Los enfermeros del Garrahan comienzan hoy un nuevo paro de 48 horas bajo la presión de un revés judicial: la Cámara del Trabajo habilitó a las autoridades del hospital a que inicien sumarios contra los huelguistas, una medida que había sido frenada por la Justicia de primera instancia. El nuevo fallo fue dictado por los jueces de la Sala VIII del fuero laboral; los abogados de los trabajadores lo apelarán ante la Corte Suprema, por considerar que desconoce el derecho de huelga. Para Horacio Meguira, del departamento jurídico de la CTA, “sumariar a quien hace un paro está dentro de lo que la Organización Internacional del Trabajo define como práctica desleal”, ya que “su objetivo es atemorizar”.
Un mes atrás, a principios de agosto, las autoridades enviaron un centenar de telegramas a los enfermeros intimándolos a retomar las tareas o serían despedidos. El hospital señaló que lo hacía cumpliendo una disposición del Gobierno, la 87/05, que le había enviado el Ministerio de Trabajo. Para impedir las cesantías, los abogados del gremio presentaron una medida cautelar. La jueza Silvia Sayago les dio la razón, paralizando los despidos. El Consejo de Administración apeló luego ese fallo y ayer los camaristas Juan Carlos Morando y Roberto Lescano revocaron la decisión de la magistrada.
Al argumentar la nueva medida dijeron dos cosas: en primer lugar, que las autoridades del hospital no pueden despedir de un día para el otro a nadie, porque los empleados públicos, a diferencia de los privados, tienen estabilidad en su puesto. Para disponer una cesantía es obligatorio abrir un sumario en el cual se les otorgue a los afectados el derecho a defenderse, así como también el de pedir una revisión en el caso de ser finalmente despedidos.
En segundo lugar, los camaristas le dijeron al Consejo de Administración que puede iniciar los sumarios. La medida cautelar de la jueza Sayago fue revocada porque un sumario es una medida nada más que “preparatoria”, consideró la Cámara.
Finalmente, los jueces se refirieron a la disposición 87/05 del Ministerio de Trabajo y aclararon que ese escrito no fue una orden al Consejo de Administración para que mandase las intimaciones, como dijeron las autoridades del Garrahan. Que en el hospital lo hayan interpretado así “revela un error de lectura”, ya que el ministerio solamente le “hizo saber” que podían sancionar.
Ayer los directivos del hospital no hicieron declaraciones, pero fuentes del Consejo de Administración aseguraron que su criterio es “tomar con prudencia” el fallo. “La idea no es despedir, sino ver qué pasa con el paro. Hay expectativas de que (las medidas de fuerza) tengan cada vez menos acatamiento”, dijo la fuente consultada. El abogado del hospital, Enrique Cárrega, sostuvo que “a priori no habrá sanciones” y calificó la decisión judicial como “muy bien fundada, ya que no dice que no se puede ejercer el derecho de huelga, sino que plantea que el empleador puede tomar las medidas necesarias para normalizar el servicio”.
Para el abogado Horacio Meguira, por el contrario, la decisión de los jueces “atenta contra el derecho de huelga y sienta un antecedente peligroso: la Cámara les está diciendo a los empleadores que frente a una huelga agoten la conciliación obligatoria y avancen con los despidos”.
Si bien el fallo incluye un cierto resguardo a los trabajadores públicos, porque impide al hospital despedir en forma directa, reconoció Meguira, la resolución del tribunal “habilita al empleador a sancionar a quienes hagan paro, y éste es el punto central. El derecho a huelga consiste, justamente, en que el empleador no pueda tomar medidas disciplinarias salvo que el paro haya sido declarado ilegal”.
El nuevo cese de actividades comenzará hoy a las siete de la mañana y se extenderá hasta el sábado a la misma hora, en pedido de un salario básico de 1800 pesos, equivalente a la canasta familiar. El reclamo recibirá mañana el respaldo de otros gremios, organizaciones piqueteras y partidos políticos, con una marcha a Plaza de Mayo.