La policía desalojó de los mostradores del aeroparque una protesta de un centenar de trabajadores de LAFSA que reclamaban que se garantizara su continuidad laboral ante la llegada de la empresa LAN, que absorberá las operaciones de la antigua línea aérea. Durante la represión, que derivó en golpes de puño entre los manifestantes y los efectivos, fueron heridos tres empleados. Dos de ellos quedaron detenidos. La jueza María Romilda Servini de Cubría debe decidir hoy si recuperan la libertad. En reacción al operativo y los arrestos, otras comisiones gremiales y organizaciones de desocupados anunciaron que hoy podrían tomar medidas de fuerza, entre ellas un paro de una hora en subtes y trenes.
“Lo que hizo la policía fue lamentable. En el aeroparque hemos tenido que enfrentar en los últimos años muchos conflictos y las cosas nunca habían pasado de algún empujón o un tironeo con la policía. Pero esta vez tiraron con balas de goma y gases lacrimógenos contra trabajadores que estaban defendiendo sus derechos”, dijo a Página/12 el diputado Ariel Basteiro, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
Frente a los cuestionamientos, el interventor de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, defendió el operativo y puso a disposición de la Justicia la filmación de lo ocurrido. “Tengo las grabaciones donde se ve qué pasó”, señaló el funcionario, quien asumió la responsabilidad del operativo. “Di la orden por dos razones. Primero porque (los manifestantes) no aceptaron la sugerencia de correrse de los mostradores del check in y estaban impidiendo el preembarque de los pasajeros. En segundo lugar porque se produjeron agresiones físicas contra la policía federal.”
El desalojo fue realizado por la Federal junto a la Policía de Seguridad Aeronáutica, fuerza creada por el Ministerio del Interior para la seguridad de los aeropuertos luego del escándalo por contrabando de cocaína a España en un vuelo de Southern Winds.
Saín sostuvo que la policía “no disparó balas de goma ni utilizó dentro del hall gases lacrimógenos”, punto en el que, en cambio, los trabajadores disienten. “Tiraron gases y tenemos heridos con balas de goma, con marcas visibles. Uno de nuestros compañeros recibió un impacto en la frente, puede mostrarlo. Y guardamos las vainas servidas”, dijo Hernán Cardigone, delegado de LAFSA.
El reclamo está centrado en el traspaso del personal de LAFSA a los nuevos prestadores del servicio. Hernán Cardigone, delegado de los aeronáuticos en conflicto, dijo que lo que buscan es garantías de que van a mantener “no solo el trabajo, sino también las mismas condiciones que tenemos hoy en día”.
Ayer, tras los incidentes, la Secretaría de Transporte aseveró que todos los empleados de las compañías Líneas Aéreas Federales y Aero Vip serán incorporados por LAN Argentina, con el compromiso de garantizarles estabilidad laboral por tres años. A través de un comunicado de prensa, la cartera que encabeza Ricardo Jaime puntualizó que el Gobierno firmó con las empresas y los sindicatos un acta en la que se incluyó “el respeto del Convenio Colectivo de Trabajo”.
El sector en conflicto descree de sus términos. Representan a un sector de trabajadores afiliados al gremio mayoritario, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), pero enfrentados a su conducción. En asamblea, eligieron a nueve delegados.
“El traspaso a LAN no garantiza ninguna condición laboral porque en LAFSA somos 400 empleados y (en la compañía que se hará cargo) van a hacernos entrar paulatinamente”, argumentó Federico Franque, integrante de ese cuerpo de delegados. Como en otros grandes reclamos sindicales recientes, hay una supuesta disputa con el sector empresario y con la conducción gremial.
Pero incluso para Basteiro, que fue titular del gremio hasta principios de este año, el reclamo “no es alocado”. El pase a LAN Argentina va a hacerse “desconociendo categorías y salarios”, dijo. “Se hizo un acta muy retorcida donde dicen que garantizan la estabilidad laboral, pero al mismo tiempo lo condicionan a que tengas como empleado cierto perfil. Si no lo cumplís, te podés quedar afuera. No hay seguridad de mantener el trabajo porque habrá exámenes previos que pueden ser expulsativos.”
Por otra parte, el diputado calificó de “sello de goma” a las compañías que van a tomar el servicio. “Cada uno de sus socios prometió depositar como aval dos millones de dólares, cuando deberían invertir 250 para tener seguridad de que podrán pagar los sueldos por tres años. No es ninguna locura porque ya tuvimos idéntica situación cuando se hizo el traspaso a LAFSA, y el Estado aprobó una partida de dinero en el presupuesto nacional. Lo mismo se hizo en el 2001 con el traspaso de Aerolíneas, cuando el nuevo grupo empresario llegó con un respaldo de 800 millones.”
Los dos detenidos están a disposición de la jueza Servini de Cubría. Serán indagados durante esta mañana. Quedaron imputados por resistencia a la autoridad, interferencia al transporte público de pasajeros y daños. Fueron arrestados después de recibir atención médica: uno de ellos porque los golpes de la policía le dejaron una fractura expuesta de la muñeca, el otro tuvo contusiones graves por las que permanece internado en observación. La tercer herida fue una mujer, empleada del sector ventas, quien fue golpeada mientras filmaba el operativo policial. Hubo, según el recuento de los delegados, otras quince personas con heridas menores.
Horas después de finalizado el operativo, un grupo de comisiones sindicales y piqueteros tuvo una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Participaron los delegados del subte, las seccionales rebeldes de la Unión Ferroviaria, los trabajadores del Hospital Garraham y piqueteros de las agrupaciones no oficialistas. Hoy discutirán medidas de fuerza.
Las agrupaciones piqueteras se reunirán al mediodía en el Obelisco, para hacer una marcha en el caso de que la Justicia mantenga las detenciones. Anoche, en las cabeceras de las líneas de subterráneos los trabajadores de Metrovías realizaban asambleas. Lo mismo dijeron que harán las seccionales opositoras de la Unión Ferroviaria.