“La derogación de los indultos tiene que ser el paso que sigue.” Rápido de reflejos, el jefe del Ejército, Roberto Bendini, se apuró a hablar del tema que inevitablemente escolta a la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. “Hay que juzgar y condenar a los responsables, no sea cosa que vayan presos los subtenientes y los de mayor jerarquía y de plena responsabilidad queden en libertad”, sorprendió el general. La vigencia de los indultos del menemismo que exculparon a más de 200 militares, incluidos los ex comandantes, es el único obstáculo que queda pendiente para el pleno juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La Corte Suprema ya tiene en sus manos la posibilidad de anularlos, siguiendo los pasos que dieron varios tribunales inferiores. También hay proyectos para invalidarlos desde el Congreso.
Bendini buscó dejar sentado ante la sociedad que el Ejército se subordina al orden democrático. Pero entre líneas se lee una dedicatoria hacia las filas militares por la situación de inequidad que genera el reciente fallo de la Corte en relación a los jefes que siguen beneficiados por el indulto. “Hasta que los hechos no se conozcan, no se aclaren y se juzguen no se podría llegar a la verdad y las heridas quedan abiertas”, avanzó el jefe del Ejército. En igual sentido habló su antecesor y actual embajador en Colombia, Martín Balza. Celebró la resolución suprema que invalidó las leyes de impunidad, pero agregó que “para eliminar el sentimiento de impunidad” aún “falta la anulación de los indultos”.
A la anulación de los indultos que firmó Carlos Menem en 1989 y 1990 se podría llegar por la vía política o por la judicial. Esa medida permitiría la reapertura de viejas causas contra represores por su participación en el terrorismo de Estado y el avance de algunos expedientes que aún encuentran trabas. La inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida que declaró la Corte marcó la continuidad de un camino que ya habían comenzado a trazar otros tribunales inferiores y el Congreso, la invalidez de los indultos terminaría de cerrarlo.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que ignora si el presidente Néstor Kirchner analiza impulsar la anulación de los indultos pero afirmó que “es un tema a estudiar”. “Los indultos deben merecer un reproche moral semejante al de estas leyes (de impunidad)”, evaluó. “Es un resabio monárquico que tiene la Constitución”. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, se plegó: que “hay que analizar” qué hacer con los decretos del menemismo, sostuvo, “a la luz de los que conocen a fondo el derecho”.
El Gobierno tiene diversos rumbos posibles. Podría alentar la sanción de una ley en el Congreso, donde de hecho hay proyectos –algunos antiguos como el de Patricia Walsh– para derogar los indultos (ver aparte). Voces cercanas a la Casa Rosada dicen que eliminarlos por medio de un decreto es otra alternativa, aunque poco recomendable. También podría instruir a, por ejemplo, su Secretaría de Derechos Humanos para que se presente en algunos expedientes judiciales y reclame la inconstitucionalidad. La cuestión tiene, a la vez, sus aristas políticamente complejas, ya que el oficialismo quedaría en una encrucijada en relación a los indultos que beneficiaron a ex integrantes de organizaciones guerrilleras.
Los indultos ya fueron declarados inconstitucionales en, al menos, cuatro causas penales:
- En la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA, el juez federal Sergio Torres invalidó el perdón concedido a los represores Antonio Vañek y Julio Antonio Torti. El expediente está a estudio de la Sala II de la Cámara Federal.
- En la megacausa sobre el Primer Cuerpo de Ejército, tomó la misma medida el juez Rodolfo Canicoba Corral en relación a Carlos Guillermo Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ y Jorge Olivera Rovere. La decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y el caso llegó hace dosmeses a la Cámara de Casación Penal, que tiene por costumbre entorpecer las pesquisas sobre derechos humanos. Si se demora en fallar, la Corte podría tomar la sartén por el mango como hizo con el llamado caso Poblete para invalidar las leyes de impunidad.
- En Rosario, el juez Omar Digerónimo firmó la inconstitucionalidad de los indultos del ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone y del ex jefe de la policía santafesina Carlos Ramírez.
- En Córdoba, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, a cargo de las investigaciones sobre las aberraciones ocurridas en el área del Tercer Cuerpo de Ejército, planteó la inconstitucionalidad del indulto que favoreció a Luciano Benjamín Menéndez. Su pedido fue rechazado y ahora está en la Cámara Federal cordobesa. Si le dan la razón, dijo ayer, “se podrá reabrir la causa madre en Córdoba y volver a procesar a Menéndez”.
- En otros puntos del país hay expedientes con indultos en juego pero pendientes de resolución. Uno de ellos es el que se tramita en Resistencia, Chaco. Otro de ellos está radicado en la Cámara de San Martín.
Hasta ahora los jueces que resolvieron que los indultos son inconstitucionales lo hicieron con argumentos similares a los que usó la Corte para invalidar las leyes del olvido. Es decir, los consideraron violatorios de los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y de las directivas que surgen de los fallos de la Corte Interamericana, que son de aplicación obligatoria. Ese tribunal ha establecido que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables y los Estados tienen la obligación de investigarlos y castigarlos. Otros fundamentos consideran que los indultos violan la división de poderes.
Los vericuetos judiciales, en definitiva, conducen finalmente a la Corte. Allí siete jueces ya expusieron esta semana surtidos argumentos –al parecer– aplicables al debate sobre los indultos, un ítem que no fue ajeno durante los debates internos sobre las leyes de impunidad. Los supremos pueden esperar que llegue a sus despachos alguna de las megacausas sobre derechos humanos. Pero si quieren apurarse tienen hace rato un expediente sobre desaparición de ciudadanos alemanes en el cual el Estado alemán reclamó, junto con la extradición de Suárez Mason, Durán Sáenz, Sasiaiñ, la inconstitucionalidad de los indultos.