Con la presión de un fallo judicial y de algunos medios, la Cámara de Diputados accedió a difundir las declaraciones juradas de sus miembros. A pesar de que los diputados están obligados por la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública no sólo a presentarlas sino también a darlas a publicidad, organismos no gubernamentales y periodistas habían fracasado hasta ahora en su intento de conocer la evolución patrimonial de sus representantes por la negativa de las autoridades de la Cámara baja en tal sentido.
Anteayer la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo que había presentado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización civil creada en 1995. El pedido para que los legisladores exhiban sus declaraciones lo había hecho un particular a fines de 2003, y desde entonces once magistrados se excusaron de entender en la causa, hasta que el juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón se hizo cargo de la demanda. Los diputados habían argumentado que la persona que inició la acción no tenía derecho a solicitar esos datos porque no sufría un perjuicio personalizado por ello. Sin embargo, Silva Garretón entendió que, como la ley dice que “toda persona puede consultar y tener copia de las declaraciones juradas”, resulta irrelevante que no exista perjuicio.
A partir del lunes pasado las autoridades ya habrían entregado copias a todo aquel que lo haya solicitado, según fuentes de la Cámara. Según la ley 25.188, en el caso de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores las declaraciones son exigidas a los legisladores (y custodiadas) por las secretarías administrativas respectivas dentro de los 30 días de haber asumido en su cargo, y deben renovarlas todos los años.
Poder Ciudadano había presentado recursos de amparo similares a los que planteó la ADC, pero en esos casos la Justicia aún no se ha expedido. Esa entidad también pidió copias de las declaraciones a la secretaría administrativa de la Cámara baja. A pesar de no haber recibido una negativa por respuesta, Poder Ciudadano asegura que la obtención de las copias se ha vuelto lenta.
Sin perjuicio de las iniciativas mencionadas, algunos diputados publicaron por iniciativa propia su declaración de bienes en Internet.