Domingo Cavallo fue ayer (casi) el único argentino feliz. La derrota de la Selección ante Inglaterra pasó desapercibida para el ex ministro de Economía. Estuvo ocupado toda la mañana embalando sus pertenencias mientras palpitaba con euforia su inminente liberación acompañado por su hijo menor. Tras sesenta y cinco días de encierro, el padre del corralito salió de su celda del Escuadrón de Gendarmería en Campo de Mayo porque la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico revocó el procesamiento con prisión preventiva que le habían dictado en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y cuestionó en duros términos al juez que había tomado aquella medida. Aunque sigue imputado, Cavallo llegará libre al juicio oral. La excarcelación de Cavallo no indica que vaya a mejorar la situación de otro importante acusado, el ex presidente Carlos Menem.
Los camaristas Marcos Gravibker, Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos, integrantes de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, habían indicado al juez Julio Speroni que había que establecer las responsabilidades de las máximas autoridades de la administración menemistas en la causa, una de las más emblemáticas de la corrupción de esa década. Pero, al parecer, no estaban pensando en Domingo Cavallo sino más bien en el ala riojana de aquel gobierno. De hecho, hace unos meses esos jueces revocaron la falta de mérito que Speroni había dictado a Menem. El juez encarceló a Cavallo como partícipe necesario de contrabando agravado porque consideró que sabía de la maniobra cuando firmó los tres decretos que la posibilitaron, autorizando la venta de armas al exterior como contrabando a países en guerra sobre los que pesaban embargos internacionales. “¿Es capaz una persona con la aptitud y conocimientos de Cavallo de signar un documento sin conocer acabadamente sobre el riesgo y/o el peligro asumido por el simple acto de estampar esa firma?, entiendo que NO”, escribió el magistrado en su resolución.
En la Sala B, sin embargo, opinan lo contrario. “De las pruebas reunidas hasta el momento en la causa no surge que Domingo Felipe Cavallo, al momento de firmar los decretos 1697/01, 2283/01 y 103/95, hubiese conocido la discordancia entre lo que asentaba mediante aquellas autorizaciones y lo que realmente se pretendía llevar a cabo”, señalaron los camaristas. Esos decretos fueron firmados por los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, pero Gravibker, Pizzatelli y Hornos insistieron en “la diferente preponderancia que tenían los representantes” de esas carteras, al tiempo que destacaron que “fue el “Ministerio de Defensa es quien habría propiciado las autorizaciones de las exportaciones” que, con falso destino a Panamá y Venezuela, fueron a Croacia y Ecuador. Ese sillón estuvo ocupado por el riojano Antonio Erman González, quien también pasó por la cárcel y sigue procesado en la causa.
Entonces, quienes conocen el expediente coinciden con este razonamiento: para la Cámara Cavallo no sabía pero eso no implica que Menem tampoco haya conocido la operación. Así lo establecieron cuando le revocaron la falta de mérito y lo pusieron al borde de un nuevo llamado a indagatoria para que responda por el decreto 103 y otros puntos de la investigación.
No me esperaba Sonia
Ayer a media mañana Cavallo se abrazó a Alberto, su hijo menor, que lo fue a buscar al Escuadrón de Gendarmería en Campo de Mayo. Juntos desarmaron la computadora personal, guardaron las solicitadas en su apoyo publicadas dentro y fuera del país y las copias de artículos sobre la reunión del jefe de la SIDE, Carlos Soria, con jueces federales para pedir su detención, revelada por Página/12. A las 13.30 llegó la notificación de la Cámara y el ex ministro abandonó su encierro a bordo de un helicóptero que lo llevó al edificio Centinela y de allí hasta el Departamento Central de Policía. El juez Speroni prefirió ahorrarse la visita del ex reo en su despacho y prefirió que fuera la Federal la que concretara los trámites.
En medio de la confusión de flashes y micrófonos, Cavallo volvió a circular por las calles porteñas, ya rumbo a su hogar donde no lo esperaba su esposa. Sonia Abrazian se encuentra en Estados Unidos porque el hijo mayor, Eduardo, culminó un master en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, la misma en la que su padre se doctoró en Economía en 1970. “Este juez (Speroni) privó de su libertad a Cavallo y ahora la Cámara tiró abajo todos sus argumentos grotescos, pero estos dos meses no se los quita nadie”, afirmó satisfecho su defensor Eduardo Oderigo.
De hecho, los camaristas compartieron la esencia de la argumentación defensista. La Cámara entendió que las nuevas pruebas incorporadas a la causa no eran tales y tampoco agregaron “algún elemento de juicio que tuviese alguna entidad para generar” la medida adoptada por Speroni. Pero los camaristas remarcaron que aunque los decretos eran secretos no prohibieron la verificación del material bélico, como afirma el juez. Es cierto que dispensaban de hacerla pero un decreto no está por encima del Código Aduanero, recordaron. Y agregaron que la verificación se concretó y en ella residió la falsedad. “Hasta aquí no se habría acreditado participación culpable de Cavallo en los hechos” que son investigados, concluyeron. Tras criticar duramente a la fiscal Alicia Sustaita, por no haber apelado en su momento la falta de mérito dictada por Speroni y embestir contra el imputado recién cuando dejó de ser ministro, los camaristas encomendaron “al señor juez que se abstenga, en el futuro, de apartarse injustificadamente de lo que se establezca mediante las decisiones de este Tribunal en la causa”. Speroni había insistido en que los decretos prohibieron la verificación cuando la Cámara ya había señalado lo contrario. “Estaba feliz porque la resolución fue unánime y por las críticas al juez”, comentó a Página/12 un allegado a Cavallo.
“Es el fallo que esperaba”, confesó a los suyos tratando de disimular su euforia. Ya está pensando en cumplir con los “compromisos pendientes en el exterior”, donde, según sus allegados, se gana la vida como conferencista. Y en preparar una demanda por daños y perjuicios contra el juez Speroni y la fiscal Sustaita. Por eso ni se despidió de sus compañeros de prisión, el ex concejal José Manuel Pico y el ex jefe de la Federal Rubén Santos. Tampoco se enteró de los insultos que le dedicaron los ahorristas anti corralito mientras protestaban ayer en el microcentro.