El sector más conservador del Consejo de la Magistratura fracasó ayer en su intento de que el plenario votara fijar un plazo de prescripción de dos años en las investigaciones a los jueces. Los consejeros que más militan en esa idea terminaron aceptando invitar a la próxima reunión, para que exponga su punto de vista, a un grupo de ONG que mandó una carta quejándose por los riesgos que vislumbran. La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), por su lado, advirtió que “ante las denuncias existentes los más beneficiados por la iniciativa serían los jueces federales menemistas, los mismos que han generado que la Justicia tenga hoy la peor imagen de su historia”. La polémica quedó abierta.
Si comienza a regir el sistema de caducidad unas cincuenta causas podrían caer, entre ellas las que afectan a jueces federales del menemismo como Claudio Bonadío y Jorge Urso, al juez de Santiago del Estero Angel Toledo, la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano y el juez Ismael Muratorio.
El cuerpo de consejeros tenía previsto aprobar ayer varias reformas al reglamento de la Comisión de Acusación, responsable de impulsar los juicios políticos a jueces. El paquete de cambios abarcaba una cláusula destinada a fijar un límite temporal para los expedientes pero quedó excluida de la votación por la fuerte polémica que genera y porque algunos consejeros no se deciden: piensan en un tope pero no quieren aparecer beneficiando a jueces que arrastran graves denuncias. Además, cuando llegó el momento de tratar el tema aparecieron en el recinto varias organizaciones y el gremio de los judiciales para expresar su disconformidad.
El consejo tiene veinte integrantes entre jueces, legisladores, académicos, abogados y un representante del Poder Ejecutivo. La caducidad de las pesquisas es impulsada por el bloque de los cuatro magistrados, el abogado Lino Palacio y el diputado duhaldista Jorge Casanovas. El primer proyecto había sido presentado por el delegado del Gobierno, Joaquín da Rocha. Hasta ahora un grupo nutrido había consensuado que si en el lapso de dos años Acusación no emite dictamen sobre la situación del juez investigado, entonces se da por rechazado el caso. Da Rocha es proclive a un plazo mayor, de unos tres años.
Entre las voces más críticas figuran la diputada Marcela Rodríguez (ARI), el radical Juan Mínguez, la menemista Lelia Chaya, los abogados Eduardo Orio, Luis Pereyra Duarte y Beinusz Szmukler. También está en contra el propio presidente del consejo y de la Corte, Enrique Petracchi. A pesar de que nunca va a los plenarios, ayer se presentó.
Los argumentos a favor de la prescripción señalan que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y que cuando un juez está sometido a un proceso que puede llevar a su juicio político queda afectada su independencia. Los fundamentos en contra alertan que poner un plazo viola la Constitución y que, en la práctica, las investigaciones en el consejo en promedio superan los tres años de duración. Szmukler acota que habría que buscar el modo de establecer un término que, más que para favorecer a los jueces, sirva para obligar a los consejeros a investigar.
Por lo pronto, ante un panorama reñido, los consejeros eligieron seguir discutiendo en reuniones reservadas y apoyar una propuesta de Szmukler de postergar el debate público de fondo. Sólo votaron los ítem en los que no había roces, como la notificación automática a los jueces en cuanto comienza una investigación. Szmukler y Petracchi plantearon que ante las críticas de organizaciones que encarnan la voz de la sociedad, lo apropiado era citarlas para que den sus argumentos. Más aún teniendo en cuenta que ya había sido invitada la Asociación de Magistrados, que exige la prescripción. Finalmente, todas las entidades fueron convocadas al próximo plenario, en dos semanas.
“La imposición de un plazo de dos años, sin fundamento empírico, podría imposibilitar que el consejo lleve adelante su misión constitucional de acusación de magistrados”, decía una nota del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, entre otras. La UEJN sumó reproches: “Lejos de contribuir con la transparencia de la Justicia (la prescripción) es una herramienta para la impunidad”. Los jueces, añadía un comunicado, “no ocupan sus lugares para defender mezquinos y oscuros intereses sectoriales, sino los principios contenidos en la Constitución”.