El procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a los fiscales de todos los fueros para que apelen las resoluciones que fueron anuladas por haber sido firmadas por jueces subrogantes con el propósito de “convalidar” las investigaciones que en esos casos se llevan adelante. Righi dio esa instrucción a raíz de la decisión de la Cámara del Crimen porteña de dejar sin efecto varios fallos refrendados por magistrados suplentes, con el argumento de que los mismos no fueron nombrados según lo que prevén las normas vigentes. Los magistrados interinos están en funciones por decisión del Consejo de la Magistratura, que esta semana podría llegar a pedir a la Corte Suprema la aplicación del per saltum para resolver la controversia planteada en torno de su legitimidad.
La Procuración General de la Nación explicó que el objetivo de la orden que Righi impartió a los fiscales es “convalidar las investigaciones penales que se vienen llevando a cabo ante los distintos juzgados y de este modo mantener la validez de las medidas cautelares (prisiones preventivas y embargos) que se hubieren dispuesto”. Al respecto, destacó que en ese tipo de expedientes “está en juego la investigación de importantes delitos, así como los bienes y libertad de las personas”.
Lo que pretende asegurar Righi mediante la apelación de los fallos es que los mismos terminen siendo analizados por la Corte Suprema. La Procuración General consideró que de esa forma se podrá “garantizar un adecuado sistema de administración de justicia y evitar la precariedad de la situación que se presenta actualmente”.
El problema surgió porque, dada la demora en la designación de jueces, el Consejo de la Magistratura dispuso que algunos juzgados fueran ocupados transitoriamente por secretarios letrados y otros funcionarios judiciales.
Sin embargo, la Cámara del Crimen consideró la semana pasada que esos nombramientos no son válidos, y dejó sin efecto al menos cinco resoluciones rubricadas por magistrados subrogantes. Los camaristas dijeron “comprender” que la falta de jueces titulares pone en peligro la administración de justicia, pero discreparon con la resolución del Consejo de la Magistratura porque la designación de los interinos no cumple los mecanismos constitucionales correspondientes, como ser someterse a concursos y contar con el aval del Senado.
Voceros del Consejo de la Magistratura adelantaron que ese cuerpo pediría la intervención de la Corte para dirimir el conflicto. Para eso debería aplicarse el per saltum, una vía que permite omitir instancias judiciales inferiores en virtud de la “gravedad institucional” de un caso determinado. De seguirse el procedimiento habitual, la resolución de la Cámara del Crimen debería ser revisada por la Cámara de Casación.
En el Consejo de la Magistratura trascendió que el autor del proyecto para recurrir a la Corte es Humberto Quiroga Lavié. El fundamento de la iniciativa de ese consejero es que el pronunciamiento de la Cámara del Crimen es un acto “de gravedad institucional y de desconocimiento de las competencias que el Consejo de la Magistratura dispone”.