Es la primera causa abierta contra los piqueteros en aplicación del nuevo Código de Convivencia en la ciudad de Buenos Aires. Acusado de “no haber dado previo aviso” de la realización de una marcha, el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, fue indagado ayer en una fiscalía contravencional. Fuentes judiciales dijeron que las infracciones que se le imputan podrían tener como castigo la realización de trabajos de utilidad pública o el pago de una multa, más la prohibición durante un año de acercarse al lugar.
La protesta por la que se abrió la causa contravencional ocurrió el 25 de enero pasado, cuando unos quinientos desocupados se movilizaron por Puerto Madero. Liderada por Castells, la manifestación se detuvo frente al local de comidas rápidas Burger King, en el restaurante Puerto Cristal y en el Casino Flotante. En cada lugar, luego de que el dirigente del MIJD hiciera uso de la palabra, los piqueteros entregaron petitorios en reclamo de trabajo genuino y raciones de comida.
A criterio de la fiscalía, los desocupados impidieron en esas paradas la entrada y salida de personas a los locales, mientras se producían “serios inconvenientes en el tránsito”.
El nuevo Código tiene dos artículos referidos al tema. El 42 define la contravención de “impedir a otro/a el ingreso a lugares públicos o privados de acceso público”, mientras que el 41 hace lo propio con la acción de “impedir u obstaculizar la circulación de personas o vehículos por la vía pública”. La norma aclara que la infracción no puede ser considerada tal en el caso de haber dado “previo aviso a la autoridad competente” o si la acción fue realizada “en ejercicio de un derecho constitucional”. Los legisladores incluyeron esta última frase con la intención de que no se penalice la protesta social. En ella se centrarán los abogados de Castells para su defensa.
El dirigente, quien permanece detenido en Buenos Aires, acusado de extorsión por un pedido de comida a McDonald’s, fue trasladado a la fiscalía con un fuerte operativo de seguridad. Dos policías encapuchados del GEOF lo bajaron de un camión celular frente al edificio donde debía prestar declaración, ubicado en el barrio de Congreso. La vereda estuvo vallada y con custodia de la infantería, aunque no hubo manifestaciones por Castells, que entró solo a la fiscalía y se retiró también sin testigos.
Juan Carlos Yaggi, su abogado, dijo a Página/12 que el fiscal Martín Lapadú ofreció a su cliente hacer actividades comunitarias a cambio de no ser sancionado, a lo que Castells se negó porque considera que no cometió delito.
En un texto difundido a los medios, la fiscalía anticipó que “las infracciones detectadas y que serán imputadas a Castells podrían derivar en una condena a 15 días de trabajos de utilidad pública, o multa de hasta tres mil pesos, más dos penas accesorias entre las que se encuentran: inhabilitación por dos años, prohibición de concurrencia de hasta un año, interdicción de cercanía o instrucciones especiales por 12 meses”.
El fiscal Lapadú había tenido una reciente intervención sobre las marchas piqueteras. A mediados de febrero, junto a su colega Gabriel Unrein, ordenó a la Policía Federal que desarmara por la fuerza a manifestantes que participaban de una protesta con capuchas y bastones. La instrucción no llegó a cumplirse porque un subcomisario negoció con los desocupados, quienes abandonaron el lugar. En aquella oportunidad, el fiscal se quejó de la actitud tomada por la policía y dijo que estudiaría denunciar al responsable del operativo. También criticó la política de la Casa Rosada tendiente a evitar episodios de violencia. “Es gravísimo que el gobierno recomiende a las fuerzas de seguridad que no se cumpla una ley”, dijo Lapadú.