Para los santiagueños su nombre funciona como el del Gran Hermano, una presencia todopoderosa capaz de manejar vida, dinero, penurias y secretos de los habitantes la provincia. Creció bajo la sombra de Carlos Juárez y a los pocos años lograba manejar el poder político, económico y garantizar ese estado de ausencia de derechos por el que la provincia se intervino hace dos años. Su nombre es Néstor Ick. La gestión de Pablo Lanusse no logró desmontar el sofisticado ejercicio de poder que su grupo ejerció sobre el Estado. La Iglesia santiagueña intentó decirlo desde todas las tribunas que tuvo a mano. Lo hizo el propio obispo Juan Carlos Maccarone, cuya diócesis tras la intervención federal volvió a funcionar como uno de los pocos ámbitos críticos en la provincia. ¿Cual es la relación de Ick con el tape que propicio la salida del obispo? La repentina aparición en escena de los abogados operadores del grupo apuntan a confirmar las sospechas de que detrás del tape de Maccarone se montó un operativo político para sacarlo.
Los operadores son conocidos en Santiago. Aunque en cualquier otra provincia jugarían el papel de actores secundarios de un novelón, allí son claros protagonistas de las últimas décadas juaristas. Página/12 tuvo ocasión de constatarlo. El domingo a la tarde, este diario recibió un llamado personal de uno de estos personajes.
–Todo lo que dicen es falso –dijo–: podemos ofrecerle una copia del video y al chico que hizo la denuncia. Y si hace falta, se lo mandamos a Buenos Aires. Mañana mismo puede salir en avión.
En su lógica, el chico grabó el material cansado de cuatro años de una relación despareja. Más allá de las anécdotas o las intrincadas y habituales intromisiones del poder político en la vida privada de los habitantes de Santiago, el remisero apareció repentinamente patrocinado por los mejores abogados de Santiago, con dinero listo para un pasaje aéreo y dispuesto a presentarse ante todas las cámaras en Buenos Aires.
Los hilvanes más invisibles del caso se parecen punto a punto a lo que sucedió hace ya tres años con el doble crimen de La Dársena: los mismos abogados, las mismas intrigas y la estructura de un poder político y económico detrás de la aparición de testigos, documentos e hipótesis difíciles de comprobar.
La Iglesia de Maccarone cumplió un papel esencial en ese momento para propiciar el proceso que terminó con la intervención federal. Lo mismo sucedía en estos días. La intervención de Pablo Lanusse logró terminar con la presencia del matrimonio de Carlos Juárez y Nina Aragonés que ahora están en su hogar fuera de la casa de gobierno. No pudo, sin embargo, deshacerse del problema principal: la estructura monopólica de negocios del grupo empresario de Néstor Ick, un armado tentacular que crece desde 1996 bajo el amparo del Estado.
Una denuncia penal presentada en abril de 2004 contra el empresario por el responsable de la Oficina Anticorrupción santiagueña sintetiza de qué se trata el nombre de Ick cuando se habla de Santiago del Estero: “A diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, en la provincia de Santiago del Estero se plasmó lo vertiginosa que puede ser la caída de una sociedad al amparo de una organización delictual compuesta por el poder político y el poder económico”, escribió Hernán Sosa, el responsable de la OI en la denuncia por presunta “asociación ilícita”. La megacausa, donde responsabilizaba a otros 65 imputados, explicaba que durante nueve años el poder económico de Ick y el político de Juárez “se apoyaron mutuamente para su reproducción y crecimiento sistemático”.
A lo largo de una década, Ick se quedó con el Banco de Santiago del Estero y Florencia SA, Hamburgo Compañía de Seguros SA, Tarjeta Sol, Mercurio, la obra social del Iosep, la concesión del casino en sociedad con los españoles de Codere, la empresa de energía eléctrica Edese y el emprendimiento del monumental Hotel Carlos V. En boca de los santiagueños,un imperio desde donde puede monitorearse nacimiento, vida y hasta la muerte de los provincianos.
Una de las gestiones que intentó llevar a cabo Lanusse para terminar con este andamiaje fue alentar el proceso de Reforma de la Constitución juarista. Con ésta, el caudillo consiguió durante décadas mantener una mayoría automática que garantizó su supervivencia y el control legislativo provincial de su partido, el peronismo. La reforma fue alentada por la iglesia de Maccarone, pero Lanusse no pudo llevarlo adelante por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En estos días –ya sin la presencia de la intervención federal–, Santiago del Estero está viviendo ese proceso reformador.
Luis Garay es uno de los 50 convencionales elegidos en los comicios del 17 de julio. Pertenece a la Asociación de Familiares, Detenidos y ex presos políticos y es constitucionalista por el Frente Multisectorial. La Multisectorial tiene una de las únicas cinco bancas que logró obtener la oposición al oficialista Frente Unidad por Santiago (FUS), con 45 bancas de convencionales. El FUS nucleó a los radicales reunidos detrás del gobernador de Santiago, Gerardo Zamora; al juarismo y a los peronistas representantes del viejo poder político y económico. En ese contexto, para la oposición, la Reforma “se convirtió más que nada en un espacio de protesta sin posibilidades reales de cambiar nada”, dice Garay.
En medio de este nuevo escenario político, Maccarone volvió a ejercer su viejo e histórico espacio de crítica contra la clase política: “La Iglesia era prácticamente el único espacio visible de oposición”, dice Garay. “Maccarone estaba enfrentado y venía criticando, incluso al poder económico”. En el `96, un accidente terminó con la vida del obispo Gerardo Sueldo, furibundo crítico del juarismo y antecesor de Maccarone. “Nosotros solemos decir por estos días –sigue Luis Garay– que a Sueldo lo terminan matando y a Maccarone lo sacan del medio de esta manera.”