Apenas un día después de que el ministro de Economía “retara” a las empresas de la construcción por los sobreprecios que le cobran al Estado, el gobierno nacional lanzó varias advertencias simultáneas a distintos prestadores de servicios públicos. Desde el Ministerio de Planificación se anunció que se aplicarán “fortísimas multas” a las distribuidoras de energía eléctrica por los cortes de suministro producidos en la noche del martes. El presidente del Enre prometió “severidad y firmeza” con las prestadoras eléctricas, en tanto que el presidente Néstor Kirchner aprovechó el acto de presentación del proyecto de electrificación del Ferrocarril Roca (ver nota aparte) para recordarles sus obligaciones a los concesionarios de trenes. “Hay que tenerlos cortos, cortitos, tienen que hacer las cosas como corresponde”, señaló, antes de advertir que “no tenemos problemas en dejar sin efecto todas las concesiones que sea necesario”. Captando el malhumor de la gente con ciertos servicios públicos, el gobierno nacional busca mostrarse como un severo tutor de las obligaciones de las prestadoras.
Entre los elementos que enturbiaron la relación del gobierno nacional con las empresas prestadoras, quizás el principal –aunque no el único– sea el malhumor de la gente por las complicaciones provocadas por deficiencias en distintos servicios. Las que sufren a diario los pasajeros de los trenes urbanos son un claro ejemplo, como las que anteanoche soportaron los ciudadanos de algunas áreas metropolitanas por la interrupción del suministro eléctrico, justo el día posterior a un pico inusitado de calor.
Otro elemento que explica que el vínculo empresas prestadoras-Gobierno no atraviese por su mejor momento está relacionado con las renegociaciones de contratos pendientes. Cerca de 60 concesiones de servicio quedaron sujetas a renegociación por Ley de Emergencia Económica en enero de 2002, tras la debacle de la Convertibilidad. A casi cuatro años de aquella fecha, aún quedan sin resolver casi la mitad. No eran pocos los que suponían que todos los acuerdos que involucraran aumentos de tarifas iban a ser firmados inmediatamente después de las elecciones. Aparentemente, las dificultades van más allá de la especulación sobre los costos y la oportunidad política, y hoy en su gran mayoría estas negociaciones permanecen trabadas.
Esta circunstancia obligará al Gobierno a dictar alguna medida, en los próximos días, que le dé forma legal a la postergación de las negociaciones, ya que formalmente el plazo para cerrar los nuevos contratos vence el 31 de diciembre. Si no es a través de la prórroga de la Emergencia Económica, el Ejecutivo deberá generar un nuevo instrumento, vía decreto quizá, para mantener abierta la negociación y no quedar a merced de una avalancha de juicios de las prestadoras.
En el marco de este clima enrarecido en la relación con las privatizadas, el gobierno nacional parece lanzado en las últimas 48 horas a retomar la iniciativa, postulándose como un severo fiscal del accionar empresario. Primero había sido Lavagna, quien sorprendió a los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción con sus acusaciones de “cartelización” y “sobreprecios” en las contrataciones de obras públicas. Y ayer, el presidente de la Nación decidió “reprender” a los concesionarios ferroviarios.
Luego de repasar los antecedentes y responsabilidades de la década de los 90 en la destrucción del sistema (ver nota aparte), Kirchner señaló que “es cierto también, se lo digo permanentemente a (Ricardo) Jaime (secretario de Transporte), hay que tenerlos cortos, cortitos, (porque) con toda la inversión que le estamos llevando, tienen que hacer las cosas como corresponde (...). Nosotros vigilamos, vigilaremos para que hagan las cosas como corresponde”. Fue durante un acto en Casa de Gobierno en el que, además, recordó que “en su momento dejamos sin efecto una concesión (F.C. General San Martín); no tenemos problemas en dejar sin efecto todas las que sea necesario”.
Simultáneamente, y tras los cortes de electricidad del martes a la noche, el Gobierno retomó el rol de acusador. Desde la cartera que conduce Julio De Vido anticiparon la aplicación de “fortísimas multas” a las empresas distribuidoras. El titular del Enre, Ricardo Martínez Leone, se sumó postulando que “es hora de que las empresas se hagan cargo de sus errores” y prometió “investigar a fondo” las responsabilidades empresarias “con toda la severidad y firmeza que hacen falta”.
En rigor, todo corte del suministro conlleva una multa para el prestador del servicio si se origina en fallas de las instalaciones que tiene a cargo, como ocurrió ayer. Pero según señalaban especialistas del sector energético a este diario, en este caso “la ponderación de los perjuicios causados difícilmente arroje una multa superior a los 50 mil pesos por empresa”. Una multa menor que ya está en la cuenta de las prestadoras, que asumen la obligación de restablecer el servicio lo antes posible cuando hay cortes, pero no la de garantizar la inexistencia de interrupciones.
Frente a estos datos, el posicionamiento público de las autoridades puede parecer sobreactuado. Lo que está claro es que, aun con exageraciones, es el papel que el Gobierno optó por tomar para sí públicamente en medio de una disputa solapada con las privatizadas. En las últimas semanas, el aumento de los precios disparó un cruce de acusaciones entre el Gobierno y las empresas formadoras de precios por la efectividad de medidas que recortan las ganancias empresarias (como las retenciones a la exportación). En sus previsiones, el Gobierno imagina que la discusión por las tarifas puede ser el próximo capítulo de esta disputa con los dueños del capital, y se adelanta eligiendo el terreno de la confrontación pública. El terreno en el que, como ya a esta altura saben las empresas concesionarias, Kirchner se siente más cómodo.