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Los ministros del Superior Tribunal del Chaco tendrán hoy una reunión extraordinaria en la que podrían suspender a dos jueces que ordenaron la devolución de varios millones de dólares a ahorristas de otras provincias. El máximo tribunal provincial acaba de terminar una auditoría en varios juzgados chaqueños que reveló irregularidades de todo tipo en la concesión de medidas cautelares. Encontraron fechas fraguadas, trámites incompletos y evasión de la tasa de Justicia, entre otras cosas. Por vías “informales”, los investigadores recibieron indicios de que se habrían pagado sobornos.
El rastreo de los supremos apuntó a varios juzgados locales y reportó las anomalías más graves y más numerosas en dos de ellos, ubicados en la localidad de Roque Sáenz Peña: el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Daniel Freytes, y el Civil y Comercial de Daniel Fernández Asselle. Es posible -señalaron allegados al alto tribunal– que ambos sean denunciados ante el Consejo de la Magistratura del Chaco. Aunque la Corte cuenta, además, con la facultad de suspenderlos en sus funciones.
Como reveló Página/12, a comienzos de mayo los magistrados investigados ordenaron medidas cautelares para devolver montos de 11 mil a 3 millones de dólares a ahorristas con domicilio en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Incluso los fallos les permitían retirar el dinero en esas jurisdicciones. Las causas cuestionadas son cerca de 800. En el juzgado de Freytes, por ejemplo, se encontraron sentencias con fecha previa a la demanda, casi ningún beneficiario pagó la tasa de Justicia –entre el 1 y el 1,5 por ciento de lo que retiraba–, el juez dictaba medidas pasando por alto el primer trámite y los números de expediente no coinciden con los de las denuncias. “En el juzgado de Asselle hay cosas aún más graves”, dijo un funcionario que conoce el caso.
Los “ventajas” de tramitar causas del corralito en el Chaco se hicieron más conocidas cuando en abril el Banco Central divulgó una estadística que mostraba a esa provincia como el segundo distrito del país, después de Buenos Aires, en número de fallos contra el corralito. Para ese entonces, en territorio bonaerense se contabilizaban unos 4200 fallos de ese tipo y en el chaqueño unos 2300. Además, el Superior Tribunal de Córdoba firmó una acordada rechazando los oficios que llegaban desde la provincia de Angel Rozas y advirtiendo sobre una posible cadena de fraudes.
Más allá de las irregularidades procesales, los ministros chaqueños acumulan elementos que apuntan a una versión según la cual “a los ahorristas se les pedía una comisión del 20 por ciento de lo que retiraran, y parece que la plata se la repartían entre los abogados, el juez y algún empleado”. La semana pasada, mientras en la pesquisa aparecían los detalles más comprometedores, el juez Fernández Asselle denunció en medios periodísticos que en febrero le ofrecieron un soborno, no para que fallara a favor de un ahorrista sino para que se declarara incompetente. Habían ido a verlo, relató, representantes de un importante banco extranjero que le ofrecieron “100 mil dólares”.
Según información que recibió el Consejo de la Magistratura nacional, el mecanismo espurio que habría funcionado en el Chaco también habría operado en otras provincias. Un ex funcionario que participó de la gestión del ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, reconoció a este diario que “en medio de la fiebre de los amparos, el Gobierno sabía lo que pasaba”, pero no denunció nada.