La jueza de garantías Gilda Stemphelet ordenó ayer la detención del intendente de Bahía Blanca, el justicialista Rodolfo Lopes, para que preste declaración indagatoria en la causa que lo investiga por los delitos de administración fraudulenta, estafa y peculado contra tres empresas. Los abogados del jefe comunal confiaban que su defendido no iría a parar tras las rejas, mientras ayer por la tarde preparaban contra reloj una apelación ante la Cámara departamental en la que pedirán la nulidad de todo lo actuado. El ministro de Gobierno bonaerense, Florencio Randazzo, salió a decir que la causa estaba “politizada”. Sin embargo los ediles bahienses constituirán esta semana la comisión investigadora que podría destituir a Lopes si comprueban que desvió fondos de empresas proveedoras del municipio a la campaña electoral del Frente por la Victoria.

“No quiero creer que la señora jueza quiera llevarme detenido y esposado a declarar”, les dijo Lopes a los periodistas al enterarse de su pedido de captura mientras ayer por la mañana recorría las obras de agua potable en uno de los barrios de la ciudad. Escueto, Lopes aseguró que está dispuesto a declarar en la causa que lo investiga y confirmó que presentará resistencia legal y política: “No pienso renunciar”, remarcó.

La jueza denegó la eximición de prisión solicitada por la defensa del intendente y convalidó el pedido de detención del fiscal Gustavo Zorzini por considerarlo “autor responsable de los delitos de estafas reiteradas y peculado” en perjuicio de las empresas Profértil, Solvay Indupa, PBB Polisur y la Municipalidad. “Los cargos son inválidos y la investigación es inconsistente”, aseguró a Página/12 Carlos Irisarri, uno de los defensores platenses de Lopes. El abogado también cargó contra las escuchas telefónicas con que la fiscalía elaboró los cargos: “Se hizo al estilo Gestapo, no para comprobar algún delito puntual, sino a la pesca para ver en qué lo podían agarrar. Todo está muy politizado”, dijo.

La fiscalía acusa al intendente de utilizar dinero de empresas proveedoras del municipio para confeccionar afiches de la campaña electoral del oficialista Frente para la Victoria, las que a cambio “del favor” recibieron facturas “truchas”.

La defensa esgrime sus argumentos. “Tal vez podría considerarse una falla de orden ético, pero no son delitos penales. Lopes les pidió a unos empresarios si le daban una mano en la campaña para imprimir afiches y ellos sólo pidieron a cambio una factura para compensar impuestos. Ahora, el fiscal dice que las facturas constituyen una estafa porque las imprentas facturaron una prestación distinta a la que brindaron”, insistió Irisarri.

“Es médico y no tiene experiencia ni cintura política: se peleó con todos juntos. Es un elefante en un bazar”, dijo un funcionario provincial a Página/12 para calificar la actitud de Lopes. “Lo pusieron al tope de la lista pensando que no ganaba –continuó el confidente– y se sacó el premio mayor. La corporación política no se lo perdona”, sentenció. El propio gobierno provincial salió a respaldarlo: “Es una causa que está politizada, tiene un fuerte contenido político-partidario mal entendido y que el objetivo es destituir al intendente”, dijo el ministro Randazzo.

Sin fuerza propia, sólo le responden a Lopes dos de los 24 ediles, el Concejo Deliberante pone en marcha esta semana una investigación. Aunque el proceso llevaría varios meses, podría terminar con la destitución.