Por R. K.

Un nuevo round, de singular y creciente virulencia verbal, mantuvieron ayer representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial en torno del controvertido fallo que habilita la excarcelación del empresario Omar Chabán, principal imputado por el incendio en República Cromañón, que provocó 193 muertes. Trece integrantes de la Cámara del Crimen votaron una acordada en la que sostienen que las críticas públicas del presidente Néstor Kirchner y varios de sus ministros son presiones inadmisibles para que “los jueces fallen conforme al clamor popular”. La frase tiene una intencionalidad histórica ya que, recordaron los camaristas, durante el Tercer Reich existía la consigna de que los jueces debían fallar en función del clamor popular. La acordada sostiene que “acusar a los jueces de ‘exceso de garantismo’, ‘falta de sentido común’ o ‘insensibilidad del sentir del pueblo’, significa, en buen romance, pedirles que resuelvan en una dirección preordenada. Es un hecho de suma gravedad institucional y capaz de poner definitivamente en jaque a la administración de justicia”. Desde la contraparte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó que se haya “invadido el poder jurisdiccional” y les reconoció a los jueces “todo el derecho” a deplorar los dichos de los funcionarios del Gobierno.
“Que la deplore –contestó Fernández en referencia a la acordada que le apuntó a la posición del Ejecutivo–. Yo voy a seguir haciendo lo que pueda para defender la situación de la seguridad interior. Tiene (la Cámara del Crimen) todo el derecho del mundo a decir lo que quiere. Yo voy a seguir haciendo lo que siento que pueda hacer en beneficio de evitarle conmociones a la sociedad.” La respuesta del ministro del Interior salió al cruce no solo de los miembros de la Cámara del Crimen, sino también del ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los hombres elegidos por el presidente Kirchner para cambiarle la cara “menemista”. Zaffaroni (ver aparte) le pidió al poder polìtico “no exacerbar a la opinión pública” y “no tratar de conseguir votos sobre una desgracia pública de esta magnitud”, aludiendo al desastre ocurrido en Cromañón. También expresaron su rechazo a las expresiones del Ejecutivo los presidentes de seis cámaras nacionales y federales del Poder Judicial.
Los integrantes de la Cámara del Crimen argumentaron que el Presidente, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior no opinaron como abogados y que en modo alguno son percibidos por la sociedad como ciudadanos comunes. “El Presidente dijo que Chabán tiene que estar preso, por lo que cabe preguntarse cómo se pueden sentir los jueces que, supongamos, reemplacen a (Gustavo) Bruzzone y (María Laura) Garrigós de Rébori”, razonaron los miembros de la Cámara, aludiendo al futuro de la causa.
Una buena parte de los camaristas, aunque en lo personal disienten con el fallo de los dos jueces, dado que en forma reiterada han votado de otra manera en los casos en los que tuvieron que resolver, consideran de todos modos a Malala, el apodo de Garrigós, y al Negro, el de Bruzzone, como magistrados honestos que fallaron de acuerdo a sus convicciones.
“Bruzzone y Garrigós le han puesto un límite a la presión de los políticos, los medios y la gente. No estamos ante un fallo corrupto, porque ambos son intachables. Si esto sale mal, si se impone la presión, se termina la justicia. Estamos ante un hito para la sociedad”, fue una de las definiciones que se escuchó en la reunión de los camaristas. Una parte de ellos admite que el Ejecutivo, con seriedad, sin declaraciones rimbombantes, de manera institucional, podría haber anunciado que le pediría al procurador que impulsara la apelación al fallo.
Ese hubiera sido un camino muy diferente a que el primer mandatario diga públicamente que el fallo “es un cachetazo a la sociedad”, un término considerado inadmisible por los magistrados. Los camaristas aseguraron que la “postura de presunta solidaridad” de los funcionarios con las familiasde las víctimas de Cromañón “incuestionablemente es tendenciosa y sacada del marco jurídico-institucional, tal vez para evitar constituirse en objeto de la ira popular de la cual hubo, en la historia reciente de nuestro país, numerosas manifestaciones”.
Por ese motivo estimaron que “es necesario reafirmar las instituciones de la República, respetando la Constitución y la estricta división de poderes que ella determina. Una sociedad sin justicia ni jueces puede ser el escenario de graves enfrentamientos, hasta llegar al caos y la guerra civil”, concluye la acordada.
Aunque nadie se atrevió a plantearlo en la reunión, circuló la idea de que todos los camaristas pidieran licencia por considerar que en este clima “es imposible impartir justicia”. Otra idea que se barajaba era la de pedir que se expidan los tribunales de ética de las universidades en las que se recibieron los funcionarios cuestionados.
Frente al cuestionamiento de los magistrados, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó que el Gobierno haya “invadido el poder jurisdiccional” y señaló, en cambio, que siempre “se mantuvo en el marco de la ley”. La Cámara del Crimen llamó a los funcionarios del Ejecutivo “a respetar la división de poderes, aun cuando el Poder Judicial pueda aparecer como el más débil e indefenso”. Los jueces, que sesionaron bajo la presidencia de Carlos Elbert, consideraron que las expresiones del Ejecutivo “son de suma gravedad institucional y capaces de poner definitivamente en jaque a la administración de Justicia”.
En igual sentido se manifestaron los presidentes de seis cámaras nacionales y federales de Justicia. “Más allá del juicio que puedan merecer las decisiones en cuestión, implican un avance inaceptable sobre las potestades propia de los jueces y afectan la independencia del Poder Judicial, base misma del sistema republicano que consagrara nuestra Constitución”, expresó la nota firmada por José Ruiz Díaz, de la Cámara Nacional del Trabajo; Juan Carlos Poclava Lafuente, de la Cámara Federal de Seguridad Social; Carlos Alberto Elbert, de la Cámara del Crimen; José Luis Monti, de la Cámara Nacional en lo Comercial; Eduardo Duraschi, de la Cámara Federal Criminal y Correccional, y Luis César Otero, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Los jueces consideraron “imprescindible reafirmar una vez más la necesidad de preservar la actividad jurisdiccional de toda injerencia proveniente de otros poderes del Estado”, y comunicó ese posicionamiento a la Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos miembros también dejaron trascender sus cuestionamientos al poder político por la catarata verbal que siguió al fallo sobre la excarcelación de Omar Chabán.