La “mesa de trabajo” bonaerense conformada para analizar cambios en la legislación sobre la detención de personas en la provincia de Buenos Aires fijó un plazo de 30 días para elaborar las propuestas y conclusiones vinculadas a la cuestión.
Así quedó establecido durante la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por la vicegobernadora bonaerense, Graciela Giannettasio, en la que participaron legisladores, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo provincial y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos. La reunión fue el primer paso para cumplir con una reciente exhortación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirigida a adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales internacionales.
“Hubo reflexiones respecto del pronunciamiento de la Corte y respecto de la exhortación a la Legislatura provincial para la adecuación de aquellas normas que estén reñidas con la Constitución nacional y con los tratados incorporados a la Constitución. Esto tiene que ver fundamentalmente con las condiciones en que se encuentran los detenidos”, señaló Giannettasio. “La idea de reunir a los académicos y a los que tienen más autoridad en esta materia es para darle sentido a cada una de las instituciones procesales”, precisó.