No hubo comunicado ni versión oficial. Pero el gobierno nacional espera con expectativa la reunión que tendrá hoy en Brasilia el embajador Juan Pablo Lohlé con los legisladores brasileños de la comisión parlamentaria que investiga el tráfico de armas –que abastece a las bandas narcos de ese país– y en el que estarían vinculados militares de Argentina, Uruguay, Paraguay y Surinam. Desde Brasil, voceros de la comisión investigadora aseguraron que no aportarán los nombres de los seis militares argentinos sospechados hasta que no concluya la investigación. Aunque uno de sus integrantes, el diputado Colbert Martins, reveló que existirían filmaciones de las negociaciones entre traficantes de ambos países, y que un cargamento ilegal de armas argentinas ingresó a Brasil por la Triple Frontera “en una camioneta que transportaba gran cantidad de lanzaperfumes para ser usados en el Carnaval”.

“Vamos a esperar a la reunión del embajador Lohlé con los integrantes de la comisión parlamentaria brasileña para conocer la denuncia específica y concreta”, fue la respuesta que dio a través de sus voceros el Ministerio de Defensa. Aunque también intentaron bajarle el tono al tema: “Hasta ahora no hubo una comunicación entre los gobiernos de ambos países, que mantienen una excelente relación. Sólo existió una versión periodística y una entrevista solicitada por miembros de una comisión investigadora del Parlamento brasileño, pero no es una declaración oficial del gobierno ni del Congreso de Brasil”, manifestaron los hombres de Defensa ante Página/12. No obstante, destacaron que se “está siguiendo el tema” y que se va a “escuchar con atención” lo que hoy transmitan los legisladores brasileños al diplomático argentino.

En tanto, desde Brasil, negaron que los dos diputados que participarán de la reunión con Lohlé revelen el nombre de los militares involucrados. “Ellos no darán al embajador los nombres de los seis oficiales argentinos mencionados en los informes de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) hasta que concluya la investigación, porque no es una denuncia consolidada”, dijo Luana Caarens, vocera del presidente de la CPI Moroni Torgan. La portavoz también confirmó que Torgan no participará de la reunión a la que sí concurrirán los diputados Laura Carneiro, vicepresidenta primera de la CPI, del Partido del Frente Liberal (PFL) y Colbert Martins, que integra la comisión investigadora por el Partido Popular Socialista (PPS).

Torgan declaró el lunes pasado al diario Jornal do Brasil que oficiales de alto rango de los ejércitos de Surinam, Paraguay, Uruguay y Argentina estaban involucrados en el tráfico de armas destinado al crimen organizado en San Pablo y Río de Janeiro. Allí Torgan dijo que –según los informes recabados por la comisión– oficiales argentinos de alto grado ayudan a abastecer el mercado clandestino brasileño con armas pesadas que incluyen granadas y lanzacohetes, y que algunas armas provendrían de fábricas militares argentinas. Que en Paraguay miembros del ejército abastecen de armas a traficantes de Brasil; desde Uruguay llegan a ese país armas nuevas y usadas; y que en Surinam, las armas son sacadas de los arsenales mediante falsos robos que luego envían a traficantes brasileños que cambian una parte de las armas por droga en Colombia.

Pero fue el propio Martins quien reveló otros detalles. “En noviembre pasado se detuvo a una camioneta en la Triple Frontera que transportaba una gran cantidad de lanzaperfumes fabricados en Argentina y que iba a ser utilizado aquí (Brasil) en el Carnaval”, pero que en su interior “había fusiles grandes y muchas municiones”, dijo el legislador a Radio Continental. Según Martins, también existirían filmaciones de negociadores argentinos y brasileños así como de vehículos y material utilizado en el tráfico de armas a Brasil. El legislador también afirmó que en la comisión –que reanudará su trabajo el 15 de febrero– “investigamos la asociación que podría haber entre el tráfico de drogas y el tráfico de armas, así como el movimiento de policías y militares en torno de eso”.