[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Aníbal Ibarra no dejó pasar mucho más que dos horas desde que se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones que dispuso la excarcelación de Omar Chabán, para fijar su posición al respecto. “Es una decisión difícil de explicar y más difícil de digerir”, señaló, además de advertir que “la libertad de Chabán choca contra la gravedad del hecho calificado como homicidio doloso con 193 víctimas”. Ibarra reaccionó con premura porque analizó que una vez que la indignación de los familiares de las víctimas de República Cromañón cobrara forma de protesta, no le quedaría mayor margen para hacer declaraciones. Su opinión terminante en contra de la liberación de Chabán también tiene explicación: en el gobierno porteño evalúan que esa medida judicial “genera un sentimiento de impunidad” que podría complicarlos.
En la Jefatura del Gobierno de la Ciudad se enteraron de la excarcelación de Chabán diez minutos antes de que la noticia empezara a ser difundida por los medios de comunicación. Apenas fue puesto al tanto de la novedad, Ibarra abrió una ronda de consultas con sus colaboradores más cercanos que terminó en la redacción de un comunicado de prensa, en el cual manifestó su parecer sobre la liberación del empresario.
“Es una decisión difícil de explicar y más difícil de digerir. Este fallo es revulsivo para los familiares y si bien es una decisión judicial que debe acatarse, esto no significa que deba compartirse”, afirmó Ibarra en el texto. Remarcó, además, que “la libertad de Chabán choca contra la gravedad del hecho calificado como homicidio doloso con 193 víctimas” y también “contra la intención de fuga que tuvo Chabán cuando en el medio de la tragedia se escapó y recién lograron detenerlo varios días después”.
Los hombres del gobierno porteño con los que Ibarra analizó los pasos a seguir, frente a la decisión de la Sala V de la Cámara del Crimen de concederle la excarcelación a Chabán, fueron el jefe de Gabinete, Raúl Fernández; el subsecretario de Comunicación, Daniel Rosso, y su vice Jorge Telerman. En el par de horas que pasaron desde que se enteró de la noticia hasta que se difundió el comunicado con su posición, Ibarra habló con ellos por teléfono y también en su propio despacho.
Después de que Ibarra hizo pública su opinión salió también Telerman a dar la suya por vía de otro comunicado. “Lamento profundamente una decisión que va en sentido contrario de la imperiosa necesidad que todos tenemos, pero esencialmente las instituciones públicas, de contener el dolor y acompañar en la búsqueda de Justicia a quienes han surgido las consecuencias de la peor tragedia de la historia de nuestra ciudad”, sostuvo el vicejefe de gobierno. También expresó a los familiares de las víctimas su “solidaridad y estupor frente a esta situación que los ha envuelto en angustia y bronca” y dijo comprender y compartir “la desazón y el desaliento que hoy los embarga”.
La lectura que con rapidez hicieron en el gobierno porteño fue que la liberación de Chabán sería interpretada como un sinónimo de impunidad. Las palabras de Ibarra y Telerman apuntaron a instalar la idea de que ellos figuran entre los primeros interesados de que se haga Justicia para que la tragedia de República Cromañón no quede impune.
Más allá de que todo lo relativo al incendio del boliche de Once los deja en una situación compleja, en la jefatura de gobierno tenían la impresión de que los procesamientos de la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y de los otros ex integrantes de esa área “le habían dado un cauce institucional al malestar” de los familiares de las víctimas y acotado también los movimientos de la oposición. “Las movilizaciones que se dieron en Catamarca por lo de María Soledad y en casos similares en otras provincias fueron masivas porque allí se bloquearon los canales institucionales –razonó ante Página/12 un importante funcionario porteño–. Acá, en cambio, la Justicia avanzó en el proceso y el Ejecutivo aportó cada elemento que le fue requerido.”A Ibarra y a sus colaboradores les preocupa que “la decisión de la Cámara lleve a que se ponga en duda la actuación de la Justicia porque genera un sentimiento de impunidad”.