A partir de hoy, a las 14, el suspendido juez Juan José Galeano intentará subir una empinada cuesta: comienza la etapa final del juicio político en el que el magistrado intentará evitar su destitución por las gravísimas irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la AMIA. Galeano viene de dos resultados adversos difíciles de revertir: en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votaron seis a cero el informe de cargos en su contra y en el plenario del Consejo también la acusación obtuvo 16 votos, mientras que sólo un consejero se puso del lado de Galeano. El punto clave de la imputación es la operación por la cual se le pagaron 400.000 dólares en forma ilegal y clandestina al principal acusado en ese momento, el armador de autos truchos Carlos Telleldín, pero hay otros cargos como la destrucción de pruebas, el armado de legajos paralelos que ocultó a algunas de las partes y la intervención ilegal de teléfonos. Habrá 50 testigos, entre ellos el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, secretarios del juzgado, policías, familiares de las víctimas y legisladores. Galeano aduce que no tuvo derecho a la defensa (ver aparte) y su estrategia consiste en demorar el juicio todo lo posible. Es que si no se vota su destitución antes del 9 de agosto se mantendrá en su cargo.
El juicio político fue impulsado principalmente por los integrantes de la agrupación de familiares de las víctimas, Memoria Activa, y por la diputada Nilda Garré. Luego se sumaron otros protagonistas, pero todo tomó mayor envión después de que el Tribunal Oral absolviera a todos los acusados por Galeano y se explayara en durísimos términos contra la actuación del juez y de todo el gobierno de Carlos Menem. La conclusión del Tribunal fue lapidaria: tildó la investigación como una gigantesca maniobra destinada a satisfacer “oscuros intereses de políticos inescrupulosos”.
El Jury de Enjuiciamiento está integrado por nueve miembros. Lo preside el vicepresidente de la Corte Suprema, Augusto Belluscio, y completan el cuerpo dos senadores, un diputado, dos jueces y tres abogados. De ellos, por lo menos seis, es decir dos tercios, deben votar contra Galeano para que se concrete la destitución. Como fiscales actuarán la diputada Marcela Rodríguez, del ARI, y el abogado Beinuz Szmukler, quienes redactaron el dictamen en la Comisión de Acusación. El plazo del 9 de agosto es constitucional, por cuanto la Carta Magna establece que si un juez no es removido 180 días después de votado el juicio político, debe ser repuesto en su cargo.
La estrategia de Galeano consiste, justamente, en demorar las cosas lo máximo posible. De entrada presentó un listado de testigos nunca visto: incluía un escritor israelí para que hable sobre el conflicto de Medio Oriente, el ex secretario de Estado norteamericano Warren Christopher, ex embajadores de Israel, ex directores del FBI. También pidió la inclusión en el expediente de varias causas de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires, exhortos a Panamá sobre un atentado contra un avión, oficios incluso a un cibercafé de Alemania, y la revisión de todos los artículos sobre el caso de Página/12, no menos de mil. El jury desestimó la mayor parte de las pruebas, básicamente porque no servirían para esclarecer por qué pagó los 400.000 dólares y por qué el juez ordenó, por ejemplo, la quema de videos –admitida por él mismo– en los que se grabó en forma clandestina a imputados en la causa del atentado.
El otro síntoma de que la táctica del juez es dilatoria se vio cuando el jury trató con su abogado, el defensor oficial Mariano Patricio Maciel, cómo se iniciarían las sesiones. En general, para aligerar las cosas, tanto los fiscales –en este caso Rodríguez y Szmukler–, como la defensa, aceptan que no se dé lectura a los escritos de acusación y defensa, dado que supuestamente ambos textos ya han sido leídos más de una vez por los integrantes del jury. Rodríguez y Szmukler aceptaron ese criterio, pero Galeano no sólo rechazó que no se lea su escrito de defensa sino que exigió que también se lea el de los fiscales. Por lo tanto, hoy, a partir de las 14, se iniciará la lectura de los textos. Se calcula que recién mañana por la tarde se terminará de leer la acusación formulada por Rodríguez y Szmukler, mientras que el miércoles o tal vez el jueves concluya la lectura del escrito de la defensa de Galeano.
En ese momento, el magistrado tiene derecho a hablar. Puede hacerlo en ese momento o después de los alegatos finales o en ambos casos. Lo usual es que el juez imputado haga uso de la palabra al final, pero ya en la Comisión de Acusación se vio que Galeano usó nada menos que siete sesiones para defenderse, algo que constituyó un record. Esta vez podría hacer lo mismo, aunque posiblemente los integrantes del jury le cedan la palabra y la sesión en la que esto ocurra se extienda toda una noche hasta que el juez termine.
A partir del jueves, se pondrá en marcha la ronda de testigos. Son 50 en total, a un promedio de ocho por día, incluyendo el sábado y el domingo próximos. En la última jornada, la del 28 de junio, contestarán preguntas Anzorreguy y la mayoría de los agentes de la SIDE que participaron de la operación en la que se le pagaron los 400.000 dólares a Telleldín. Galeano argumentará que todo eso fue cosa de la SIDE, pero existen numerosas pruebas y testimonios que demuestran que él participó directamente de la maniobra, negoció el dinero con Telleldín y luego mantuvo todo en secreto, sin dejar rastro en el expediente. El ángulo que defenderá el magistrado es que los policías bonaerenses que él inculpó, son efectivamente culpables de haber colaborado con el atentado, pero el Tribunal Oral, que según su óptica estuvo integrado por jueces que estaban a favor de los uniformados, saboteó su acusación. Es más, el intento de incluir en las sesiones del jury la trascripción de fallos de esos jueces justamente tendía a demostrar ese supuesto favoritismo de los magistrados con la Policía Bonaerense. Esa óptica tiene pocas posibilidades de prosperar: hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que tuvo un veedor a lo largo del juicio, dictaminó que no hubo nada anormal en el proceso de juicio oral y el propio Estado argentino, en una audiencia con Memoria Activa ante la CIDH, terminó admitiendo su responsabilidad en el armado de una pista falsa.
Más allá de las estrategias de Galeano, lo cierto es que el Jury de Enjuiciamiento tendrá que tomar una decisión, sí o sí, antes del 9 de agosto. El cuerpo tiene facultades para suprimir testigos, acortar sesiones y ponerle límites de tiempo a las exposiciones. Lo más probable es que el juez Galeano termine destituido, pero puede ocurrir que el jury decida lo contrario. Lo único que no puede pasar es que el 9 de agosto no haya decisión y Galeano continúe en su cargo, porque se venció el plazo. Ese sería otro escándalo mayúsculo en la escandalosa historia del caso AMIA.