A dos años del primer anuncio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuración General de la Nación acaban de firmar el convenio para la puesta en marcha de la primera Unidad Fiscal con intervención “directa y exclusiva” en todos los ilícitos tipificados por el Código Penal como delitos contra la integridad sexual, la trata de personas y la prostitución infantil. El convenio es un acuerdo de complementario de cooperación: la Ciudad se compromete a financiar el programa y la Procuración a nombrar el equipo de fiscales especiales. Aunque aún no se publicó en el Boletín Oficial, la titular de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad, Carmen Storani, le adelantó a este diario que finalmente la nueva fiscalía estará lista en 30 días.
“Esto es muy importante”, indicó anoche Storani. “Hasta ahora no existía un único sector donde se unificaran todas las investigaciones, donde además se excluyera la figura de la ‘revictimización’ de las víctimas, que para declarar aún ahora están obligadas a pasar y repetir su testimonio ante distintas instituciones como la policía o los juzgados.”
Para quienes lo vienen impulsando, el alcance del convenio firmado entre el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y el procurador general, Esteban Righi, es un avance real “en la lucha contra la impunidad”, como lo sintetizó la diputada socialista María Elena Barbagelata, autora de un proyecto de ley que dio impulso al convenio. “El nuevo ámbito permitirá canalizar y recibir denuncias –agregó–, recolectar y preservar adecuadamente los elementos probatorios, asistir a las víctimas y centralizar la información derivada de estos delitos.”
Ese tipo de organización generará, por ejemplo, un valioso banco de datos, indispensable para acelerar y rastrear al responsable de una violación serial como la denunciada por 53 mujeres en la provincia de Córdoba en diciembre del año pasado. Por eso, explica Storani, “no sólo será un lugar donde se investigue o donde habrá profesionales altamente especializados y una mejor atención de las víctimas; además, se logrará un banco de datos para que la investigación logre mejores resultados”.
Toda la infraestructura de la nueva fiscalía estará lista en unos 30 días, según evalúa Storani. De acuerdo con el convenio, la Procuración será la encargada de nombrar al equipo que estará integrado por más de doce profesionales a cargo de un fiscal general. El Gobierno de la Ciudad, en tanto, “se obliga a aportar los elementos de infraestructura edilicia, mobiliario, equipamiento informático, líneas telefónicas fijas y celulares”. Además de otros servicios básicos, aportará los “recursos económicos necesarios para permitir el funcionamiento de la Ufi-Intsex” (integridad sexual).
Según los especialistas, se trata del primer emprendimiento del tipo que se ejecuta en el país. Hasta ahora el único antecedente existió en Mar del Plata durante un breve período. Esa unidad especial estuvo a cargo de la fiscal María de los Angeles Lorenzo e investigó exclusivamente delitos contra la integridad sexual. En un lapso muy corto, las denuncias pasaron de ocho a cuarenta mensuales. A pesar de los buenos resultados, la Procuración de la provincia decidió cerrarla, una decisión que sorprendió y aún preocupa a los profesionales marplatenses comprometidos con este tipo de problemática. Por lo bajo, aseguran que las denuncias generaron malestar y presiones desde los sectores más conservadores de la Iglesia.
En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la firma del convenio costó dos años. En ese período se hicieron varios anuncios, hubo un proyecto de ley y hasta se recolectaron mil firmas para conseguirlo. Justamente ayer a las seis de la tarde las organizaciones no gubernamentales que estuvieron detrás del proyecto se reunieron en la Facultad de Derecho de la UBA para
entregar las firmas a las autoridades del gobierno porteño y de la Nación. Poco antes del encuentro, Barbagelata mencionó otros datos que tuvieron en cuenta los que trabajaron en el proyecto. Entre ellos, un estudio nacional de opinión pública elaborado recientemente por la Consultora Knack y la fundación Friedrich Ebert con resultados alarmantes. Sobre 877 mujeres, entrevistadas a nivel nacional, el 20 por ciento declaró haber sido víctima de alguna situación de violencia sexual. El porcentaje crece a 30 por ciento entre las jóvenes menores de 25 años de edad. La mayor parte de las situaciones de violencia sexual se registró en el ámbito del hogar, es decir –indica la consultora–, “con agresores conocidos y en muchos casos parientes de la víctima”.
Las dificultades para canalizar las denuncias también fueron relevadas por la encuesta: aunque se detectaron 61 casos de “víctimas de violación”, sólo 11 fueron objeto de una denuncia policial. El abanico de los casos denunciados, sin embargo, parece haber crecido desde 1999, cuando se modificó la figura penal de los “delitos contra la honestidad” por la definición de “integridad sexual”. Desde 1999 a 2003 las denuncias aumentaron un 19,8 por ciento.