El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, afirma que se negó a cualquier negociación con “asesinos, violadores y ladrones que trataron de fugarse del penal San Martín, para volver a delinquir, para aterrorizar a las familias de Córdoba” y que ordenó abrir fuego con la decisión de impedirlo, porque su primera obligación es defender los derechos humanos de las personas que cumplen con la ley. Ese discurso duro, afín al del ex gobernador bonaerense Carlos Rückauf, no tiene ni un pelo de cierto y constituye apenas una cortina de humo para ocultar su responsabilidad en los hechos.
Esa cárcel, construida en el último cuarto del siglo XIX para no más de 600 personas hoy alberga a casi el triple, en circunstancias históricas, demográficas, urbanísticas y sociales muy distintas. El edificio, que estaba en las afueras de la ciudad, está rodeado en la actualidad por una zona urbana con gran densidad de población. Sólo aloja a condenados por la justicia, muchos de ellos a prisión perpetua, que son los más propensos al motín y la fuga. Porque había conciencia del riesgo, se construyó una cárcel de alta seguridad lejos de las zonas habitadas, en la localidad de Bower, sobre la Ruta 36. Cuando se anunció el traslado los detenidos en el penal San Martín se amotinaron. Al contrario de lo que pretende hacer creer, De la Sota negoció con ellos y aceptó dejarlos donde estaban, sin las estrictas medidas de seguridad contempladas en la nueva unidad y en medio de la capital de Córdoba. En cambio, la cárcel de alta seguridad de Bower fue utilizada para alojar a ciudadanos bajo proceso, es decir inocentes ante la ley mientras una sentencia judicial no diga lo contrario. Si De la Sota no hubiera aceptado esta negociación, irracional e inmoral, el motín no hubiera tenido lugar.
Aun así, de haber manejado buena información sobre la situación interna hubiera podido prevenirlo. Lo que no supo evitar ni prevenir pudo reprimirse en forma incruenta si los amotinados no hubieran manejado ametralladoras y fusiles, que sustrajeron de la armería del penal. No es razonable que en una cárcel de esas características se almacenen armas pesadas. En situaciones normales nunca deberían emplearse ni siquiera como disuasivas en contra de los reclusos y en casos de emergencia es peligrosísimo que queden al alcance de los condenados, como ocurrió.
De la Sota también dijo que su orden de abrir fuego para impedir “de cualquier modo” la fuga había impedido una masacre. Hay que llegar a un nivel sofisticado de corrupción, de los valores y del lenguaje, para considerar que un motín que tuvo en vilo al país durante dos días y que produjo ya por lo menos ocho muertos no es una masacre. Según el gobernador, los amotinados “mataron a tres servidores del orden público”, lo cual es otro apartamiento deliberado de la verdad. Fueron las balas policiales 9mm las que acabaron con la vida de los guardiacárceles que los reclusos llevaban como escudo y a uno de los cuales acostaron sobre el capot del camión. La expresión “de cualquier modo” revela la falta de previsión y el desapego por la legalidad, que no pueden disimularse con palabras altisonantes y gesto fiero. El gobierno cordobés no tenía otra forma de impedir el escape que provocar la masacre, que es por ello consecuencia necesaria de su política.
Según el gobernador “hay que vivir construyendo lugares adonde alojar a los detenidos”. Esa es la visión de un político resignado a la perpetuación de las condiciones sociales que producen la infracción a la ley y dispuesto a profundizar la estratificación de la sociedad enréprobos y elegidos que campea en su discurso. Pero además constituye otro apartamiento de la verdad. La enorme superpoblación carcelaria de su provincia se debe a que no ha cumplido con lo que ahora propugna. La cárcel de Cruz del Eje, a la que dijo que serán trasladados los presos de San Martín, apenas estará terminada dentro de dos años. A principios de 2006 podría habitarse un sector reducido de ella. Y recién ahora reclamó el apoyo del gobierno nacional para construir un nuevo presidio destinado a los presos federales. Es decir que aquellos que llamó “asesinos, violadores y ladrones” seguirán viviendo a metros de “las personas decentes” cuyos derechos humanos dice defender. Esto es lo que ocurre con todos los demagogos reaccionarios, porque las cárceles no se construyen con palabras como las leyes con las que aumentan penas y endurecen procedimientos. Por todo eso, De la Sota tiene una responsabilidad penal que la justicia debería investigar.