El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció en las últimas semanas la restitución de 300 NN de desaparecidos durante la última dictadura militar, ubicados en 15 enterramientos comunes de distintos lugares del país. Cincuenta restituciones corresponden al último año. El EAAF anunció los datos a partir de la recuperación del cuerpo de María Cristina Lanzillotto, secuestrada en 1976 y cuyos restos se hallaron en la fosa común del cementerio de Avellaneda, donde los antropólogos llevan identificado un total de 20 personas. A pesar de los logros, el Equipo aún tiene tareas pendientes, como el reconocimiento de otros 600 restos de cuerpos exhumados y bajo análisis. En diálogo con Página/12, Luis Fondebrider, del Equipo, habla de estos avances, contrasta situaciones locales con experiencias en el exterior y advierte sobre los cimbronazos políticos que puede provocar en el presente el avance de las causas de terrorismo de Estado.

Desde sus orígenes en 1984, el EAAF empezó a trabajar con una base de datos propia sobre los desaparecidos durante la última dictadura. La base de datos en este momento suma unas diez mil personas identificadas por nombre y apellido, sobre 300, de las cuales lograron restituir los restos.

Fuera de los números, durante estos años el listado del EAAF cumplió una misión simbólica y política a la vez: reemplazó entre los antropólogos la idea de “los desaparecidos” por la idea de víctimas efectivamente muertas. “Nosotros nos decidimos a buscar muertas a esas personas –explica Fondebrider–, aunque la decisión de buscarlas muertas nunca estuvo muy clara en Argentina”. A su criterio, ese problema se originó en los ’80, cuando nadie hablaba de las muertes porque aún había expectativas de sobrevida. “Pero si las personas no están vivas –insiste–, están muertas, no existe el limbo: en algún lado están.” La apuesta finalmente dio sus frutos. En los últimos años de trabajo los antropólogos concentraron sus excavaciones en los cementerios o enterramientos públicos de distintos lugares del país. En esos lugares –y no en el limbo– encontraron todos los cuerpos identificados hasta ahora.

El volumen más importante apareció en el cementerio San Vicente de Córdoba y en el de Avellaneda. De allí surgió la mayor parte de los 600 restos óseos que aún están bajo análisis. En Avellaneda, el Equipo extrajo entre 1988 y 1992 del denominado sector 134 un total de 336 esqueletos; 59 eran de mujeres, entre las cuales se encontraron los restos de la riojana María Cristina Lanzillotto, cuyo cuerpo se restituyó el último 11 de abril. Fuera de esos dos lugares, el EAAF abrió fosas y está trabajando en los cementerios de Lomas de Zamora, Ezpeleta, Berazategui, San Martín, La Plata y el Pozo de Vargas de Tucumán, Jujuy, en cercanías del centro de detención clandestino La Calanita de Santa Fe, en Salta, Chaco y Paraná.

La suma de hallazgos de un lugar a otro consolidó la hipótesis de partida y les permitió generar algunas interpretaciones sobre el uso de los cementerios en el caso de los desaparecidos argentinos. El caso de Guatemala sirvió como contraste. La represión allí no usó los cementerios porque la violencia tuvo características fundamentalmente rurales en las que se pretendía “barrer con todo un pueblo”, dice Fondebrider. En Argentina, al parecer, la represión buscó a las personas en particular, tal vez eso explique el enterramiento caso por caso.

Fuera de los cementerios, el EAAF también hizo excavaciones a partir de declaraciones de testigos indirectos o por una orden judicial. Pero esas búsquedas nunca dieron resultados. Por lo menos hasta el presente las únicas restituciones surgieron de cementerios clásicos.

Una hipótesis de trabajo distinta los condujo a buscar a aquellas víctimas de la represión que fueron arrojadas al mar o a los cauces de los ríos durante la dictadura. Esa gente, dice el antropólogo, “llegaba de los centros clandestinos de detención que tenían una mayor facilidad para acceder a recursos aéreos, como sucedió con la Esma o Campo de Mayo”. Según Fondebrider, aún no hay datos certeros sobre las víctimas desaparecidas en esas condiciones. Lo que sabe, en cambio, es que hasta el momento aparecieron entre 50 y 60 cuerpos en las costas uruguayas y argentinas.

El destino de esos cuerpos no fue idéntico. Aunque muchos fueron enterrados en cementerios cercanos a las costas, sólo algunos lograron ser identificados, como sucedió el año pasado con Azucena Villaflor. Otros terminaron incinerados en osarios generales, incluso luego de 1983. Como hasta entonces no existían políticas públicas para preservarlos, lo que se recuperó dependió de la decisión de algún funcionario judicial o de un intendente que ordenó exhumaciones voluntariosas pero poco efectivas: muchas veces quedaron en manos de sepultureros sin conocimiento científico. Por esa razón muchos cuerpos se perdieron: “Se exhumaron mal o se quemaron –agrega Fondebrider–. Obviamente por esas circunstancias es que en 22 años encontramos solamente 300 cuerpos”.