Atrás, esto es área presidencial”. Steinberg, quien también proveía de motos a Zulema Menem, a precios sin competencia en el mercado, envió un ultimátum desde la cárcel, por medio del actual diputado Hugo Franco: o lo sacaban de allí o hablaba. El 15 de enero de 1993 consiguió su libertad, gracias entre otros a Liporace. Entre los compradores de autos para diplomáticos o discapacitados había algunos personajes del menemismo auroral que no sólo caminan sin dificultad, sino que corren y hasta vuelan, como el empresario del monumento a la corrupción de Yacyretá, Cristiano Ratazzi, y los editores Julio Ramos y Constancio C. Vigil. Ambito Financiero elaboró entonces la doctrina del contrabando patriótico: explicó que los pobres ricos importaron autos de lujo por izquierda porque “el autoritarismo del Estado” impedía hacerlo por derecha, y los equiparó con Mariano Moreno y la Representación de los Hacendados previa a la Revolución de Mayo. Ahora, con el mismo inimitable humor canalla, ese diario sostiene que la remoción de la cúpula aeronáutica que no sabe/no contesta se debió a una maniobra ideológica de la “izquierda antiaeronáutica” (sic).
En 2001 la Cámara de Apelaciones denunció a Liporace ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en dos expedientes por contrabando, que se arrastraron durante una década sin avances. En ambos casos Liporace demoró procesamientos e indagatorias hasta que las causas prescribieron. Sugestivamente, además, ninguna de ellas figuró en las estadísticas del juzgado. Ambos expedientes estuvieron perdidos durante años. Cuando el Consejo de la Magistratura le preguntó por el sumario instruido a raíz de esa pérdida, dijo que también se había perdido, y responsabilizó a su secretario. Pese a ello, sólo le impusieron una generosa sanción de “advertencia”. Hace seis meses, la sala B de la Cámara en lo Penal Económico (Carlos Pizzatelli, Roberto Hornos y Marcos Grabivker), lo apartó de una causa del grupo Yoma, lo denunció ante la Cámara del Crimen por la “probable comisión de un hecho ilícito” y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura para que evaluara su remoción. El Grupo Yoma había reclamado dos veces a la AFIP un reintegro de 11,4 millones en reintegros de IVA por una misma exportación. Un tribunal riojano ordenó que de todos modos se efectuara el pago, pero la AFIP y el Banco Nación consiguieron que el juez federal de La Rioja Enrique Chumbita bloqueara esos fondos con una medida de no innovar. Pero los Yoma se presentaron ante Liporace, quien desbloqueó 8,5 millones de la suma trabada. Según los camaristas, de este modo Liporace violó el derecho de defensa del Estado, no fundamentó las razones del pago, demoró la notificación a la AFIP de modo de hacer improbable la recuperación del dinero.