La Comisión de Juicio Político firmó el dictamen de acusación contra los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia. La decisión, que cuenta con varias firmas de legisladores del PJ, abrió en el bloque oficialista un áspero debate que, como anticiparon representantes de varios sectores internos de la bancada, puede derivar en la fractura de la representación justicialista. La posibilidad no es menor; los menemistas –defensores de la Corte– la blanden en un intento por frenar el juicio político. En el resto de las corrientes internas del peronismo reconocen que el quiebre puede producirse. El debate oficial comenzará el martes de la próxima semana.
Una vez que el presidente de la comisión, Sergio Acevedo (PJ-Santa Cruz), anunció que el dictamen acusatorio se iba a firmar el menemismo renovó su presión para evitar que sucediera. Manuel Baladrón, integrante de la comisión y de la mesa de conducción del bloque, llegó ayer al tercer piso del anexo de Diputados para tratar de convencer a los díscolos peronistas que desistan de firmar el dictamen y, fundamentalmente, sacarlos de la reunión para que la comisión no pueda sesionar por falta de quórum. Estaba en medio de esa tarea cuando Acevedo anunció que comenzaba el encuentro y el menemista, falto de reflejos, se quedó. En vez de perjudicar a sus colegas terminó favoreciendo el quórum. Al santacruceño se le escapó una leve sonrisa.
Así fue que además de Acevedo los justicialistas que acompañaron el dictamen fueron el tucumano Ricardo Falú y el cordobés Guillermo Johnson. También lo había hecho Franco Caviglia, pero luego se arrepintió. Sus colegas de la mesa del bloque le recordaron el viejo compromiso de debatirlo primero en la bancada antes de emitir dictamen. Caviglia terminó rogando para que le sacaran su firma. “Firmo por convicción” dijo primero. Luego, pidió que suprimieran su rúbrica.
El otro peronista que forma parte de la comisión es el cordobés, delasotista, Eduardo Di Cola, quien junto a Falú redactó el dictamen referido al corralito financiero, pero postergó su rúbrica hasta la semana que viene. Espera hasta tanto el bloque fije posición.
Con las firmas aún frescas, el menemismo almorzó con el presidente del bloque oficialista, Humberto Roggero. En la comida, la riojana Alejandra Oviedo, le advirtió sobre los peligros de avanzar con el juicio político: “Es un suicidio, es una inyección letal para las instituciones, para el sistema democrático”, le repitió con vehemencia. Roggero mantuvo un largo silencio cuando a la riojana le dijo que hay 40 voluntades que respaldan su posición y que intentarán conseguir sumar otros tantos para evitar que los que promueven el juicio político consigan los dos tercios de los votos. Antes de finalizar le dijo lo más importante, le recordó que si el dictamen cuenta con el apoyo del bloque, provocaría el quiebre.
“Todo esto responde a la estrategia electoral del ARI”, aseguró horas más tarde Oviedo a Página/12. Luego dijo que la actitud de Acevedo está en la misma sintonía del ARI, porque el gobernador Néstor Kirchner quiere ser presidente. Pero no se quedó conforme, terminó comparando la estrategia de Elisa Carrió con la de “aquellas ballenas que se suicidan en las playas de la Patagonia”. La menemista espera que el resto de los diputados del bloque “no se suiciden”.
La riojana asegura que el dictamen cayó muy mal en el bloque. No es lo que opinan otros.
Por ejemplo, los reutemistas prefieren la cautela. Dicen que hay que esperar el debate que se producirá el martes próximo, evaluar los argumentos y escuchar a los miembros de la comisión. Sin enojarse, recuerdan el compromiso asumido de discutir primero antes de firmar el dictamen, pero nada dicen sobre la posibilidad de abandonar el bloque. Los cordobeses, por ahora, mantienen silencio. Los duhaldistas, en tanto, intentan bajarle los decibeles a la cuestión. José María Díaz Bancalari reconoció que “la fractura sobrevendrá si los sectores que amenazan con romper tienen la voluntad de hacerlo”. Los más oficialistas de los justicialistas es que se encuentran en una situación difícil. Por un lado, no quieren quedar como defensores de la Corte al no favorecer la acusación. Pero al mismo tiempo no quieren hacer más olas con los cortesanos quienes tienen en sus manos la definición de constitucionalidad de la ley Tapón, la que frena los recursos de amparos para sacar dinero del corralito. Por lo demás, es ostensible que en la Casa Rosada han perdido todo interés en que avance el proceso contra los cortesanos.
Díaz Bancalari, por caso, dice estar convencido de que hay que enjuiciar a la Corte, pero “antes hay que escuchar los argumentos de la comisión”. Lo extraño es que el duhaldista es uno de los integrantes de la comisión. Y, le guste o no, será uno de los que deba pulsear con los menemistas para que la Corte no le cause una nueva herida al Gobierno.