Por Tito Drago *

A los 49 años y con 17 como juez de instrucción, un brevísimo término como diputado y otro como funcionario de Felipe González, Baltasar Garzón es un viejo conocido de los argentinos por su permanente interés por los derechos humanos. Famoso mundialmente por su proceso contra Pinochet, Garzón está por mudarse hasta fin de año a Estados Unidos, para dar cursos sobre justicia penal, y acaba de presentar su libro Un mundo sin miedo. La obra contiene definiciones tajantes, como que “todo ataque contra la población civil es un delito de terrorismo, sea que lo realicen grupos civiles, insurgentes, terroristas o ejércitos regulares.”
–¿Por qué un libro sobre el miedo?
–Debemos lograr un mundo sin miedo, en sentido positivo. Porque es mediante el derecho como debemos afrontar la solución de los conflictos, sean cuales fueren, y no tanto a través de la razón de la fuerza.
–¿Sin apelar nunca a la fuerza?
–No, nunca no, pero teniendo siempre presente que incluso cuando ésta es necesaria se la debe aplicar actuando dentro de los márgenes del derecho internacional, que es común a todos los pueblos y que es la norma que nos debe guiar en cualquier tipo de acción, sea jurídica, política o militar.
–¿Se podrá eliminar el miedo?
–El miedo acompaña normalmente al ser humano, pero debería quedar limitado a la intimidad de cada uno, para lidiar con sus propios fantasmas.
–Pero entonces, ¿por qué habla de acabar con el miedo?
–Me refiero al impuesto por el poder, que ya no debería existir y que si sigue existiendo no hay que coadyuvar a su permanencia con la indiferencia de las personas. Se requiere una acción plural para que el miedo a las organizaciones criminales desaparezca y que desde las instituciones seamos capaces de ofrecer una respuesta positiva a las víctimas y a los ciudadanos en general.
–Desde que por pedido suyo se detuvo en 1998 en Londres a Augusto Pinochet por el proceso abierto por usted en España, ¿se avanzó en el derecho internacional penal?
–Sí, sin lugar a dudas la justicia internacional ha seguido su curso, en Europa y América latina. Ese juicio supuso un impulso que hoy en día continúa y es bueno que sea así, porque se acota el espacio que tiene la impunidad en casos tan graves como los crímenes contra la Humanidad.
–En esa línea, ¿habrá condena para Scilingo?
–Habrá justicia, pero estando ese proceso abierto no puedo ni debo pronunciarme sobre lo que ocurre o podrá ocurrir.
–En Chile se avanzó desde el comienzo del procesamiento de Pinochet en España. ¿Cree que también se avanzó en la Argentina?
–Sí, se está avanzando, aunque estamos a la espera de que la Corte Suprema dicte una resolución final sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que ratifique la decisión del Parlamento argentino que resolvió anularlas.
–Hablando de la Argentina, ¿cómo influye comenzar a conocer un país desde otro y a través de la instrucción de procesos judiciales?
–Bueno, yo tengo una gran relación con la Argentina, que profesionalmente se inició con el Yomagate, siguiendo con el juicio por genocidio, terrorismo y torturas en ese país, que me impactó interiormente al percibir el dolor de las víctimas y sus familiares, el recuerdo de la tortura de los supervivientes y, en suma, la represión dictatorial. Un impacto, por cierto, que obliga a extremar el cuidado para mantener la equidad que siempre debe privar en la administración de justicia.
–¿Es un avance efectivo la creación de la Corte Penal Internacional?
–Sí, lo es aunque todavía está en sus primeros momentos. Lo trascendente es que se están desarrollando acciones con el objetivo de cerrar el círculo contra la impunidad en los países que padecen este tipo de hechos y que el principio de la justicia internacional se afirme en cada uno de ellos. Ese accionar debe basarse en la voluntad de que los delitos de lesa humanidad no prescriban y que se enjuicien en toda su extensión, sin ponerles trabas temporales, como parece que está sucediendo en Chile en relación con las causas abiertas contra la violación de los derechos humanos.
–¿Qué piensa de las torturas denunciadas contra Estados Unidos por lo que ocurre en la base de Guantánamo?
–En Estados Unidos está vigente la Patriot Act, una ley que permite la detención indefinida de enemigos, sean combatientes o no combatientes. Desde mi punto de vista es una flagrante violación de los derechos fundamentales de las personas y así se está estableciendo en los propios Estados Unidos por su misma Corte Suprema y recientemente por algunas cortes federales. Eso evidencia que la violación de los derechos no puede subsistir y que los detenidos en Guantánamo, como cualquier otra persona sometida a la jurisdicción norteamericana, deben tener todo un conjunto de derechos que exige la ley para que pueda haber en su día un juicio justo.
–¿Es optimista acerca del futuro de los derechos humanos en EE.UU.?
–Espero y deseo que se evolucione en ese sentido, porque la actual es una situación insostenible, una especie de círculo cerrado que más antes que después debe abrirse, y la única forma de hacerlo es judicializando los casos ante la justicia ordinaria, que de hecho ya está tomando esa iniciativa cuestionando a los tribunales administrativos, algo que la propia Patriot Act y su desarrollo tienen previsto.
–En la XIII Cumbre Iberoamericana el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso propuso el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales en sectores estratégicos del sector económico. ¿Cree que se debería hacerlo también en temas penales?
–Sin lugar a dudas. Cada vez es más evidente que en un mundo globalizado, no sólo en lo económico, sino también en lo político, en especial en los países que formamos parte de un mismo entorno cultural, jurídico y político democrático, se debe afirmar la coordinación en el ámbito de la justicia y libertad, como se está haciendo en la Unión Europea.
–¿Cuándo se debe hablar de terrorismo y cuándo de guerrilla o insurrección?
–La doctrina es perfectamente clara sobre lo que es guerrilla, insurgencia y terrorismo. Cuando la acción de una organización va contra la población civil, no combatiente, se proclame lo que se proclame, su actividad es claramente terrorista porque afecta a los propios derechos de la Humanidad. La población civil en ningún caso puede ser agredida, y quien lo hace comete crímenes contra la Humanidad. La insurgencia guerrillera exige una confrontación entre ejércitos regulares o no regulares. Pero la acción contra una población civil nunca puede estar legitimada sea quien fuere quien la desarrolle y sea cual fuere el justificativo que se esgrima.
–¿Incluso si es un ejército regular el que bombardea, como ocurre en Palestina o Irak?
–Lo que digo de la población civil está en los convenios de Ginebra sobre la guerra y en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Eso es válido para cualquier persona o entidad, militar o no, oficial o no, que integre o desarrolle acciones delictivas contra la población civil.
–Para combatir el terrorismo, ¿hace falta alguna organización internacional especial o basta la coordinación entre los Estados?
–Lo que se requiere es una eficaz coordinación y cooperación, una legislación que defina en forma uniforme, o muy aproximada, los conceptos y el fenómeno en sí y otorgue específicamente un papel dirigente en el ámbito político, diplomático y de implementación a las Naciones Unidas, organismo que debe jugar un papel como garante del cumplimiento del Derecho Internacional.

* Periodista argentino radicado en España, presidente honorario del Club Internacional de Prensa, corresponsal de la agencia IPS y director de Comunica (www.comunica.es).