La persecución sufrida en la Argentina por los miembros de la Iglesia de los Testigos de Jehová es una de las historias más graves de discriminación y autoritarismo ocurridas en el país que permanece en la oscuridad, desde sus inicios en el año 1971. “Los testigos de Jehová también fueron perseguidos por los nazis, pero en la Argentina vivieron un calvario a partir de la dictadura del general (Agustín) Lanusse, del que poco se conoce”, le dijo a Página/12 el abogado Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), convertido en un experto en el tema. Esto fue a partir de que asumió la representación de 530 testigos de Jehová que le vienen reclamando al Estado argentino, desde el año 1998, una reparación “económica y como Iglesia” por haber estado presos “un promedio de tres a cuatro años, con algunos casos extremos de hasta siete años en la cárcel”, sólo por negarse a cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, suprimido en 1994. “Ellos se negaban en razón de sus creencias, de la neutralidad que profesan y que los lleva a negarse a empuñar armas y a aprender su manejo porque ellos rechazan aunque más no fuera la idea de matar a una persona”, explicó Moreau. “Unos cuatro mil testigos estuvieron presos entre 1971 y 1987. El 35 por ciento de mis clientes fue torturado físicamente y todos sufieron tortura psicológica. Hay referencias de al menos tres muertes en cautiverio”, dijo Moreau.

“A los testigos de Jehová primero los persiguieron los nazis, incluso antes que a los judíos. A ellos les ponían sobre el pecho un triángulo de color púrpura. Hubo más de veinte mil que fueron llevados a campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y hubo unos cinco mil muertos”, explicó Moreau. “Pero también los demonizaron en la Argentina”, agregó Moreau, quien informó que la APDH se reunió el martes con la ministra de Defensa, Nilda Garré, para pedirle algunas medidas administrativas que permitan la incorporación de los seguidores de este culto a los beneficios de la ley 24.043, que contempla una serie de reparaciones para los civiles que fueron víctimas de la dictadura (ver aparte). “Hasta ahora, las causas de reparación económica presentadas por los testigos de Jehová fueron rechazadas, incluso por la Corte Suprema automática, allá por el 2000”, en el caso de Gabriel Alejandro Arcuri y de otros 22 testigos de Jehová.

“Ellos no pueden acceder al status de un preso político, por ejemplo, cuando han sido víctimas de una persecución sistemática que comenzó en el año 1971, con las sucesivas dictaduras de (Juan Carlos) Onganía y Lanusse”, sostuvo Moreau, quien entre los 530 casos tiene algunos de testigos que fueron detenidos “precisamente en el año 1971”. Lejos de mejorar, la situación de los seguidores del culto se tornó más dura en los años 1974-1975, durante el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. “Sobre todo después de la asunción de Italo Luder como presidente provisional”, precisó Moreau, y de la declaración de guerra en todos los frentes para “aniquilar” a la “subversión”, que derivó en miles de muertes y desapariciones que todavía están siendo juzgadas.

La situación llegó a su punto máximo después del golpe de 1976. El 31 de agosto de ese año, un decreto firmado por el dictador Jorge Rafael Videla institucionalizó la persecución. “La secta en cuestión sostiene principios contrarios al carácter nacional, a las instituciones básicas del Estado y a los preceptos fundamentales de esta legislación. La libertad de cultos consagrada en los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, por supuesto, se ve a sí misma limitada en el sentido de que las ideas religiosas no deben implicar la violación de las leyes o el atentado contra el orden público, la seguridad nacional, la moral o las buenas constumbres”, establecía el decreto 1867. Una de las supuestas “malas costumbres” de los testigos era negarse a ser soldados.

Entonces, la dictadura prohibió “toda actividad de los testigos de Jehová, toda literatura y la clausura de sus Salas del Reino y la Oficina Distrital”, organismos que son los que coordinan y desarrollan todas las tareas que realiza esta iglesia cristiana. En ese momento, en el país había 31.140 testigos de Jehová y 604 congregaciones. Se tenía también el dato preciso de que el 17 de septiembre de 1977 había 21 testigos de Jehová encarcelados en la Argentina, tal como se denunció en ese momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según consta en la documentación a la que tuvo acceso Página/12.

“La mayor concentración de presos, unas 700 personas, se dio entre los años 1981 y 1982, hacia el final de la dictadura, cuando se juntaron detenciones recientes y otras que venían incluso de antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976”, precisó Moreau. Los últimos testigos de Jehová presos por negarse a cumplir el Servicio Militar Obligatorio recién pudieron salir en libertad en el año 1987, al igual que algunos presos políticos de la dictadura que siguieron en esa situación después de la asunción del ex presidente Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983.

“Ellos, por su religión, tienen una filosofía de vida que es muy distinta a la nuestra y que a veces nos puede sorprender o diferenciar. De todos modos, en todos estos años que llevo tratando con ellos, he aprendido a admirarlos profundamente. Ellos fueron los primeros objetores de conciencia contra el servicio militar y junto con la movilización que se produjo a partir del caso del soldado (Omar) Carrasco, fueron los que ayudaron a su abolición”, aseguró Moreau.

En las unidades de reclutamiento, Cuerpo I de Palermo, Distrito San Martín o Campo de Mayo, los testigos de Jehová eran identificados en forma previa a la revisación médica. “Un oficial pasaba preguntando a los gritos: ‘¿Hay algún testigo de Jehová?’ y ellos solos se iban ubicando en una fila diferenciada del resto.” Los miembros del culto se negaban a cumplir el servicio militar, porque suponía aprender el manejo de las armas y la posibilidad de tener que matar a una persona.

“A cambio, ellos proponían cumplir un servicio civil sustitutivo que fuera beneficioso para la sociedad. Ellos nunca se profugaron, nunca tuvieron una actitud beligerante, pero igual fueron enviados a prisión por ‘insubordinación agravada’, un delito que, por lo general, era condenado con penas mayores a los tres años”, comentó Moreau. “Esa sentencia le permitía al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sumar el agravante del PPR, sigla que significa prisión preventiva rigurosa.” Eso quería decir, en los hechos, que tenían que cumplir la pena “en celdas de castigo, aislados, incomunicados de los demás presos”.

La primera etapa se cumplía en prisiones militares como Magdalena o Campo de Mayo. Luego podían ser llevados a cárceles comunes, con un régimen de visitas y de relación con los demás detenidos, pero esa instancia tenía también su lado oscuro. “Cuando dejaban de estar incomunicados y los llevaban a una cárcel común, con el régimen común, la sentencia se cumplía al revés del beneficio del dos por uno. Cada dos días de cárcel se contaban como uno, motivo por el cual muchos de mis representados estuvieron hasta siete años en prisión, cuando la condena que habían recibido era menor.”

Durante el juicio, como ocurrió con los presos políticos de la dictadura, los testigos de Jehová “no tenían posibilidad de defensa, la condena era un hecho ineludible, y si llegaban a hablar en favor de su inocencia, la pena se agravaba”. Además de los testimonios que figuran en las distintas causas judiciales, que ocupan todo un placard del estudio de Moreau, el abogado de la APDH relató algunas de las experiencias vividas por sus representados. “Como se negaban a usar la ropa militar, porque estaba en contra de sus convicciones, muchos de ellos estaban desnudos, sólo con los calzoncillos y las medias, en algunos casos en regimientos del sur del país, en pleno invierno.”

“Otra forma común de humillación era hacerlos quedar en ridículo frente a los demás soldados. Los militares querían cambiarlos, ‘lavarles el cerebro’ y convertirlos en soldados, pero casi nunca lo lograron. Algunos fueron más astutos: los mandaban a la prisión del cuartel, desde el primerdía, y después informaban que los habían ‘reeducado’. Los militares que fracasaban en su intento de ‘convertir’ a los testigos de Jehová no tenían futuro en las Fuerzas Armadas. Era la sanción por haber fracasado.”