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Dos días después de la liberación de María Julia Alsogaray, el rechazo y las sospechas continuaron. “A lo mejor su libertad, como dice el Presidente, es para acallar otras cosas”, interpretó Chiche Duhalde, sumándose al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que había hablado de un “perverso tufillo a impunidad”. Desde la oposición, en tanto, insistieron en acusar al Gobierno por formar parte del “sistema” que permitió la liberación de la ex funcionaria.
El miércoles, el Tribunal Oral Número 6 ordenó la excarcelación de María Julia, presa desde hacía 21 meses, con el argumento de que la prisión preventiva se debía aplicar sólo a casos muy especiales, en los cuales se comprobara un riesgo de fuga o un intento por obstruir la investigación.
La reacción de la opinión pública, que condenó masivamente la medida, por una vez coincidió con la de los dirigentes del Gobierno y la oposición, que subrayaron sus sospechas: la ex secretaria de Medio Ambiente fue liberada en medio de sus acusaciones por los sobresueldos.
Ayer Chiche Duhalde acordó con Néstor Kirchner, quien había sugerido que la excarcelación podría funcionar como un mecanismo para evitar que María Julia siguiera hablando. “A lo mejor es para acallar cosas. Si el elemento es el que dice el Presidente me alarma mucho”, explicó la diputada. Y se sumó a la polémica por la prisión preventiva. “Tenemos mucha gente presa que no ha sido condenada y mucha gente suelta que sabemos que es delincuente. Acá lo que no funciona es la Justicia, que es la única que puede poner orden y decidir que haya premios y castigos”, concluyó.
“Es una situación llamativa”, respondió Aníbal Fernández cuando lo consultaron por el tema. “Si alguna vez se tomó la decisión de privarla de la libertad es porque había semiplena prueba para ello. Y, si de golpe y porrazo se la libera, a cualquier ciudadano común, incluso al ministro del Interior, le queda un tufillo a impunidad. Se dio después de ventilarse todas las causas, y en ese ventilar se exhibieron un montón de conductas reprochadas. Tengo que inferir que lo que en algún momento motivó la detención era cierto. Y por eso es absolutamente desagradable ver esa acción que exhibe características de impunidad”, concluyó.
El juez que en su momento ordenó detener a María Julia, Rodolfo Canicoba Corral, se sumó a las críticas. “El Tribunal Oral consideró que todas las personas pueden esperar el juicio en libertad. Según mi opinión, no tendría que haber sido excarcelada; pero bueno, respeto la decisión del tribunal que la va a juzgar”, señaló el magistrado, que había ordenado la detención de la ex polifuncionaria en el marco de la causa que investiga irregularidades en la refacción del edificio de la Secretaría de Recursos Naturales.
En medio de la polémica, que se reavivó por la liberación del empresario Omar Chabán en la causa por la masacre de Cromañón, algunos dirigentes opositores insistieron en involucrar al Gobierno en el escándalo. El diputado del ARI, Adrián Pérez, coincidió con Elisa Carrió en que la liberación de María Julia es parte de un “sistema” integrado también por los actuales funcionarios. El diputado Luis Zamora fue incluso más allá y formuló una denuncia contra todos los integrantes de los bloques del PJ y el radicalismo durante los años ’80 y ’90, alegando que los legisladores también cobraron sobresueldos: entre otros, señaló al ministro de Defensa, José Pampuro; al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y al dirigente del ARI Carlos Raimundi.
Desde otra vereda política, el sindicalista Luis Barrionuevo aprovechó la ocasión para embarrar la cancha. “El que debe saber todo esto es Alberto Fernández, que es el jefe de Gabinete. El fue funcionario del que estaría imputado de pagar los sobresueldos y el que le daría las órdenes era Domingo Cavallo”, dijo Barrionuevo.
Mientras tanto, la causa por los sobresueldos sigue su curso. Ayer, el ex funcionario Santiago Lozano, un ex ucedeísta amigo de María Julia, no se presentó a la audiencia alegando problemas de salud. El lunes, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión deberá acercarse al juzgado para ratificar sus declaraciones anteriores, en las que aseguró que cobraba un “plus” de 30 mil pesos mensuales.