Además de tirarse contra los grandes contratistas de obra pública, Lavagna rechazó ayer la posibilidad de que se oficialice la indexación, una palabra maldita en el diccionario de la historia económica argentina. “Todavía se pueden hacer ajustes de precios relativos sin favorecer ningún mecanismo de indexación”, afirmó el ministro.
La indexación es el ajuste automático de los contratos (salarios, alquileres, presupuestos de costos) a través de algún índice de precios. Hoy la indexación está prohibida por ley. Por ejemplo, no puede estar presente en los contratos de alquiler. Legalmente, si uno firma un alquiler por dos años, el valor mensual debe ser respetado hasta el final del período. De hecho, ése es uno de los motivos que lleva a que haya poca oferta de propiedades en alquiler o que se firmen convenios informales (e ilegales) de renegociación del contrato cada seis meses.
Algo similar ocurre con los salarios. Cada vez que se negocian en paritarias o por empresa se pautan aumentos por única vez, y como la inflación viene galopante, los conflictos resurgen a poco de andar.
Existen unas pocos casos de indexación legal en algunos contratos financieros, como la deuda pública ajustada por inflación o los plazos fijos en pesos, a más de un año, actualizados por el CER. Pero los nuevos créditos en pesos no contienen cláusulas indexatorias, de ahí que los bancos busquen cubrirse del efecto inflacionario prestando a más largo plazo a tasas de interés variable.
Lavagna disertó ayer en la Convención Anual de la Cámara de la Construcción y no fue casual que en ese ámbito rechazara la posibilidad de que el Gobierno autorizara mecanismos de indexación. Las constructoras reclaman cláusulas indexatorias de costos en los contratos de obra pública y privada. El argumento es que, si hubiera mayor certidumbre sobre los costos de los proyectos, se agilizaría la ejecución de las obras y se potenciarían las inversiones.
A priori, la indexación no es buena ni mala. La economía chilena funciona con mecanismos de indexación (mensuales o trimestrales) hace más de tres décadas. En cambio, la experiencia argentina es nefasta. La introdujeron los militares, durante la última dictadura, cuando la inflación rondaba el 9 por ciento mensual y no estaban autorizadas las negociaciones salariales. Continuó durante los ’80, por vías legales o informales, y desembocó en las híper del ’89 y ’90. Desde la convertibilidad, en adelante, se prohibió todo tipo de ajuste automático.
Lavagna sabe que, a ciertos niveles inflacionarios, la indexación de los contratos llega sola y confía en poder evitar que se atraviese ese punto en que se generaliza el ajuste de precios y salarios. Los economistas no saben cuál es ese umbral a partir del cual todos los precios empiezan a moverse simultáneamente con vida propia. Algunos especulan que, dadas las condiciones actuales de la economía argentina, ese límite estaría en un índice inflacionario mayor al 15 por ciento anual, tal vez entre el 20 y 25 por ciento. En el equipo económico apuestan a que los precios minoristas no superen el 11,5 por ciento.
Como se encarga de enfatizar Lavagna, los fundamentos económicos no son ni por asomo los de los ’80, con lo cual no habría motivos para que una economía indexada abriera la puerta a una hiperinflación. A diferencia de los ’80, cuando el déficit fiscal se cubría con emisión de pesos, hoy hay un enorme superávit fiscal y, tanto o más importante, el dólar en lugar de apuntar hacia arriba es sostenido por el Central –que emite pesos y acumula reservas en divisas– para evitar su derrumbe. En Argentina, tener firme el ancla cambiaria no es trivial para frenar expectativas de desbordes inflacionarios: no sólo porque todos los precios de los alimentos se ajustan por el tipo de cambio, sino también por los fantasmas que despierta un dólar fuera de control en la memoria de los argentinos. El ministro prefiere no soltar el timón.