El procurador general de la Nación, Esteban Righi, les recomendó a los conjueces de la Corte Suprema que rechazaran todos los planteos que presentó el suspendido juez Antonio Boggiano para intentar frenar su juicio político. El dictamen de Righi tiene una peculiaridad: se basa, como jurisprudencia, en un fallo firmado por el propio Boggiano en el caso del ex juez Francisco Trovato. El máximo tribunal, conformado por suplentes, se reúne hoy para tomar una decisión. Todo hace pensar que no pondrán obstáculos a la destitución, que sería mañana.
Para resolver los reclamos de Boggiano la Corte quedó conformada por conjueces –sorteados entre los presidentes de las cámaras federales de todos el país– porque los supremos decidieron excusarse. Las deliberaciones comenzaron la semana pasada y para el plenario que tendrán hoy en el Palacio de Justicia invitaron al procurador. Righi adelantó su postura en un dictamen que terminó de pulir a última hora del viernes. Su opinión no es vinculante, pero suele tener fuerte influencia en las resoluciones finales del alto tribunal.
“Sólo patentes violaciones a aspectos esenciales del derecho de defensa” durante un proceso de juicio político “podrían tener acogida ante los estrados judiciales”, dice el dictamen de Righi. Eso es algo que Boggiano “no logra demostrar”, puntualiza el texto.
El último sobreviviente de la mayoría automática presentó ante la Corte varios cuestionamientos al proceso de remoción en su contra. En un recurso extraordinario se quejó porque el Senado rechazó “in limine” sus recusaciones a treinta y cuatro senadores. Pidió, además, que Sus Señorías revisen la decisión de los legisladores de desechar su pedido de nulidad de las acusaciones. Y para que no quede nada en el tintero impugnó la suspensión preventiva (aunque con goce de haberes) que lo afecta desde hace tres meses, pese a la cual sigue ocupando casi a diario su despacho en el cuarto piso de tribunales.
“Solamente una decisión definitiva, o una que resulte equiparable a tal, emitida por el Senado de la Nación, constituido como tribunal de Enjuiciamiento, puede ser objeto de revisión judicial”, sostiene el procurador. Esas condiciones, dice, no se cumplen en el caso de Boggiano. Para sustentar la idea alude a otros pronunciamientos de la Corte y, en especial, toma la historia del ex juez Trovato, que tuvo un juicio político acusado de coimas y enriquecimiento ilícito. Fue uno de los grandes escándalos de jueces en el menemismo. Trovato, entre otras anécdotas, no pudo justificar un costoso placard que recibió de una constructora a la que favoreció. Cuando pidió auxilio al alto tribunal recibió un fallo adverso, en mayo de 1997, que incluía la firma de Boggiano. De hecho, fue unánime. La resolución, recuerda Righi, decía que las disposiciones de la cámara alta sólo pueden ser revisadas si producen un perjuicio “de imposible reparación ulterior”.
Boggiano viene argumentando que el Senado actúa como un tribunal “no independiente, no imparcial, en violación a las reglas del quórum, en un procedimiento nulo, sin atender a la cosa juzgada ni a la nulidad parcial de la acusación en virtud de una atribución inconstitucional”.
El dictamen de Righi dice que “el proceso de enjuiciamiento y remoción de los magistrados judiciales” fue tradicionalmente “considerado como una de las denominadas cuestiones políticas no justiciables”. Es lo mismo que dijo la Corte de conjueces que se pronunció contra el ex supremo Eduardo Moliné O’Connor. Los magistrados que intervienen ahora son Horacio Prack, Luis César Otero, Carlos Muller, Alejandro Tazza, Javier Leal de Ibarra, Graciela Fernández Vecino y Mario Lezana. Aunque tienen algunas discrepancias, dejarían el camino limpio para la remoción de Boggiano.