El proyecto de ley que enviaría el Gobierno al Congreso, según el esquema elaborado por el Ministerio de Justicia, propone un tope de 12 años a la privación de la libertad a menores de edad. El borrador original tenía un límite de 9, pero en las discusiones desatadas en el marco de la “solución amistosa” ante la CIDH se decidió elevar el límite. Cancillería pedía 15 años, la pena máxima que prevé Costa Rica para adolescentes y la más alta en América latina. Brasil antes de los 18 años de edad establece 3 años, Chile 5 años. El proyecto oficial reconoce que “no resuelve el problema de fondo”. Emilio García Méndez, experto en derecho penal juvenil de la Fundación Sur Argentina, advierte: “Es inconcebible, inútil, es un retoque cosmético. Hay un fuerte consenso en el movimiento de derechos humanos para que apenas se apruebe la ley de protección integral de la niñez, que está virtualmente aprobada, se debata la ley de responsabilidad penal juvenil. Si todo el cambio se limita a poner un tope queda intacta la discrecionalidad del sistema”. García Méndez, que también es candidato a diputado del ARI, explica que “una ley bien hecha debería subir la inimputabilidad a los 18 años y hacer a los menores penalmente responsables entre los 16 y 18 años”.