El Fondo Monetario volvió a poner a la Argentina como ejemplo para el mundo. Pero no por su condición de alumno más aplicado, como ocurría en los ’90, sino por ser el peor. Por primera vez en más de cincuenta años de historia, el organismo aplicó una cláusula que obliga al país a pasar un examen previo de su directorio para poder aspirar no ya a un acuerdo, sino a iniciar negociaciones para tal fin. Sería una suerte de repechaje que hay que superar para clasificar para el campeonato. La buena noticia para el Gobierno es que logró ese objetivo. Por lo tanto, ahora arrancarán formalmente las conversaciones para definir un nuevo programa de asistencia financiera.
No fue fácil llegar hasta allí. En la reunión de directorio de ayer en Washington se discutió un largo rato sobre la posibilidad de negar cualquier posibilidad de acuerdo. Así lo plantearon los representantes de Italia y Japón, quienes argumentaron que las autoridades argentinas no hicieron ningún gesto de acercamiento que mereciera ser reconocido con el apoyo del organismo. La posición conciliadora de Estados Unidos y Alemania fue determinante para torcer la decisión en favor de Argentina. La administración Bush “entiende que tenemos un programa coherente, con una solvencia macroeconómica inédita para el país”, señaló a Página/12 una alta fuente del Palacio de Hacienda.
El mismo funcionario aseveró que “tendremos un acuerdo con el Fondo”, aunque no se atrevió a pronosticar si será antes o después de las elecciones de octubre. El convenio será bastante modesto. El FMI no hará ninguna apuesta en favor del programa económico que vienen aplicando Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, sino que apenas otorgará una refinanciación del 70 por ciento de los vencimientos del país con el organismo. Es decir que el Gobierno seguirá cancelando deuda con el Fondo. Entre enero y mayo, se hicieron pagos netos al FMI, al Banco Mundial y al BID por 2754 millones de dólares, según la información oficial.
La reunión de directorio duró varias horas. El representante argentino ante ese cuerpo, Héctor Torres, se defendió ante los ataques “durísimos” de italianos –sobre todo– y japoneses. Les dijo que es incomprensible que cuestionen a la actual administración cuando logró consolidar niveles de superávit fiscal y comercial muy importantes, inalcanzables para otros gobiernos anteriores que el FMI se cansó de elogiar. Un funcionario argentino con sede en Washington comentó a Página/12 que al Fondo, cuya sigla en inglés es IMF (International Monetary Fund), se lo apoda “It’s mainly fiscal”, porque lo único que le importa es el resultado fiscal. Por lo tanto, “al directorio le resulta difícil explicar tanta severidad con Argentina”, señaló, para concluir que finalmente aceptará firmar un acuerdo.
Antes habrá que pasar una negociación agotadora. La principal objeción del Fondo en este momento es a la política monetaria. El organismo pretende que el Banco Central deje de intervenir en el mercado cambiario para sostener la cotización del dólar, porque la emisión de pesos sería inflacionaria. Es una exigencia que va en sentido opuesto al principal objetivo de política económica del Gobierno, que es mantener un dólar alto para promover el desarrollo de las actividades productivas. La discusión en este terreno aparece como la más difícil de superar, según sostienen cerca de Lavagna. El segundo escollo en importancia es el reclamo para elevar el superávit fiscal de 3 a 4 puntos del PIB.
En cambio, en Hacienda aseguran que puede haber arreglo en relación a los otros reclamos del Fondo. Uno de ellos es “tener una estrategia” para terminar la disputa con los acreedores que rechazaron la oferta de reestructuración de deuda. El ministro de Economía acepta que en algún momento la Argentina se sentará a discutir con los holdouts, pero afirma que se definirán estrategias diferentes según el tipo de bonista –una cosa son los fondos buitre y otra los pequeños inversores italianos, japoneses o alemanes– y que la solución llevará tiempo. En cuanto a los aumentos de tarifas de las privatizadas, el Poder Ejecutivo está dando pasos en esa dirección, sólo que deja la mayor parte de los incrementos para después de las elecciones. En especial, los de los usuarios residenciales que están programados para el 2006. El obstáculo en este caso es que el FMI reclama que el Gobierno asuma compromisos por escrito y éste no lo acepta.
La lista de exigencias del Fondo incluye un cuestionamiento a los llamados “impuestos distorsivos”, como las retenciones y el impuesto al cheque. Al respecto, Lavagna escribió en el avance al Congreso del Presupuesto 2006 que “estudiará su impacto” y no descarta una reducción o la eliminación. De todos modos, el ministro no pondrá en riesgo la recaudación impositiva, lo que supuestamente debería valorar el Fondo, que insiste con aumentar el superávit fiscal. Por último, el FMI volverá a mencionar que debe aprobarse una nueva ley de coparticipación federal. A partir de ahora, que el directorio dio el visto bueno para empezar las negociaciones, todos esos temas marcarán la relación con Washington.