La jueza laboral Silvia Sayago frenó los despidos en el Garrahan al ordenar al Consejo de Administración del hospital que se abstenga de tomar sanciones contra los trabajadores que están de paro. La magistrada sostuvo que la huelga, tal como se está desarrollando, es una acción sindical legítima. Sayago comunicó su medida cautelar a las autoridades del Garrahan y también al Ministerio de Trabajo, que había dado la habilitación para que se avanzara con las cesantías. Mientras en el Gobierno volvieron a criticar la dureza de una huelga que “viola el derecho a la salud” de los chicos, el gremio sostuvo que está ejerciendo “el derecho constitucional a la huelga” y que el pedido de un salario equivalente a la canasta básica “es razonable”. Este mediodía los trabajadores decidirán si hacen nuevas medidas de fuerza.
En una asamblea en el hall del hospital, ayer el personal ratificó la continuidad del paro de 72 horas, que mantendrá hasta hoy a las siete de la mañana y decidió postergar para hoy la discusión sobre un nuevo paro.
El conflicto abarca a enfermeros, técnicos de laboratorio y radiología, personal de esterilización y mantenimiento, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes suman unas 700 personas. Su reclamo consiste en un salario básico de 1800 pesos, un aumento del 2 por ciento por cada año de antigüedad y el reconocimiento profesional de los enfermeros. Como piso de la negociación, el sector plantea que levantaría la huelga con un incremento salarial de 600 pesos.
La semana pasada, los otros tres gremios del hospital –UPCN, Sutecba y la Asociación de Profesionales– firmaron un acuerdo con el Gobierno por una recomposición del 20 por ciento. Pero los trabajadores de ATE lo rechazaron por considerarlo insuficiente.
Uno de los motivos de su oposición fue la forma en que se distribuyó el aumento. La masa salarial ofrecida, dicen los delegados, “alcanza para que cada trabajador reciba 550 pesos, pero la forma en que el ministerio quiere repartirla beneficia a las categorías más altas, que pasarían a cobrar sueldos de 3000 pesos, mientras que los trabajadores de las categorías más bajas recibirían un aumento de sólo 120 pesos, quedándose con un salario de 1200”.
Tras el rechazo, convocaron al paro de 72 horas que comenzó el martes. En respuesta a la prolongación de las medidas de fuerza, el Consejo de Administración del Garrahan envió el miércoles 180 telegramas de intimación para que los huelguistas retomaran sus tareas, con la advertencia de que si no lo hacían serían cesanteados.
Desde su inicio el conflicto estuvo cruzado por dos discusiones. Una de ellas se desarrolla entre los enfermeros y el Gobierno, quien plantea que el paro ha sido irracional al punto de violar el derecho a la salud de los niños (ver aparte). El Ministerio de Trabajo sostiene que el personal no médico incumplió con las guardias mínimas y habilitó al Consejo de Administración del Garrahan a que tomara las sanciones ahora frenadas por la Justicia. Su argumento de fondo es que se está violando la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. El segundo debate es entre la asamblea de trabajadores y la conducción de su gremio, la Asociación de Trabajadores del Estado. La asamblea votó por continuar con las medidas de fuerza, mientras que los dirigentes de ATE preferían suspenderlas para negociar con menos presión.
Esta división está potenciada porque los delegados del Garrahan que encabeza Gustavo Lerer son opositores en la interna de ATE al titular del gremio, Pablo Micheli. A principios de la semana pareció que las diferencias iban a terminar en una ruptura, pero ayer, frente a las amenazas de despido, ATE y el cuerpo de delegados hicieron frente común. Micheli estuvo en la asamblea que ratificó el paro y anticipó que si hay sanciones “ATE va a hacer un paro nacional”. Fue el gremio quien presentó, ayer a la mañana, el recurso que frenó los despidos. “El Gobierno y las autoridades del hospital están haciendo terrorismo jurídico por intentar ilegalizar un derecho como la libertad de huelga”, sostuvo en ese sentido Horacio Meguira. El abogado de la CTA también rechazó el planteo de que en este conflicto laboral estén colisionando el derecho a la salud de los niños con el derecho a huelga. “No hay choque de derechos, porque en la Argentina los incumplimientos a la Convención de los Derechos del Niño son cotidianos, se mueren 300 chicos por mes por causas evitables. El Gobierno se ocupa del cumplimiento de los derechos del niño solamente en el momento de confrontarlos con el derecho de huelga. En esta situación no son derechos confrontables, sino complementarios.”
¿Hay miras de que la situación se destrabe? En el Gobierno sostienen que no van a presentar una nueva oferta y negociar bajo la presión de un paro que consideran irracional. Ayer, fuentes del Ministerio de Trabajo anticiparon que la cartera “no va a dictar una nueva conciliación obligatoria”, lo que sentaría a las partes en una nueva ronda de diálogo, “porque no tiene posibilidades legales de hacerlo”.
La opinión de los funcionarios es que la lógica del conflicto está radicalizada, en parte porque el delegado que se ha convertido en portavoz, Gustavo Lerer, pertenece a un partido de izquierda, pero además porque la propia asamblea de trabajadores suele ponerse a la izquierda de Lerer. “La asamblea no puede ser el único órgano de conducción”, se quejó ayer un alto funcionario de la cartera laboral. Allí preferirían tener como interlocutores a los dirigentes del sindicato, “como en cualquier negociación colectiva”.
El punto clave de la discusión legal sobre si puede o no haber despidos es el de las guardias mínimas. En la Argentina hay una ley que regula los servicios esenciales, entre ellos el de la salud. Esa ley dice que durante una huelga los empleados y el empleador tienen la responsabilidad compartida de garantizar un piso de prestaciones. ¿Cuáles serían en el caso del Garrahan? El Ministerio de Trabajo sostiene que del 50 por ciento del personal. ATE desconoce esta exigencia y la recurrió con una apelación. Esa discusión todavía no fue terminada, por eso los trabajadores en paro no dan el 50 por ciento del presentismo, sino lo que consideran necesario de acuerdo con la cantidad de chicos que haya ese día en el hospital. En Trabajo sostienen que la apelación “no tiene efectos suspensivos” y que por lo tanto los enfermeros deben cumplir con el 50 por ciento.
El fallo de la jueza Silvia Sayago tercia en esta discusión. Con su medida cautelar, la jueza le dijo al Ministerio de Trabajo que debe contestar la apelación de ATE sobre las guardias mínimas y que mientras tanto no puede habilitar al Consejo de Administración del Garrahan para que tome medidas. El fallo es una medida cautelar que será protestada por la dirección del hospital y por lo tanto puede ser modificada. Pero en principio pone en el centro de la discusión que el tema del Garrahan, con todos los ingredientes políticos que tienen siempre los conflictos sociales, es un conflicto laboral y está amparado por el derecho a hacer huelga.