Las penas máximas en general, no sólo las que atañen a menores, están en los debates internos de la Corte. Existen varios expedientes donde se discute cuál es la pena más alta que se puede aplicar en una sentencia. Son casos previos a la “reforma Blumberg” que fijó 50 años de prisión porsumatoria de delitos, cuando todavía el Código Penal establecía un techo de 25 años como la condena más elevada que estaba prevista. Sin embargo, muchos tribunales interpretaban que el tope podía llegar a 37 años y medio, el monto máximo estipulado como excepción para delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. El alto tribunal nunca terminó de saldar esa polémica. Es posible que lo haga en el caso de un violador múltiple, acusado también de privaciones ilegales de la libertad y robos. No está descartado que los supremos analicen también la validez de la pena máxima de 50 años, que el Congreso votó en agosto del año pasado. La defensoría oficial, que interviene en varios de estos expedientes, viene sosteniendo en forma reiterada que los pactos internacionales, con rango constitucional, señalan la necesidad de reinserción social, algo impensable con medio siglo de encierro.