La Corte Suprema podría invalidar la aplicación de condenas de prisión perpetua a los menores de edad. Es la definición que el tribunal analiza dar ante el reclamo de Daniel Enrique Maldonado, un chico que recibió esa pena por delitos cometidos cuando tenía 16 años. Sería un fallo de enorme trascendencia ya que en el país hay otros siete jóvenes en la misma situación, lo que motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimara al Estado a revertir ese escenario por violar la Convención sobre los Derechos del Niño. A un año y medio desde la llegada de esa advertencia, el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley que pone un límite de doce años al encarcelamiento de menores.
Argentina es el único país de Latinoamérica con menores edad condenados a cadena perpetua: desde 1997 se aplicó en doce casos. Los tribunales intermedios rechazaron las apelaciones y la Corte los recursos extraordinarios. Ahora todo hace pensar que un cambio de rumbo sustancial podría venir de la mano del tribunal supremo.
El expediente Maldonado se convirtió en un asunto prioritario en la agenda de la Secretaría especial de Derechos Humanos que inauguró la Corte el mes pasado. Rolando Gialdino está elaborando un proyecto de resolución a pedido de Enrique Petracchi, presidente del tribunal, según pudo saber Página/12. Petracchi, quien suele marcar el rumbo de los fallos, desechó previamente una propuesta de su secretario penal, Esteban Canevari, que sugería rechazar el caso sin mayores explicaciones, a la vieja usanza. Tampoco le agradó el dictamen que envió en marzo la Procuración General de la Nación, que avalaba la prisión perpetua a menores al considerar que “no constituye una tortura ni un trato cruel, inhumano o degradante”.
Daniel Maldonado fue condenado a la pena máxima por un robo con armas y homicidio calificado cometidos cuando era menor de edad. Su defensora oficial ante la Corte, Stella Maris Martínez, pidió la revisión y planteó que es inconstitucional porque contradice el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional desde 1994, que señala que “la pena de prisión se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. Para Martínez un menor no sólo debe tener chance de excarcelación sino que su “reintegración” para que asuma una “función constructiva en la sociedad” debe ser una premisa. Para ella debe prevalecer “el interés superior del niño”, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención contra la Tortura.
Aunque la presentación de la defensoría todavía no circuló oficialmente por los despachos de los supremos ya suscitó la atención de algunos, especialmente de los penalistas Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, además del presidente del tribunal. Zaffaroni, que objeta la cadena perpetua en general, y Petracchi serían en principio los más proclives a cuestionar la pena. Argibay y Ricardo Lorenzetti podrían sumarse sin mayores trabas. Para lograr una sentencia se requieren cinco firmas.
Un fallo que limite las penas privativas de la libertad para los adolescentes empujaría una reforma legal que adecue el régimen de menores a los tratados internacionales, a menos que el Gobierno o el Congreso se anticipen con alguna idea propia. No sería el primer caso en que una definición de la nueva Corte obliga a efectuar cambios en la ley. Ya se planteó con la ley de riesgo de trabajo. El tribunal también aconsejó modificar las normas sobre prisión preventiva al ordenar el cese del hacinamiento de los presos en la provincia de Buenos Aires (ver aparte).
En la actualidad está vigente un Régimen Penal de Minoridad creado durante la última dictadura militar, que prevé para los chicos de 16 y 17 años que cometen delitos graves el mismo tipo de castigos que para los adultos. También rige una ley de patronato que no considera a los niños comopersonas con derechos propios sino sujetas a tutela. En este contexto hay ocho menores cumpliendo penas perpetuas: tres en Devoto, dos en Ezeiza, dos en Mendoza y uno en Santa Cruz. El argumento para justificarlo coincide con el que usó la Procuración: un chico puede ser condenado a perpetua sin que esto contradiga a la Convención, porque existe la opción de excarcelación “bajo la forma de libertad condicional al cumplir los 20 años de condena”.
Cinco de los casos fueron denunciados ante la CIDH. En abril de 2004 el organismo intimó al Estado a encontrar una salida y a encarar una proceso de “solución amistosa”. En la negociación participan los menores denunciantes, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y su Secretaría de Derechos Humanos. La última reunión fue en noviembre, cuando los chicos pidieron conmutación de penas y una nueva ley que ponga tope al encierro.
Con el tiempo, las tratativas se fueron estancando. En marzo, el Tribunal Oral de Menores 1 de Capital dictó en marzo una nueva perpetua al adolescente que mató a un custodio de Carlos Ruckauf, y en junio uno de los chicos presos en Mendoza, Ricardo Videla, apareció ahorcado en su celda con un cinturón. Estaba en la penitenciaría que el año pasado tuvo un record de 16 muertos en 10 meses y denuncias sobre niveles infrahumanos de vida y trato a los presos.
La Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Eduardo Luis Duhalde finalmente armó una propuesta de ley con un tope de 12 años a las penas privativas de libertad para menores de entre 16 y 18 años como “posibilidad de solución concreta para los casos de los ocho jóvenes que en la actualidad cumplen penas de prisión o reclusión perpetuas”. El texto advierte que Argentina “no adecuó su legislación interna a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño” ni a las “reglas mínimas” de Naciones Unidas en materia de minoridad. En los próximos días el Ministerio de Justicia elevará el proyecto al presidente Néstor Kirchner para que lo envíe al Congreso. Varios expertos y organismos de derechos humanos hicieron saber que una modificación de ese tipo no resuelve el problema de base (ver aparte). El caso argentino podría quedar incluido en las sesiones de la CIDH de octubre que se hará en Washington.