R. perdió su libertad el 26 de marzo de 1981, cuando se presentó en la Oficina de Reclutamiento del Distrito Militar La Plata y dijo ser testigo de Jehová. “Primero sufrí un simulacro de fusilamiento, luego me trasladaron en helicóptero hasta el Batallón de Aviación y Combate 601, en Campo de Mayo (...) Durante el vuelo continuaron las presiones psicológicas, llegando al extremo de abrir la compuerta del helicóptero y afirmarme que me iban a empujar.” En Campo de Mayo conoció a otros dos objetores de conciencia que “eran víctimas de malos tratos” y los obligaban a “permanecer desnudos y parados día y noche a la intemperie, en castigo por negarse a vestir el uniforme militar”.

“A los desertores del servicio militar no les correspondía pena de prisión. Hay sólo dos antecedentes de personas que fueron presas por negarse a ser soldados y que no eran testigos de Jehová. Una de esas personas era de religión judía. El resto, todos fueron testigos de Jehová”, precisó el abogado Ernesto Moreau. “Tenemos referencia sobre tres casos de muertes en las cárceles, por el mal trato recibido. En uno de los casos, tenemos todas las circunstancias de la muerte y el nombre de la víctima, pero no podemos darlo porque la familia no lo autoriza.” Las familias de los que estuvieron detenidos pocas veces hicieron la denuncia a la Justicia. Los que demandan son 530 sobre un total de cuatro mil.

El 26 de marzo de 1983, sobre los finales de la dictadura, a S. lo llevaron a la oficina de reclutamiento del Distrito Militar Posadas, donde hizo saber que era testigo de Jehová. “A nosotros nos consideraban subversivos y apátridas. En esa unidad me presionaron para que desista de mi postura. Como no resigné mi fe, me hacían dormir en el suelo, sin mantas ni colchón, me insultaban todo el tiempo. Todas las noches me despertaban para ir a limpiar la oficina de guardia.” Tres meses más tarde lo trasladaron al Regimiento de Infantería 18, San Javier, también en Misiones, donde estuvo detenido cinco meses bajo el régimen de prisión preventiva rigurosa, totalmente aislado. Luego siguió en prisión hasta el 17 de junio de 1986, sólo por negarse a usar el uniforme.

S., por los maltratos recibidos a lo largo de más de tres años, sufrió “un severo estado depresivo, que no fue tratado mientras permaneció detenido”. Una vez en libertad fue internado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, donde se le diagnosticó “estado depresivo y psicosis moderada que lo inhabilitaba en forma total y permanente para trabajar, secuela de las condiciones traumáticas de detención”. Hace un año y medio, S. obtuvo una pensión por invalidez permanente.

A. E. fue llevado el 2 de octubre de 1977 a la prisión militar de Campo de Mayo. “El jefe del penal, coronel Ildefonso Marcos Oscar Solá, le recomendó no hablar de lo que podrían saber, ya que su futuro, si hablaba, no sería ‘feliz’.” Al limpiar unas celdas, A.E. encontró “ropa, libros, restos de comida, once cunas de madera y ropa de bebé. Esto concordaba con los dichos de un gendarme de apellido Benítez, quien en estado de ebriedad se jactaba de violar y embarazar a mujeres detenidas”.

A otro de los testigos, A. L., en la prisión militar de Córdoba lo golpearon “con palos de goma por todo el cuerpo”. Las golpizas eran diarias y duraban largos minutos. A. L. fue detenido en agosto de 1980 y luego fue llevado al penal de Magdalena, de donde salió en libertad recién el 21 de enero de 1984.