El juez Galeano se dirigió al jury para sostener que “mi enjuiciamiento político, se ha convertido en una cuestión de Estado, por lo que procuran no dejarme espacio para realizar mi debida defensa”. El magistrado sugiere que ya está condenado y que las sesiones del jury son sólo una apariencia para dictar una resolución cantada: su destitución.
El juez hizo este planteamiento como protesta porque no le aceptaron la interminable lista de testigos y pruebas pedidas por él y su defensor y que constituían un record en la historia de los juicios políticos. El jury tiene facultades para efectuar ese recorte, sobre todo teniendo en cuenta que Galeano pedía que se libren exhortos a numerosos especialistas en la guerra del Medio Oriente y la lucha contra el terrorismo, cuando lo cierto es que –en el juicio político– está acusado de cosas muy distintas como quemar videos de interrogatorios a imputados, impulsar el pago clandestino a Telleldín, armar legajos secretos, y cometer gravísimas irregularidades: –el Tribunal Oral habla de privación ilegal de la libertad y torturas– con personas que declararon en la causa AMIA.
El juez argumenta que se trató de un caso especial, de terrorismo, que no se podía investigar como un hecho delictivo común. Por ello quería opiniones de diplomáticos y especialistas de Estados Unidos, Israel, Alemania, Suiza, Panamá, España y Uruguay. Como no le concedieron la citación de tantos testigos ni el agregado de una cantidad inconmensurable de causas judiciales anteriores, por considerar el jury que se trata de elementos “vagos e imprecisos”, Galeano sostiene que lo privan del derecho a la defensa. Desde ya plantea que llevará su caso a la OEA.
Galeano ha utilizado siete sesiones de la Comisión de Acusación para exponer, algo que no ocurrió con ninguno de sus antecesores. Se le aceptó un listado de testigos y pruebas, que también supera a los casos tratados por el jury hasta ahora. Pero aún así, el magistrado considera que se lo ha dejado con poco espacio para la defensa.