El Senado dio media sanción al proyecto de ley que establece una indemnización para las personas que tuvieron que exiliarse por cuestiones políticas durante la última dictadura. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno después de un fallo de la Corte Suprema que señaló que debía repararse económicamente a una mujer por haber sido obligada a dejar el país en épocas del terrorismo de Estado.
Ninguno de los legisladores presentes en el recinto votó contra el proyecto, que también alcanza a los menores de edad que en razón de la persecución de sus padres o tutores se vieron obligados a permanecer fuera del país. La única abstención fue la del radical Rodolfo Terragno, quien adoptó esa postura porque él mismo fue un exiliado político. Además, anticipó que no iba a reclamar el beneficio. Antes de que se comenzara a tratar la iniciativa, algunos senadores se levantaron de sus bancas, entre ellos Eduardo Menem y los tucumanos de Fuerza Republicana, el partido fundado por el represor Antonio Domingo Bussi.
La indemnización a los exiliados políticos –el período exacto que abarca es entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983– es una vieja iniciativa del peronista Marcelo López Arias que fue recuperada por el Gobierno. La presencia en el recinto del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde –que de hecho introdujo modificaciones al proyecto inicial–, ratificó la postura oficial sobre el tema.
Para que la reparación económica a los exiliados políticos se convierta en ley deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados. El pago del beneficio implicará la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios en razón de exilio.