Las negociaciones para un nuevo acuerdo con el FMI no arrancarán hasta después de las elecciones. Sin embargo, el Gobierno empezó a tender puentes para superar la actual etapa de agresiones mutuas y avanzar hacia un entendimiento. El gesto más significativo en ese sentido lo dio ayer en Washington, durante la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario y el Banco Mundial. A través de un documento oficial, la Argentina admitió que hay una “deuda pendiente” con los acreedores que rechazaron el canje de deuda, y que está dispuesta a “formular una estrategia para enfrentar este tema”. Es la primera señal concreta de aceptación de un reclamo del organismo de crédito, aunque después aparezcan los matices.
Roberto Lavagna participa de la asamblea del Fondo en la capital de Estados Unidos. Formalmente, dijo que no habrá ninguna negociación, pero en diálogos informales está dejando en claro que el Gobierno tiene voluntad de pactar un nuevo programa con el FMI. Esa decisión quedó plasmada en un documento oficial que se presentó ayer ante el Comité Financiero y Monetario (CFMI), órgano que diseña las políticas centrales de la institución. El encargado de leerlo fue el ministro de Hacienda chileno, Nicolás Eyzaguirre, quien expuso en representación de los países latinoamericanos.
Cuando llegó el turno de señalar los objetivos trazados por Argentina, la primera definición de peso fue la manifestación de que “el Gobierno aspira a alcanzar apoyo financiero del Fondo para su programa económico”. Es decir, que busca un acuerdo. Tras ello, el informe agregó que “Argentina espera formular una estrategia futura para enfrentar el tema de la deuda pendiente dentro del contexto de un programa con el Fondo”. Eyzaguirre sólo leyó lo que había escrito la delegación argentina. Cada país de la región redactó su parte del documento y el ministro chileno lo reprodujo.
Desde un primer momento, una de las condiciones que puso el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, para establecer un nuevo convenio con Argentina, es que el país formule “una estrategia realista” hacia los bonistas que no entraron en la reestructuración de la deuda, denominados en la jerga financiera como holdouts. La respuesta pública del Gobierno fue siempre de un contundente rechazo. En privado, sin embargo, Lavagna hizo saber al Fondo que en su momento se buscaría alguna solución a este tema, aunque no consistiría en la reapertura del canje, como reclamaba Washington. Pero el Gobierno nunca accedió a tomar ningún compromiso hacia los holdouts.
En mayo pasado, incluso, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sostuvo que “el tratamiento de los holdouts no debería ser tema de negociación con el FMI”. Ahora se registra un cambio de posición. De manera oficial se califica a la deuda no reestructurada como “pendiente” y se afirma que habrá “una estrategia futura para enfrentar el tema”. En el proyecto de Presupuesto para 2006, adonde figuran los planes del Gobierno en materia económica, no dice nada al respecto.
La explicación que dieron desde Economía a este diario es que “elaborar una estrategia no quiere decir que se vaya a mejorar la oferta” para arreglar con los holdouts. Por el contrario, afirmaron, como piso se mantendrán las condiciones que aceptaron el resto de los bonistas que participaron del canje. La adhesión a la propuesta fue del 76,15 por ciento. El 23,85 por ciento restante se quedó con bonos por un valor aproximado a los 20.000 millones de dólares.
Ante la fuerte repercusión que tuvo el documento, Lavagna dijo por la noche desde Washington que “los mercados ya han hablado favorablemente sobre la reestructuración de la deuda, que está concluida”, según reprodujo su vocero, Armando Torres, quien destacó además que “Argentina ya ha vuelto a los mercados de capitales sin inconvenientes luego de cerrado el canje”.
Más allá de la situación con los holdouts, la negociación con el FMI, cuando empiece, no será sencilla. El Fondo presenta otras demandas en las que parece muy difícil limar las diferencias. La principal es que elGobierno aumente las tasas de interés y deje caer el dólar para, supuestamente, controlar la inflación. También pide elevar la meta de superávit fiscal a 4,5 puntos del PIB, contra el 3,2 admitido por el Ejecutivo. En cuanto a las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno está cerrando acuerdos con las privatizadas que los contemplan para los clientes industriales y comerciales, en una primera etapa, y para los residenciales en 2006.
Lavagna ratificó que no está dispuesto a ceder en varios puntos. Así quedó claro en el documento que leyó ayer el chileno Eyzaguirre. Frente a la presión para que se adopten medidas monetarias ortodoxas, el ministro respondió en ese texto que la inflación “está dentro del límite contemplado en el Presupuesto de 2005”, gracias a un “buen desempeño fiscal y a la política monetaria prudente”. “La continuación de un buen desempeño macroeconómico es y será el mejor sostén para controlar las expectativas inflacionarias”, afirma. En cuanto a la política fiscal, señaló que a pesar de las “diferentes opiniones” sobre el nivel adecuado de superávit primario, el “hecho fundamental” es que el país ha registrado cuatro años consecutivos de “superávit fiscal sin precedentes”. Estos resultados fueron “mayores que los proyectados por el programa del Fondo”, enfatizó.
Desde Buenos Aires, Alberto Fernández describió la relación actual con el FMI. Dijo que “la Argentina nunca ha tenido una relación tan difícil como la que está teniendo ahora”. Ante las críticas de algún sector de la oposición porque el Ejecutivo le sigue pagando al Fondo cada vencimiento, el jefe de Gabinete justificó que “le reconocemos su condición de acreedor privilegiado porque es prestamista de última instancia, y financia a los estados a tasas más bajas que las que ofrece el mercado cuando los países están en crisis”. No es lo que ocurre actualmente con Argentina.