El juez de la causa de las valijas confirmó ayer que investigará si la ruta Buenos Aires-Tacna, Perú que recorría la empresa Southern Winds tiene relación con el contrabando de cocaína. Sin embargo, aclaró que desconocía esa hipótesis, por lo que recién ahora empezará a analizarla. “La empresa Southern Winds (SW) tiene un vuelo cada dos días a España. No es una empresa con múltiples destinos. Focaliza en ese país”, opinó Carlos Liporace. Fuentes de la empresa SW explicaron a Página/12 que los vuelos a Tacna son del tipo “charter” y los contrata un empresario cordobés, Julio Vargas, desde Miami, “con un exclusivo objetivo turístico”.
La responsabilidad de los directivos y dueños de SW crece con el paso de los días. Anteayer, Liporace afirmó que quiere establecer si el caso es un hecho aislado o “una práctica habitual” de la aerolínea. Ayer salió a aclarar que el hecho de que Christian Maggio, gerente general de SW, haya hecho la denuncia que originó la causa, no lo hace indemne a la pesquisa. En declaraciones a un canal de noticias, explicó que “al hacer la denuncia (Christian Maggio), colocó a la Justicia en la posibilidad de investigar el hecho, pero no se trata de indemnidad hacia nadie”, relató. “Que no queden dudas de que si hay responsabilidad penal (de los ejecutivos de SW) serán llamados a declarar”, agregó.
Liporace fue consultado también sobre la situación procesal de la pareja de ciudadanos españoles Elena Toimil Batán y Ramón González Villar, los pasajeros frecuentes de SW sindicados como los destinatarios de las cuatro valijas que contenían los 60 kilogramos de cocaína. “He pedido la captura internacional de esta pareja. Como resultado del informe de Interpol se descubrió que habían sido detenidos en Cádiz por una compraventa de 16 kilos de cocaína, y estamos en trámite de obtener la extradición, que me permitiría juzgarlos acá”, explicó. En igual sentido, afirmó que se investiga “la salida del país de esta gente, que fue el 5 de diciembre, donde egresaron con 68 kilos de equipaje”. Liporace recordó que los españoles fueron acusados por uno de los imputados que declaró que “las valijas donde fue hallada la droga eran de esa gente”.
Por primera vez desde que estalló el escándalo de las valijas de Southern Winds, la fiscalía de María Gabriela Ruiz Morales y el juzgado de Carlos Liporace están de acuerdo. El punto de coincidencia tiene que ver con enfocar sus dudas hacia el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El juez fue claro al respecto: “Se investigará si las omisiones de informar del caso (a los máximos responsables políticos del país) facilitaron las maniobras” delictivas para el contrabando de la droga. Y afirmó que “no dudaría” en llamar a indagatoria a Jaime “si es necesario” (ver página 5).
Liporace se refirió así a una eventual responsabilidad de funcionarios públicos por la existencia de reportes de Inteligencia que habrían informado oportunamente sobre las maniobras de narcotráfico y no fueron tenidos en cuenta. Además, dijo que su investigación apunta a saber quiénes no cumplieron con su deber de controlar la salida de valijas del aeropuerto de Ezeiza. En este sentido, dio por acreditado que la empresa de seguridad privada TAS “no ha controlado debidamente esto, más allá de un organismo estadual (la Policía Aeronáutica Nacional) que controle exportación de mercaderías y control de equipajes”. Y agregó que “eventualmente fueron violados también los controles españoles... porque si la droga va es porque piensan que va a salir. Nadie llega a España con 60 kilos de droga y se pone a pensar qué va a hacer con ella”.