Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema:
“No hay derechos absolutos. Los derechos tienen limitaciones y mi derecho llega hasta donde empieza el derecho de los demás, entonces no se puede alegar que porque estoy ejerciendo un derecho constitucional (como la huelga) puedo estar violando los derechos de otros. No hay voluntad de diálogo y eso es malo”.

Héctor Recalde, asesor legal de la CGT:
“La discusión no debe pasar por cuál derecho –el de los niños o el de huelga– tiene más rango. Uno de los ejes es que estamos ante la salud y, por lo tanto, se deben brindar servicios mínimos. El problema es que el decreto que reglamenta el funcionamiento de los servicios mínimos entró en el paquete de la flexibilización laboral e indudablemente deja muchos huecos. Por ejemplo, no creo que sean los trabajadores los responsables de garantizar ese servicio, sino la conducción del hospital. Además, disiento con la propuesta del 20 por ciento. En vez de una suma porcentual se puede ofrecer una suma fija, con lo que se distribuye privilegiando a los que menos ganan”.

Susana Rueda, ex cotitular de la CGT:
“La postura adoptada por los trabajadores del Garrahan es agresiva. Quienes tenemos la responsabilidad de conducir una organización sindical nunca podemos llevar a los trabajadores a un callejón sin salida. Y esta situación nació como conflicto, continúa como conflicto y va a seguir como conflicto. Entonces, evidentemente, acá no están en juego los intereses de los trabajadores”.