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Un centro de investigación y de recopilación de testimonios sobre el exilio. Salas de exhibición de arte. Un sitio para “la memoria de los pueblos originarios y las complicidades del poder económico con las dictaduras”. Un jardín de “plantas nativas”. Un espacio, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y libre de oficinas públicas o privadas, en el que se describa el método represivo del terrorismo de Estado y las historias de las víctimas. Esas ideas son parte de los proyectos que ya recibió la comisión bipartita –formada por el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires– encargada de definir el destino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Todas esas propuestas serán debatidas para llenar de contenido el futuro Museo de la Memoria.
Cuando el 24 de marzo del año pasado el presidente Néstor Kirchner y el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, firmaron en la ESMA el convenio por el que se dispuso la creación de un Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el más emblemático centro clandestino de detención de la última dictadura, se acordó que el contenido final del sitio surgiría de un amplio debate de la sociedad. Para propiciarlo, la comisión bipartita que se hizo cargo de la transición del lugar hizo una convocatoria pública para que organizaciones civiles, sociales, gremiales, estudiantiles y cualquier ciudadano que estuviera interesado enviaran sus propuestas. La invitación sigue en pie.
Por el momento, se recibieron cerca de una veintena de proyectos integrales o fundamentados y cientos de ideas o sugerencias más acotadas, al margen de las infaltables provocaciones que no se ajustan al objetivo del Espacio, es decir, “contribuir al recuerdo permanente de esta etapa trágica de la historia argentina como ejercicio colectivo de la Memoria, con el fin de enseñar a actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia por quienes ejercen el poder del Estado”.
Entre las ideas recibidas, hay algunas que sugieren la utilización de una parte del predio para un fin específico, no necesariamente ligado directamente a la última dictadura militar. Por ejemplo, el naturalista Ricardo Barbetti propuso que se monte un “jardín de plantas nativas” para mostrar “la verdadera identidad de la región, su flora y su fauna autóctona”. Y un asesor de la Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió que se incluyeran salas de arte. El Club Defensores de Belgrano envió una carta solicitando un espacio para una cancha de fútbol. Si bien el mensaje del equipo que homenajeó con una de sus tribunas al desaparecido Pato Zucker fue muy respetuoso, la propuesta se descartó porque no se corresponde con el objetivo del espacio para la Memoria.
El comité de seguimiento de la Convención sobre los derechos del Niño planteó que se haga “un correlato entre la doctrina de la situación irregular del patronato de menores y la sustitución y apropiación indebida” con el objetivo de “dar cuenta de la construcción de una cultura que posibilitó la violación de derechos esenciales de niños y niñas considerados pobres, diferentes o peligrosos”. Por su parte, la Comisión de Ex Exiliados Políticos de la República Argentina (Coepra) solicitó que se reservaran salas de exhibición y archivo destinadas a la memoria de quienes tuvieron que abandonar el país. El arquitecto Francisco Ramos Marrau hizo un pedido en igual sentido y señaló que “la lucha por la Justicia y en ésta, el juicio y castigo a los genocidas fue y es una de las banderas más alta que ha levantado y conseguido el exilio, teniendo a los juicios de Madrid como los referentes ineludibles del principio de Justicia Universal”.
Otra serie de propuestas abarcan el diseño y la planificación integral del Espacio. Entre ellas están la de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, el Centro de Gestión y Participación 1 y Faustino Cáceres, que hizo llegar su escrito a título personal.

- Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: elaboró un extenso proyecto cuyo objetivo fundamental es “preservar la ESMA como testimonio material del genocidio perpetrado en Argentina en las décadas del 70 y 80 –a través de la reconstrucción y representación histórica de su funcionamiento como centro clandestino de desaparición y exterminio– y como prueba para juzgar a los responsables de los crímenes que allí se cometieron”. Este organismo de derechos humanos especificó que el Espacio de la Memoria debería solventarse con partidas presupuestarias del ámbito estatal, que no deberían aceptarse donaciones o recursos de fundaciones o empresas privadas y que no debería realizarse ningún tipo de actividad lucrativa dentro del predio. Además, se opuso a la instalación de cualquier institución educativa u oficina pública, aunque esté dedicada a fomentar o preservar los derechos humanos. “Debe excluirse toda intrusión en el medioambiente que tenga un efecto adverso sobre la apreciación histórica del lugar”, señaló.
Esta propuesta incluye la reconstrucción histórica del edificio del casino de Oficiales, donde permanecieron cautivos los desaparecidos. Lo que fue la Escuela de Guerra Naval estaría destinada a una representación del sistema represivo y a la identificación de los represores. Y los testimonios e historias de las víctimas se ubicarían en el edificio central de la ESMA. Los ex detenidos desaparecidos sugirieron destinar algún otro edificio para proyectar documentales o realizar debates. Además, consideraron necesario que todo el terreno sea declarado Monumento Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que se impulse ante la Unesco la declaración del sitio como Patrimonio de la Humanidad, tal como sucede con Auschwitz.

- Servicio Paz y Justicia (Serpaj): coincidió con la necesidad de preservar lo que fue el casino de oficiales y propuso destinar el edificio central para exhibiciones, debates, muestras o lugar de estudio sobre el terrorismo de Estado. Esta agrupación estimó que deberían destinarse algunos espacios para abordar los siguientes temas: deuda externa y poder económico, los centros clandestinos de detención de todo el país, la historia de las violaciones a los derechos humanos en Argentina, los pueblos originarios y la niñez y adolescencia. También planteó la idea de instalar un centro de estudios e investigación y formación para la Paz y los Derechos Humanos –tal vez con convenios con Unesco-ONU– que tendría carácter continental y trabajaría sobre la resolución de conflictos.

- Centro de Estudios Legales y Sociales: señaló que “la estabilidad del proyecto requiere de una instancia institucional que lo preserve de los avatares políticos”. Este organismo propuso que el museo propiamente dicho se restrinja al Casino de Oficiales y al emblemático pabellón central y que en el resto del predio se desarrollen actividades vinculadas con emprendimientos públicos. “El desafío es que no se convierta en un museo del horror. Es imprescindible que la reconstrucción privilegie la perspectiva de la reflexión y transmisión sobre qué sucedió y por qué pudo suceder. En ese sentido debería abordar los crímenes de la ESMA desde las condiciones políticas, sociales y culturales que la hicieron posible”, aseguró el CELS.

- Alicia Pierini, ex subsecretaria de derechos humanos: propuso dividir el sitio en cuatro áreas: memoria y documental sobre el pasado, el presente, el futuro y la zona parquizada. Para la primera imaginó un centro de documentación y museo que abarque los antecedentes de la Doctrina de Seguridad Nacional, los golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos desde el bombardeo a la Plaza de Mayo. La defensora del Pueblo imaginó los nombres de los muertos o desaparecidos inscriptos en las paredes de manera indeleble: “Miles de nombres que cubrirían interiores y exteriores, presentes en todos lados. La forma de darle entidad humana a los hechos del pasado, la intersección de lo individual con lo colectivo”. También reservó un espacio para la búsqueda de los niños desaparecidos. El área del presente estaría destinada a la biblioteca, hemeroteca y salas de exposiciones. El espacio del futuro abarcaría una serie de instituciones educativas. Pierini cree que no debería haber ningún lugar de venta de objetos o alimentos al aire libre pero sí los imagina dentro de los edificios. Ese proyecto destina un “local” para que cada organismo de derechos humanos difunda sus actividades, cosa que las propias agrupaciones no incluyeron en sus propuestas.
“El espacio está en construcción. Los consensos llevan su tiempo y por ahora no hay urgencia para definirlos. Todavía hay muchos sectores de la sociedad que no se han pronunciado y que sería bueno que lo hicieran, por ejemplo los académicos”, aseguró Gabriela Alegre, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, varios organismos de derechos humanos –Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y el SERPAJ, entre otras– están realizando consultas y visitas al lugar con sociólogos, politólogos y personalidades de la cultura para armar, en conjunto, una propuesta integral.
A fin del año pasado, la Marina desalojó ocho edificios del predio de la ESMA. De hecho, en el Casino de Oficiales ya hay una señalización que orientará a los futuros visitantes de ese lugar, al que, de acuerdo al consenso imperante, no se le harían más cambios que los que sirvan para explicar lo que allí ocurrió.
Según el cronograma previsto originalmente, a mediados de este año se debían retirar del terreno la Escuela Fluvial y la de Náutica y a fin de año el sitio no debía tener ninguna institución naval en funcionamiento. Sin embargo, por problemas de infraestructura, los tiempos se alargaron y el desalojo pautado para junio pasado aún no se concretó. “La decisión política de desalojar el lugar sigue intacta. Sólo prevemos que se atrasará la fecha de desocupación”, señaló a Página/12 Judith Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria.