El gobierno nacional estudiaba anoche un menú de opciones para cargar contra el obispo castrense, Antonio Baseotto, y una de las medidas probables era la promulgación de un decreto anulando la designación del jefe de los capellanes militares, realizada por el entonces presidente Eduardo Duhalde por recomendación de su secretario de Culto Esteban Caselli. El gobierno de Néstor Kirchner atribuye estos días a Caselli maniobras ocultas para producir un enfrentamiento entre el Vaticano y la administración argentina que termine victimizando a Roma, cuando en rigor su responsabilidad es haber mantenido a Baseotto.
Baseotto es un obispo propuesto por el Vaticano pero nombrado por el Poder Ejecutivo por decreto. Con otro decreto el Presidente le haría saber lo que ya por orden suya el canciller Rafael Bielsa transmitió al nuncio Adriano Bernardini: que la Argentina no admite un vicario castrense capaz de amenazar al ministro de Salud Ginés González García con arrojarlo al mar con una piedra al cuello. Bielsa cumplió con las instrucciones presidenciales solo de palabra. Expertos en relaciones con el Vaticano que hablaron con este diario a condición de reservar su identidad dijeron que esa informalidad quitó al Gobierno una carta fuerte: dejar expresados en detalle, por escrito y en un documento los argumentos por los cuales la Argentina no puede tolerar un vicario castrense amenazando con ahogar en un país donde la avión naval asesinó de esa manera a los secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada. La inexistencia de formalidad alguna permitió a Bernardini, Baseotto y Caselli escalar con facilidad un conflicto que apunta a presentar al Gobierno en una posición incómoda ante el Vaticano justo en vísperas de Semana Santa.
El desconocimiento de Baseotto podría terminar con su sueldo y su estructura de apoyo en la Vicaría, aunque la idea del Gobierno es redondear el corte solo en el primer nivel. Así buscaría evitar una cascada de castigos que involucraría a los capellanes militares en todas las fuerzas. El ordinariato castrense, como se llama técnicamente el organismo, es responsable también de los capellanes de las tres fuerzas federales de seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura.
El lunes Bernardini respaldó a Baseotto en un encuentro con el ministro de Defensa, José Pampuro, a quien no le corresponden las relaciones con la representación apostólica pero que integraba la administración cuando Duhalde designó a Baseotto.
Una versión indicaba ayer que en la reunión de Pampuro y Bernardini participó una tercera persona, que hasta anoche permanecía en el misterio. Tal como informó este diario, Bernardini no entregó ninguna nota a Pampuro. Solo respaldó a Baseotto ante el ministro de Defensa y lo volvió a hacer ayer por teléfono en charla con Bielsa.
El primer documento escrito de la saga lo emitió ayer Bernardini. Niega haber entregado carta alguna y dice: “Obviamente la Nunciatura apostólica queda disponible para facilitar todo posible trámite con el fin de superar la dolorosa situación creada a continuación de la publicación de una carta del Ordinario Militar dirigida al Sr. ministro de Salud”. Sobre Baseotto sólo dice que el nuncio ilustró al ministro sobre la posición de la Santa Sede, pero no especifica cuál es ni esgrime una defensa abierta del vicario antisemita, antimusulmán y partidario de los métodos de la ESMA.
Los expertos consultados por este diario imaginaban ayer otras variantes, como la reforma de la vicaría para abrir las instituciones armadas a otros cultos o una sanción de Kirchner como comandante en jefe a Baseotto, subordinado suyo. El menú definitivo podría conocerse hoy.