Los camioneros levantaron el bloqueo sobre el centro de distribución de Coto y la empresa reincorporó a los siete trabajadores que habían sido despedidos. Así, después de tres días de conflicto, la pelea por el encuadramiento gremial de 1300 choferes de la cadena de supermercados entró en una impasse, con el compromiso de las partes de encontrar una salida en una mesa de negociación. El acuerdo que permitió descomprimir el conflicto tiene dos aspectos: por un lado, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, que compromete a la empresa y al sindicato a retrotraer sus medidas. Por el otro, el Ministerio de Trabajo nacional intervino en el tema del encuadramiento gremial.
Aunque el acuerdo estaba sellado desde la noche del jueves, ayer en la planta de Coto la tensión continuó hasta avanzada la jornada. La conciliación obligatoria entró en vigencia a las siete de la mañana, pero al mediodía la firma no había reincorporado a los despedidos, mientras que los camioneros continuaban impidiendo la entrada y egreso de vehículos del centro distribuidor. Cuando tres camiones cargados de mercadería trataron de salir, los manifestantes hicieron una barrera humana para frenarlos.
Unos y otros se negaban a dar marcha atrás. En ese marco, la audiencia citada en la cartera laboral por Carlos Tomada –a la que debían concurrir Alfredo Coto, Hugo Moyano por los camioneros y por Comercio Armando Cavalieri– fracasó. El ministro bonaerense Roberto Mouillerón fue convocado al edificio de Leandro Alem para garantizar que las partes cumplieran la conciliación.
Tomada habló con Coto y con Moyano por separado, pero la negociación fue luego dejada en manos de segundas líneas. En representación de la empresa actuó el abogado de la Unión Industrial Daniel Funes de Rioja, mientras que por Camioneros lo hizo Héctor Recalde.
El jefe de gabinete de la cartera, Norberto Ciaravino, señaló que la discusión sobre el encuadramiento gremial seguirá los pasos que fija la ley. “El ministerio es competente para intervenir en el conflicto, pero el procedimiento establece que antes debe agotarse la vía asociacional. Como los dos sindicatos que se disputan la representación de los trabajadores integran la CGT, se debe tratar de llegar primero a una solución allí”, dijo. Por este motivo, el ministerio va a enviar a la central obrera el trámite ya iniciado y sus antecedentes.
El tribunal arbitral de la CGT tiene un plazo de 60 días hábiles para dirimir. Trabajo está habilitado para intervenir como instancia de apelación, o en el caso de que el tribunal arbitral deje vencer los plazos sin pronunciarse.
El abogado de la CGT señaló por su parte que en las negociaciones “la empresa no tiene ninguna intervención”, ya que se trata de una cuestión que hace estrictamente a la vida sindical.
Recalde anticipó, por otra parte, que Camioneros va a denunciar ante la justicia penal a los fiscales que el jueves ordenaron la represión para desalojar el bloqueo, por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. El reproche se basa en que dieron la orden de represión mientras había negociaciones abiertas.
Moyano, que se encargó personalmente de comunicar a los trabajadores apostados frente a la sede de Coto el acatamiento de la conciliación, anticipó que iniciarán “el juicio político contra el fiscal” Daniel Gualtieri.
También el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, calificó de “lamentable” la represión policial. El funcionario sostuvo que el Gobierno “nunca propicia actitudes de presión, o violentas”.
Por su parte, la Fiscalía de Cámara de Lomas de Zamora se defendió de las críticas: “La Justicia debe tener los ojos tapados, pero en modo alguno las manos atadas”, dijeron en un comunicado de prensa los superiores de Gualtieri. “Esta Fiscalía General pone en conocimiento de la opinión pública que los fiscales que intervinieron en el caso lo hacen en estricto cumplimiento de la ley, procurando en la medida de lo posible hacer cesar los efectos del delito”, sostuvo el texto.
La polémica es idéntica a la existente en relación con las protestas de los desocupados; como ella, pone en debate si en situaciones de conflicto social debe garantizarse el derecho al reclamo o si por encima de él está el derecho de circular en las rutas.