“Yo no estoy de acuerdo con todos los conceptos que formuló el ministro”, atinó a decir el constructor Aldo Roggio, aunque sin precisar qué párrafos del discurso de Roberto Lavagna lo pusieron tan incómodo. Esto era, sin embargo, demasiado obvio. Minutos antes, el titular de Economía había dicho que “hay cierto grado de cartelización de la obra pública, con los sobrecostos que ellos implica”, añadiendo que “el caso de Vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la Competencia e, incluso, por el Banco Mundial”. El nutrido auditorio de empresarios convocados por la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción se sorprendió con la acusación. Ante Página/12 la conducción de la CAC trató de amortiguar el impacto de aquellas declaraciones, admitiendo que existe un problema, no en los precios de las contrataciones sino en el reducido número de empresas que estarían en condiciones de participar de las licitaciones. El ministro de Planificación, según los empresarios, habría tomado cartas en el asunto.
La bomba estalló al mediodía en un ámbito habitualmente de encuentro amistoso entre el gobierno kirchnerista y el sector empresario más beneficiado con la reactivación post-crisis, en parte por el repunte de la obra pública. Los dichos de Lavagna pusieron sumamente incómodos a los anfitriones, que desde entonces debatieron si el titular de la CAC, Enrique Wagner –cuyo discurso fue pronunciado al cierre del encuentro–, respondería y en qué términos.
“Las empresas fueron arrasadas por la crisis y ahora necesitan tiempo para adaptarse a la nueva demanda, básicamente de obras públicas chicas, que se licitan todos los días. Nosotros teníamos 400 ingenieros y llegamos a tener 100. Recién ahora estamos subiendo a 150”, ilustró Roggio ante este diario, en un intento de justificar por qué normalmente las convocatorias públicas son respondidas por un puñado reducido de firmas, entre las cuales suele estar la propia y Eusuco, de Wagner.
El empresario no negó ni la existencia de un problema en este ámbito ni que esté intentando una solución el Banco Mundial, que provee de cientos de millones de dólares para la infraestructura vial, el rubro puesto en cuestión por Lavagna. Pero desde su óptica, no se estaría frente a un caso típico de cartelización, entendido como un acuerdo entre empresas para fijar precios más altos, sino ante la menguada capacidad de reacción patronal a la creciente demanda de trabajo por el auge de la obra pública.
Según Roggio, la propia CAC está “elaborando un estudio para detallar la capacidad de respuesta” que tienen las empresas del sector, precisando equipamiento y personal.
Estos conceptos quedaron plasmados luego en un comunicado de la Cámara, donde ésta reconoce las investigaciones en curso. “Este tema ya nos fue anticipado hace algún tiempo por el ministro de Planificación, Julio De Vido (...). Por eso, la CAC está colaborando con el Banco Mundial, con el objetivo de disipar las dudas existentes”, destaca el texto.
Claro que no todos los constructores tienen la misma mirada. En los dos últimos años, la Dirección Nacional de Vialidad aumentó su presupuesto de 1200 millones de pesos a 2400 actuales, monto que treparía por encima de los 3000 en el próximo ejercicio. Semejante incremento no provoca mayores dife-
rencias. Pero según algunas empresas, obviamente encabezadas por las que no consiguen un lugar en los concursos convocados por aquella repartición pública, esa creciente masa de dinero se prorratea casi sin excepciones entre un pequeño grupo de firmas cuyos nombres aparecen recurrentemente entre las ganadoras de obras para las mejoras de caminos.