El Gobierno producirá el 4 de marzo, en Washington, un hecho significativo: reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que en el caso AMIA hubo privación de justicia. Con ello les dará la razón a los familiares agrupados en Memoria Activa, que tuvieron el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y que denunciaron hace seis años al Estado argentino precisamente por privación de justicia, lo que en otras palabras significaba calificar de farsa la investigación que realizaban las fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno de Carlos Menem y la actuación del juez Juan José Galeano. Este lunes, en una reunión cerrada de la CIDH, el observador que ese organismo envió al juicio oral del caso AMIA, Claudio Grossman, brindó su informe final. Se dice que el hombre de la OEA fue lapidario, convalidó el fallo de los jueces del tribunal oral y sostuvo que, efectivamente, como lo señalaron los magistrados, la investigación fue un armado para entregarle a la sociedad culpables falsos.
La delegación del Gobierno a la audiencia de la OEA sería del máximo nivel. Sería encabezada por el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, y el canciller Rafael Bielsa, e incluirá al hombre que hoy se ocupa de la investigación del atentado en el Ejecutivo: el titular de la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa.
En Washington estarán sentadas frente a frente las dos partes de este litigio. Por un lado, la delegación del Gobierno, y por el otro los familiares de Memoria Activa, Adriana Reisfeld y Diana Malamud, sus abogados Alberto Zuppi y Pablo Jacoby y los representantes del CELS, Víctor Abramovich y Andrea Pochak. La audiencia tiene como objetivo decidir si hay una especie de acuerdo entre el Estado argentino y Memoria Activa o si el caso es enviado a la Corte Interamericana, donde indudablemente habrá una condena al Estado por la privación de justicia.
En realidad, la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia denunció a Carlos Menem y a Carlos Corach, entre otros, por encubrimiento en el caso AMIA, lo que equivale a admitir que hubo un manejo fraudulento de la investigación. También la Unidad AMIA respaldó y aportó evidencias para el juicio político del ahora suspendido juez Juan José Galeano. Con ese cuadro de situación, era imposible sostener en la OEA que el Estado argentino estuvo bien, mientras aquí se acusaba de encubrimiento y otros delitos a quienes estuvieron al frente de la pesquisa.
En la audiencia ante la OEA, los integrantes del Gobierno propondrán iniciativas para revertir la privación de justicia, transformaciones que impidan que lo mismo se vuelva a repetir y reparaciones a los familiares de todas las víctimas. Habría propuestas en tres niveles:
- El compromiso del Gobierno de seguir la investigación con las pistas que aún existen, pero sobre todo llevar a la Justicia a los responsables del armado de pistas falsas.
- Cambios institucionales para que cualquier investigación futura no corra la misma suerte que la del expediente AMIA. Podrían ser, por ejemplo, controles sobre la SIDE y sus fondos, de manera que no sean usados, como ocurrió en el caso AMIA, para pagarle 400.000 dólares a un imputado. También transformaciones en la Justicia para el caso de investigaciones de hechos de envergadura, modificaciones en materia legislativa para casos de terrorismo y otras alternativas. El Gobierno deberá comprometerse a que estas iniciativas se conviertan en ley.
- Según se sabe, es probable que el Ejecutivo también proponga reparaciones económicas a las familias de todas las víctimas.
Los integrantes de Memoria Activa y el CELS iniciaron esta denuncia en la OEA cuando los dirigentes de la comunidad judía, empezando por la DAIA y la AMIA, le daban un respaldo irrestricto a la investigación oficial y aljuez Galeano. En aquel momento incluso fueron duramente criticados por esos dirigentes. Ahora, en el encuentro de Washington deberán definir si aceptan el reconocimiento de privación de justicia y las propuestas que hace el Ejecutivo, que quedarían como un legado para el futuro, una especie de Ley Víctimas de la AMIA. La otra alternativa es que pidan que la denuncia se eleve a la Corte para que ésta condene formalmente al Estado argentino. Ello también quedaría como un legado para el futuro.