Donde hubo fuego sólo quejas quedan. Algo parece definitivamente roto entre Carlos Menem y María Julia Alsogaray. Ayer, el ex presidente –incómodo de debatir semejante tema en los albores de una campaña electoral– sostuvo que “quizás la ingeniera Alsogaray tenga una confusión”, al ser consultado sobre la denuncia que hizo su ex polifuncionaria el fin de semana a través de una carta en la que aportó nuevos detalles sobre el modo y el monto de los fondos reservados que habría percibido durante su paso por la gestión menemista. La discusión entre estos dos viejos amigos podría ser el preámbulo de las citaciones a declaración indagatoria que realizará en estos días el juez federal Jorge Ballestero a prominentes ex funcionarios, empezando por Domingo Cavallo. Ballestero lleva una de las varias causas abiertas en las que se busca conocer el destino de los millones de dinero negro que circularon durante años por los despachos oficiales y que parece que, al menos en parte, finalmente saldrán a la luz.
Menem ofreció ayer una conferencia de prensa en La Rioja para hacer denuncias varias referidas a la interna del PJ provincial. Pero ni siquiera en su provincia pudo evitar que alguien le preguntara por los sobresueldos, un tema que por estos días tomó nuevos bríos. “No hubo”, respondió el ex. Y agregó aquello de la confusión de la hasta hace poco tan lúcida María Julia. “Quizás tenga una confusión porque existieron los gastos reservados, totalmente secretos, para distintas tareas del gobierno que existen desde hace décadas”, explicó.
Así, Menem hizo referencia a la ley secreta 18.302, que data de la época de Onganía, en 1969, que estableció la posibilidad de hacer uso de gastos de carácter reservado en el Estado. Pero –ese es error conceptual del ex presidente que muy probablemente termine acarreándole nuevos problemas judiciales– esos pagos debían ser para gastos de inteligencia y seguridad. Es cierto que la misma norma le daba al Poder Ejecutivo la facultad de disponer modificaciones presupuestarias y el destino de los saldos. Aunque, es obvio, no contemplaba la posibilidad de que esos fondos fueran a parar al bolsillo de los funcionarios.
Cuando declaró hace un mes ante el juez Julio Speroni, Menem aceptó la existencia de los fondos, pero aseguró que su gasto estaba “sujeto al albedrío y los principios éticos” del presidente y de los ministros. Como si se tratara de un cheque en blanco con el que uno podría optar por hacerle un regalo a la novia o pagarle un servicio de contraespionaje a un terrorista islámico.
Pato de la boda
Lo que está sucediendo con los menemistas es que, acorralados por causas de enriquecimiento ilícito, prefieren confesar que cobraban sobresueldos a convertirse en el pato de la boda. De esa forma las responsabilidades suben un escalón y la Justicia pasa a apuntar, principalmente, a los que pagaban. El peculado consiste en “la apropiación indebida de fondos públicos por aquel a quien está confiada su custodia”. Es un delito que tiene un máximo de 10 años de cárcel y mantiene en vilo a algunos ex funcionarios, ya que podría acarrear prisión efectiva.
“Nadie levantó la mano. Nadie preguntó ¿de qué sobre hablan?”, escribió María Julia en la carta en la que relató una reunión de gabinete en la que el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo les pidió a los funcionarios que declararan el “sobre” ante la AFIP. La Nación publicó la carta el sábado pasado en su correo de lectores.
La ex funcionaria está presa desde agosto de 2003 y los tiempos en que eran piel y uña con el ex presidente quedaron muy lejos. Con la misma soltura con que se colgaba las estolas en el clímax pizzachampanero, María Julia aparece resuelta a romper el pacto de silencio de un gobierno que se caracterizó por el manejo discrecional de los recursos, lo que podría augurar nuevas sorpresas. María Julia había declarado en su juicio oral que durante su gestión había recibido 622 mil pesos/dólares en gastos reservados. “La suma percibida por los secretarios era de 40 mil pesos y, hasta donde supe por los comentarios en gabinete, la de los ministros no bajaba de 100 mil pesos”, detalló ahora en su carta.
Pero María Julia no es la única. También en ocasión de su juicio oral, Roberto Martínez Medina, ex secretario privado del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, contó que a principios de cada mes iba a buscar a Jefatura de Gabinete el sobre para su jefe. Además involucró a otros ex funcionario como Alberto Mazza o Claudia Bello.
El ex ministro de Defensa Oscar Camilión también admitió la ensobrada práctica. Una ex funcionaria de Defensa, Lidia Gibellieri, fue más minuciosa y contó que todos los meses le entregaba en mano a Camilión el sobrante de los fondos reservados que se repartían entre las Fuerzas Armadas. El “vuelto” oscilaba entre los 20 y los 50 mil dólares.
Danza millonaria
Para tener una idea de los montos en juego, un trabajo realizado por el perito contable Alfredo Propritkin estableció que el total de los fondos reservados utilizados por el Estado en el período comprendido entre 1988 y 2001 fue de unos 4153 millones de pesos, de los cuales cerca del 70 por ciento correspondieron a la dispendiosa SIDE menemista. De acuerdo con el cálculo que realizó el perito a pedido de los fiscales que investigan esta causa, de esa suma se destinaron al pago de sobresueldos 466 millones de pesos/dólares. Suficiente para alegrar a unas cuantas novias.
A raíz de los dichos del ex secretario de Granillo, se abrió una causa que tramita en el juzgado federal de Ballestero. Hace rato que el fiscal Paulo Starc le elevó al juez varios pedidos de declaración indagatoria que por estas horas podrían ser resueltos. Se dice que el magistrado citaría a declarar a Granillo Ocampo, Camilión y a Domingo Cavallo, quien por primera vez aparecería implicado en una causa de este tenor.
La lista podría seguir. Las denuncias suelen generar nuevas acusaciones y reabrir viejas internas. Por ejemplo, el ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan dijo que durante su gestión no se repartieron sobres, pero dio a entender que habría que consultar a su antecesor, Eduardo Bauzá, mencionado por María Julia en su carta. Unos meses atrás, Gustavo Beliz había dicho lo mismo de su paso por el Ministerio del Interior, acusando a Carlos Corach.
Hay más expedientes en los que resultarían importantes las revelaciones que pudieran surgir de las futuras declaraciones de ex funcionarios menemistas.
El juez federal Daniel Rafecas lleva una causa paralela a la del pago de sobornos a senadores por la ley de reforma laboral en la que investiga el uso de los fondos reservados.
En tanto que el juez federal Guillermo Montenegro tiene a su cargo el expediente creado por unas declaraciones de Fernando de la Rúa. El ex presidente dijo que durante el menemismo jueces y periodistas recibían pagos de la SIDE.