La carta de lectores en la que María Julia Alsogaray dio detalles del pago de sobresueldos durante el gobierno menemista tendrá sus consecuencias en el plano judicial. Además de las citaciones a varios ex funcionarios que ordenaría en los próximos días el juez Jorge Ballestero, la misma ex secretaria de Medio Ambiente será convocada nuevamente a los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas le preguntará quiénes eran los legisladores presentes en las reuniones de gabinete que conocían el uso indiscriminado que se hacía de los fondos reservados.
María Julia detalló en el mensaje que publicó el sábado La Nación, que, cuando Domingo Cavallo señaló, en una reunión de gabinete, que había que declarar los sobresueldos, nadie hizo un comentario que hiciera suponer que no sabía de qué se estaba hablando. Ni el “presidente de la Nación” ni “los legisladores presentes”, subrayó. Por ese motivo el fiscal Federico Delgado solicitó que la ex polifuncionaria fuera citada. El juez, que investiga el uso ilegal de los gastos reservados en el ámbito del Poder Legislativo, va a convocar a Alsogaray para que explique si sabe de legisladores que recibieron el “sobre”.
Las declaraciones de María Julia también reactivarán en los próximos días otra causa: la que se refiere al cobro de sobresueldos en el Poder Ejecutivo y que tiene a su cargo Ballestero. El fiscal Paulo Starc solicitó las declaraciones indagatorias de Cavallo, el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, el ex subjefe de Gabinete Rodolfo Aiello y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión.
En los próximos días, Ballestero aceptaría el pedido del fiscal pero fijaría la fecha de las audiencias para, por lo menos, mediados de mayo, luego de que termine su turno con la policía. Quedarían para más adelante las citaciones de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y otros funcionarios menemistas. Esa investigación se inició por las revelaciones que hizo el ex secretario privado de Granillo Roberto Martínez Maidana, en el juicio contra Alsogaray. “El fiscal ya tiene probado que en seis meses Granillo giró 4,6 millones a la Jefatura de Gabinete que después fueron reasignados como gastos reservados”, señaló a Página/12 Martínez Maidana, en referencia a la maniobra que hacían los ministerios de no utilizar partidas para que las éstas volvieran en forma de dinero en negro.
La ex funcionaria intentó justificar el incremento de su patrimonio a través de los sobresueldos, a los que calificó como legítimos en base a las leyes secretas que regulan el uso de los fondos reservados, normas que Rafecas pidió que sean derogadas por el Congreso.
El tribunal que la condenó señaló que –al margen de que los números no le cerraban aun contando los sobresueldos– esa plata no se podía destinar para cualquier fin y obviamente no era legal usarlos para engrosar las cuentas privadas de los funcionarios.