El dictador Antonio Domingo Bussi espera que la Justicia pueda redimirlo de su expulsión de la Cámara de Diputados. Pero, al menos por ahora, no recibe buenas noticias. El fiscal Jorge Di Lello dictaminó que los legisladores que inhabilitaron moralmente al represor tomaron la decisión “razonablemente en el ejercicio de sus facultades privativas”.
Después de haber sido elegido diputado nacional por su provincia en 1999, el pliego de Bussi fue impugnado por sus pares. Los legisladores que votaron en su contra tuvieron en cuenta las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en Tucumán durante la última dictadura militar. También se tuvo en cuenta que había mentido en su declaración jurada presentada en la Cámara en 1994. Allí no había incluido las cuentas que tenía en Suiza y que salieron a la luz en la investigación por “genocidio y terrorismo” que el juez Baltasar Garzón realiza en España. En ese momento, Bussi intentó justificarse, mientras lloraba ante los periodistas, asegurando que no se había tratado de una mentira sino de una “omisión” producto de su ignorancia en completar declaraciones juradas.
Rechazado por el Poder Legislativo, el represor probó suerte en el Judicial, donde comenzó una pelea para recuperar su banca y sus fueros. La jueza María Servini de Cubría y la Cámara Electoral sostuvieron que los actos legislativos son institucionales y no pueden revisarse por la justicia. Bussi insistió y el procurador Nicolás Becerra y la Corte Suprema coincidieron en que el caso del represor sí podía ser tratado en los tribunales: “planteada una causa no hay otro poder por encima de la Corte Suprema de Justicia para resolver acerca de la existencia y límites de las atribuciones otorgadas” a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, expresó el máximo tribunal y envió el expediente nuevamente a la primera instancia. Así llegó a Di Lello.
Poco antes de que comenzara la feria judicial el fiscal expresó en su escrito que los diputados tenían derecho a expulsar a Bussi. Tomó en cuenta que el artículo 64 de la Constitución, que establece que “cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, permite analizar requisitos amplios. Di Lello recordó que la Corte Suprema tomó una posición respecto a este tema cuando avaló que el peronista Hugo Sager ocupara la banca que le correspondía al radical Carlos Pavicich. Además, el fiscal consideró que la decisión de los legisladores al rechazar el diploma de Bussi fue “razonable” porque la Cámara de Diputados basó su resolución en la reforma constitucional de 1994 que establece la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos para los partícipes de golpes de Estado o violadores de los derechos humanos.
El expediente sobre la banca de Bussi quedará ahora en manos de la jueza Servini de Cubría y luego ascenderá en las respectivas instancias judiciales.
Después de que la Cámara de Diputados le impidiera asumir, Bussi vio una oportunidad de recuperar sus fueros para no tener que afrontar sus acusaciones de genocidio, enriquecimiento ilícito y secuestro de bebés cuando se murió el senador de Fuerza Republicana Carlos Almirón, a fines de 1999. El dictador había sido suplente de Almirón en 1995, cuando éste fue elegido, pero los senadores le rechazaron el pliego porque estaba asumiendo como gobernador. Cuatro años después, Bussi creyó que tenía una segunda chance para entrar al Congreso pero las gestiones privadas que hizo su hijo Ricardo, lo convencieron de que en la Cámara alta tampoco era bienvenido y que no convenía siquiera plantear el tema en la legislatura provincial.