Con la cancelación de un vuelo que la compañía Southern Winds tenía previsto para ayer desde Córdoba hacia la ciudad peruana de Tacna quedó concretada la suspensión de esa ruta aérea que había determinado la Justicia la semana pasada, como consecuencia del escándalo de las narcovalijas. La anulación de la ruta fue comunicada a la compañía por la Secretaría de Transporte de la Nación, provocó incomodidad en los pasajeros, que quedaron varados en esa ciudad y originó la movilización de los empleados de varias sucursales en respaldo de los dueños de la SW y defensa de su fuente de trabajo.
A través de una comunicación telefónica, desde la Subsecretaría de Transporte Aéreo se notificó “que no se le iban a otorgar los permisos a SW para realizar el vuelo”, previsto para el jueves a las 23, desde el aeropuerto de la capital provincial, afirmó Candelaria Guzmán, vocera de Caminos del Sur, concesionaria de esa ruta aérea y propietaria de los aviones que SW utiliza para ese servicio. Desde esta empresa se atribuyó la decisión exclusiva de anular ese tramo aerocomercial al Gobierno. “Como es de público conocimiento, la compañía tiene denegados los permisos de salida, por lo que queda exenta de toda responsabilidad. Cabe aclarar que la empresa sigue actuando con la operatoria habitual”, indicó la firma a través de un comunicado.
Los vuelos previstos para esa ruta fueron suspendidos –tanto para la ida como la vuelta– como resultado del juicio oral y público que la semana pasada tuvo lugar en la capital cordobesa y en el que dos ciudadanos peruanos fueron condenados a seis años y medio de prisión por contrabando de cocaína traída desde Tacna a Córdoba. Desde la empresa se consideró que el problema de que se suspendan sus vuelos charter a Perú implica que no se tendrán máquinas para aquellos pasajeros que deban volver a la Argentina.
“Les habíamos anticipado a las autoridades nacionales que esto iba a ocurrir y que íbamos a tener 200 personas varadas en ambos países”, adujo Guzmán, a la vez que garantizó la devolución de la totalidad del dinero de los tickets vendidos. Ante esta situación, los viajeros que habían pagado 240 dólares por su pasaje ida y vuelta tendrán la alternativa de hacerlo pero por Lan Chile, cuyo boleto cuesta unos 480 dólares. Guzmán agregó que desde la operadora “estuvimos realizando varias gestiones” ante la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial “para pedir un permiso excepcional y seguir operando. Pero la decisión está tomada”.
En tanto, los trabajadores autoconvocados de SW protestaron ayer al mediodía frente al Congreso nacional. “Nos presentamos en el Congreso para defender nuestros puestos de trabajo, porque a SW la hacemos día a día los trabajadores”, aseguró Natalia Pérez, azafata de la empresa. Según la trabajadora, por la cancelación del convenio entre esa firma y la estatal Lafsa, “SW se quedó sin los 800 empleados, cuya función hay que cubrirla día a día”.