A unos no les quiso hablar con el corazón porque dijo que no tienen, y entonces los trató de “avaros”. A otros les reprochó su actitud “corporativa” y les recordó que “los argentinos merecen un descanso después de tanto esfuerzo”. Néstor Kirchner identificó y atacó a los dos sectores que conspiraron contra la estrategia antiinflacionaria del Gobierno en enero: la industria de la carne y la del turismo. Sus aumentos llevarían el Indice de Precios al Consumidor (IPC) algunos escalones más arriba del objetivo trazado por Felisa Miceli cuando empezó el mes. Los números que baraja el equipo económico a cinco días de la difusión de los resultados –el Indec los publicará el próximo viernes– son entre 1,2 y 1,3 por ciento. La apuesta era quedar debajo del 1. Los funcionarios juran que se hubiera conseguido de no haber sido por los desbordes de aquellos rubros.

El fastidio de la Casa Rosada se potencia porque el dato crudo del costo de vida le quitaría brillo al éxito de los acuerdos de precios en otra gama considerable de bienes. De todos modos, el discurso oficial destaca que esos convenios lograron quitarle velocidad a la escalada inflacionaria. Enero de 2005 habría terminado en 1,5 por ciento y este año, dicen en Economía, hubiera rondado el 2 por ciento si no operaba alguna contención estatal sobre los impulsos del mercado. Pero allí también despotrican contra ganaderos y hoteleros.

La agenda de Miceli marca para toda esta semana la renovación de convenios a un ritmo de dos o tres por día. Los supermercados estarán en ese lote, aunque cerca de la ministra aclararon que esta vez no serán el eje de los anuncios, sino un actor más. Está previsto que la firma de entendimientos se prolongue hasta el 12 de febrero, con la participación de las principales empresas de la alimentación, productores de cosméticos y artículos de tocador, laboratorios medicinales, proveedores de insumos básicos para la industria y distintos participantes del canal de comercialización.

La filosofía que guía los movimientos del Gobierno es que la inflación se expande más allá de lo esperable en una economía que crece a tasas record –entre las mayores del mundo– por la voracidad empresaria. Los acuerdos intentan evitar que se generen rentas extraordinarias a costa de los consumidores. La mejor prueba de que las compañías convocadas ceden una porción menor de sus ganancias es la amplia adhesión conseguida. Nadie acusa al Poder Ejecutivo de populista, ni de ir contra las reglas del mercado, ni se produjeron grandes gestos de resistencia.

Economía punteó 24 empresas que intervienen en la producción y comercialización del 80 por ciento de una canasta de bienes esenciales. Allí están desde los fabricantes de insumos difundidos, como Techint, Aluar y cinco petroquímicas, hasta las alimentarias Molinos, La Serenísima, Sancor, Danone, Quickfood, Las Marías y Ledesma, las industrias de artículos de tocador y limpieza como Unilever y Procter & Gamble, y las más grandes cadenas de supermercados. Todas ellas pasaron o pasarán a firmar su respectivo convenio de congelamiento anual de precios, con cláusula de revisión bimestral como vía de escape y elemento de presión sobre futuras negociaciones salariales.

La oposición de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y otras cinco entidades de la industria de la carne a los acuerdos de precios, es la única piedra en un camino que el Gobierno transitó sin sobresaltos. La decisión de crear un registro de exportaciones de carne con autorización previa y la amenaza latente de retenciones móviles demuestra que el Ejecutivo será inflexible frente al desafío ganadero.

Todo el énfasis que Kirchner y Miceli ponen al costado heterodoxo de la lucha contra la inflación se lo quitaron a las acciones de la clásica receta macroeconómica. El Presidente sabe que el mundillo de los economistas le reclama mayor equilibrio entre unas y otras. Y en ese grupo están no sólo los consultores de la city, los más ortodoxos, que directamente proponen una fuerte caída del dólar, un ascenso de las tasas de interés hasta volverlas positivas (que un plazo fijo sobrepase la inflación) y un congelamiento del gasto público para generar un superávit fiscal mayúsculo, sino también otros que se ubican más próximos al pensamiento oficial.

La respuesta de Kirchner a esas voces fue que el Gobierno se ubicará en el medio entre quienes se encuentran bien a la izquierda, que sugieren un congelamiento de precios, y quienes están en el otro extremo y tienen como solución a la inflación un enfriamiento de la economía. Eso implica apostar fuerte para instalar la concertación de precios como una política permanente, tal como ocurre en Francia, aunque en otro contexto (ver aparte).

En su diagnóstico sobre las causas de la inflación, Miceli incluye los cuellos de botella que se generaron por un aumento de la demanda superior a la oferta. Pero descarta detener el crecimiento. En lugar de ello, espera que la inversión subsane el problema, y para que los industriales arriesguen capital les ofrece certidumbre cambiaria e incentivos fiscales y financieros. La otra pata de su plan es conservar un superávit fiscal robusto. Sin embargo, no machaca sobre este punto, como hacía Roberto Lavagna.

Recién se están por cumplir dos meses de esta estrategia. En diciembre logró parar la marcha de los precios y que la canasta alimentaria bajara 0,1 por ciento. Este mes ocurriría algo semejante. La pregunta del millón es si con ese alcanza. Un amplio número de economistas comparte la necesidad de los acuerdos, pero pide moderar el crecimiento y el consumo con una política fiscal más contractiva y menores intervenciones del Banco Central para sostener el dólar. La city y el FMI rechazan los convenios y exigen mucha más dureza fiscal y monetaria. Los antecedentes de unos y otros le dan aire al Gobierno para probar lo suyo.